Guatemala: Primer juicio por violaciones sistemáticas contra mujeres indígenas

 

Mujer indígena brinda testimonio en una corte de Guatemala en 2012. Foto: Sandra Sebastián

El caso de las mujeres indígenas de Sepur Zarco, comunidad situada al noroeste de Guatemala, llegará a una instancia judicial en febrero. Mujeres indígenas víctimas de violencia sexual darán su testimonio.
Por Pamela Leiva Jacquelín
IWGIA.- La historia reciente de Guatemala está marcada por un largo y doloroso conflicto armado interno de 36 años, donde el Estado violó sistemáticamente los derechos de la población Maya.
Según el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Violaciones de los Derechos Humanos en Guatemala, el 83,3 por ciento de las violaciones de los derechos humanos se cometió contra dicha población.
Las mujeres indígenas han sido especialmente afectadas por el conflicto y han sido víctimas de violaciones, abusos y esclavitud sexual.

Alianza de Mujeres contra la impunidad

Las organizaciones de mujeres han jugado un rol muy importante en la difusión de las demandas y en las tareas de recoger y documentar los testimonios de varias de ellas, que hoy tienen más de 50 años y sufren severamente trastornos de estrés postraumático.
La “Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad”, integrada por las organizaciones Mujeres Transformando el Mundo (MTM), el Equipo de Estudios Comunitarios y de Acción Psicosocial (ECAP) y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), han trabajado de manera conjunta desde 2009 para brindar acompañamiento a las mujeres y dar seguimiento a los casos.
Las tres organizaciones cumplen diferentes roles para el impulso de los casos en el debate público: MTM se encuentra a cargo de la estrategia de impulso judicial, mientras que ECAP ofrece acompañamiento psicosocial a las víctimas y la UNAMG trabaja en el posicionamiento público de las denunciantes.

Sepur Zarco: Un caso que puede sentar precedencia

Sepur Zarco es una comunidad que se encuentra en el límite entre los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, en el norte de Guatemala. En esta región se instalaron durante el Conflicto Armado Interno, aproximadamente 6 destacamentos militares con fines de exterminio y tortura.
En 1982, el ejército capturó a los hombres Mayas de la comunidad y las mujeres al quedar viudas fueron sometidas a esclavitud doméstica, violencia sexual y esclavitud sexual.
Los abusos fueron cometidos por miembros del ejército de Guatemala por seis meses consecutivos, durante los cuales las mujeres hacían turno cada 3 días para cocinar, limpiar y lavar uniformes militares, siendo violadas en repetidas ocasiones, de forma individual y colectiva.
Algunas de ellas describieron que fueron inyectadas y obligadas a tomar medicinas anticonceptivas para evitar embarazos.
Luego de organizar un Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual en 2010, las mujeres indígenas decidieron llevar el caso a la justicia formal y presentaron una querella en el año 2011.
El caso es el primero en llegar a instancias judiciales a nivel nacional por delitos de trascendencia internacional contra mujeres.
En cuanto a su tipificación y de acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la violación sexual durante el Conflicto Armado Interno, fue utilizada en forma generalizada, masiva y sistemática como parte de la política contra insurgente del Estado.
Por lo tanto, la violencia sexual constituye un delito de lesa humanidad, crimen de guerra y elemento constitutivo de genocidio.
En una etapa post-conflicto, todavía reina una invisibilización de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad.
Es por eso que, a partir de los testimonios documentados y la apertura del juicio, se espera que los resultados del proceso tengan eco a nivel nacional e internacional y permitan abrir una nueva etapa de discusión y reparación histórica acerca del fuerte racismo en el país.
El juicio oral y público se llevará a cabo en la ciudad de Guatemala el día 1 febrero de 2016, son dos los acusados.
Las organizaciones de mujeres llaman a todos los interesados a contribuir positivamente en el proceso, a asistir a las audiencias públicas para fiscalizar el debido proceso.