Informe revela altos índices de analfabetismo en niños y adolescentes indígenas de Panamá

Foto: prensa.com

Servindi.- Las cifras de analfabetismo en comarcas indígenas que muestra el último “Atlas de Desarrollo Humano Local: Panamá 2015” elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) son alarmantes.
Según este informe, más de 21 mil niños, niñas y adolescentes indígenas panameños entre los 4 y 17 años de edad que viven en provincias y comarcas no asisten a la escuela.
Entre los principales obstáculos que evitan su desarrollo educativo se menciona el trabajo infantil, la falta de ingresos y las largas distancias que deben viajar para llegar a la escuela.
El informe explica que esta situación se explica en parte en la reducida cobertura estatal que se le da a la educación secundaria en áreas rurales e indígenas y en el ingreso temprano al mercado laboral.
En declaraciones recogidas por el diario La Estrella, Nelva Reyes, secretaria general de la Central General de Trabajadores, pidió al Ministerio de Educación poner más atención a los resultados de los estudios sobre educación como el difundido por el PNUD.

“Se requiere una mejor infraestructura educativa. Hay que pensar en internados en las comunidades indígenas”, propuso.

Otros análisis

El estudio del PNUD también revela una alta tasa de desigualdad de la riqueza y de la productividad económica entre las comarcas indígenas y las provincias del país.
Esto se ve en los casos de las comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá Wounann que tienen índices de pobreza multidimensional y vulnerabilidad de 98%, 90% y 80%, respectivamente, a diferencia de las provincias de Panamá, Los Santos, Herrera y Colón que presentan un índice menor a 10%.
Puede acceder al informe haciendo clic en el siguiente enlace:

• Atlas de Desarrollo Humano Local: Panamá 2015

Campaña exige que hidroeléctrica española abandone territorio indígena en Guatemala

Servindi.- En base a una serie de cuestionamientos que incluyen el encarcelamiento de varios líderes indígenas, organizaciones de la sociedad civil lanzaron una campaña para exigir se cancele la construcción de una hidroeléctrica de la empresa española Ecoener-Hidralia.
Según explicaron las organizaciones Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala, dicha construcción ha ocasionado desde el 2008 graves conflictos, tantos sociales como ambientales, en el municipio de Santa Cruz de Barillas, en el noroeste de Guatemala.
A la citada empresa se le acusa de apropiarse del agua del río Canbalam, afectando el derecho a este recurso de miles de personas.
De acuerdo al sitio web Consumer.es, al menos la fase de construcción ocasionó diversos impactos a los pueblos indígenas Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’.
Se habla de movimientos de tierra, inundación de una amplia zona, pérdida de biodiversidad y destrucción de sitios sagrados.
Según el portal web, en mayo de 2011 el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala concedió a la empresa Ecoener-Hidralia una autorización para construir la Hidroeléctrica Canbalam I.
Dicho permiso le dio vía libre a la instalación de una unidad generadora y la empresa construyó un cerco con malla y postes en el que se colocaron minas antipersona, explica el medio.
A la fecha, debido al mayoritario rechazo que generó el proyecto y a la actuación del Gobierno, han sido encarceladas este año dos líderes opositores. Sobre ellos pesan penas de más de 30 años.
De otro lado, el 2012, producto del rechazo se produjo la muerte de un dirigente comunario.
Con la campaña las organizaciones no gubernamentales exigen que Ecoener-Hidralia abandone el territorio de Barillas, y retire las acusaciones penales contra las personas defensoras del medio ambiente.
Para conocer más de la campaña y sumarse hacer clic en el siguiente enlace:

• Apoya a los pueblos índígenas de Guatemala: una empresa española destruirá sus recursos

Lanzarán plataforma de información global sobre territorios indígenas y comunidades

– Lanzamiento será simultáneamente en Lima y Washington.
Servindi.- El martes 10 de noviembre se realizará el lanzamiento mundial de Landmark-Plataforma Global de Territorios indígenas y Comunitarios, que reúne mapas e información clave sobre las tierras que son propiedad colectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales del mundo.
La plataforma será lanzada simultáneamente en Lima y en Washington DC. El evento de Lima será organizado por el Instituto del Bien Común (IBC), una de las organizaciones impulsoras de la iniciativa y tendrá lugar en el hotel Casa Andina, Av. La Paz 463, Miraflores, a las 6 de la tarde.
En Washington DC, el lanzamiento estará a cargo de World Resources Institute y Rights and Resources Initiative (RRI).

Esfuerzo conjunto

En menos de dos años de labor conjunta, trece organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos a la tierra y los recursos de las comunidades y pueblos indígenas en decenas de países de los cuatro continentes hicieron realidad la plataforma interactiva Landmark.
Ella responde al gran desafío global que plantean, de un lado la inseguridad jurídica e invisibilidad de las tierras comunitarias y, de otro, la creciente demanda de tierras y recursos naturales por parte de grandes corporaciones privadas.
Según los impulsores la plataforma se perfila como una poderosa herramienta, que contribuirá a empoderar a la población rural y fortalecer su tenencia de la tierra.
También podrá orientar las decisiones de los gobiernos nacionales y agencias de desarrollo respecto de nuevas inversiones orientadas a mejorar el manejo de las tierras y los recursos naturales, con un enfoque de aumento de la productividad y reducción de la pobreza.

Presentarán Estrategias del despojo

En el evento de Lima participarán expertos como Humberto Campodónico, docente de la Universidad Nacional Mayor San Marcos; Alejandro Diez, docente de la Pontificia Universidad Católica; Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal; Richard Chase Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común; y Ermeto Tuesta, técnico SIG awajún de la misma organización.
En este marco, también se presentará el libro titulado Estrategias del despojo. La propiedad comunal en el Perú. Análisis jurídico de la Ley 30230, elaborado por el Colectivo Territorios Seguros para las comunidades del Perú.

Amnistía Internacional: Restitución de tierras a indígenas de Colombia avanza con “gran lentitud”

Familias indígenas desplazadas acampan bajo un edificio en Alto Andágueda, departamento de Chocó. Foto: Steve Cagan

Servindi.- Un informe de la organización Amnistía Internacional (AI) critica las demoras en el proceso de restitución de tierras a indígenas y afrodescendientes, que fueron desplazados a consecuencia del conflicto armado interno.
La publicación titulada “Colombia: Restituir la tierra, asegurar la paz” calcula que el número de personas que se han visto obligadas a huir de la guerra interna, que lleva más de 50 años, asciende a seis millones.
Además, estima que producto de las acciones de la guerrilla, los paramilitares, las redes del narcotráfico y de empresas dedicadas a la minería ilegal*, “al menos 8 millones de hectáreas de tierras (aproximadamente el 14 por ciento del territorio de Colombia) han sido abandonadas o adquiridas por la fuerza.”
En ese marco, y teniendo en cuenta que se cumplen casi tres años del inicio del llamado proceso de paz, el informe explica que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), que se aprobó en 2011 y entró en vigor al año siguiente, solo ha afectado a una pequeña parte de los legítimos ocupantes, principalmente campesinos.
Y que los decretos conexos 4633 para los indígenas y 4635 para los afrodescendientes -en vigor ambos desde el 2012- tampoco lo han hecho, por lo que el proceso de restitución avanza con “gran lentitud”.
En ese sentido, sostiene que el éxito del proceso “dependerá en gran medida de si las autoridades pueden garantizar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo.”

Graves amenazas al proceso

Según explica el informe de Amnistía Internacional, disposiciones legales promovidas por el gobierno amenazan con menoscabar aún más el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes a la propiedad colectiva de sus territorios.
Es el caso de la Ley 1753, aprobada por el Congreso en junio de este año, que “amenaza con legitimar las apropiaciones de tierras al facilitar la continuidad de la explotación del potencial económico de tierras adquiridas indebidamente”.
Citando a la Defensoría del Pueblo de Colombia, el informe recuerda que los títulos mineros otorgados por el Estado en territorios indígenas o afrodescendientes también pueden ser “ilegítimos” si se conceden sin la consulta válida y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.
De hecho, esto ha venido ocurriendo, explica el informe. Por ello la organización autora del mismo insta al Gobierno a “anteponer el derecho a decidir sobre la tierra al deseo de las empresas que quieren explotar estas zonas ricas en recursos naturales”.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía, del Programa Regional para América, sostuvo que “cualquier acuerdo de paz carecerá de sentido a menos que los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a regresar a sus tierras y a decidir cómo se usan, tengan prioridad sobre el deseo de las empresas de explotar esas tierras en su propio beneficio.”
Según cifras oficiales, en Colombia viven casi un millón y medio de indígenas, más del 70 por ciento habitan en zonas rurales.
En el caso de los afrodescendientes, el censo del 2005 registró que estos eran más de 4 millones. No obstante, las organizaciones que los representan estiman que la cifra es de 10 millones, aproximadamente el 25 por ciento de la población total.
Puede acceder al informe de Amnistía Internacional a partir del siguiente enlace:

• Colombia: Restituir la tierra, asegurar la paz

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*Por minería ilegal se entiende en el documento aquella que a menudo es respaldada por fuerzas guerrilleras o paramilitares, que entran en zonas sin solicitar derechos de explotación minera o que llevan a cabo actividades mineras en zonas no abarcadas por títulos mineros.

En Guatemala se realizará Encuentro Continental de Mujeres Indígenas

Servindi.- Del 16 al 19 de noviembre se realizará en la ciudad de Guatemala el VII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. El evento es impulsado por el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) junto con la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA).
El encuentro se enmarca en la celebración de los veinte años de existencia del ECMIA, un espacio integrado por más de treinta organizaciones indígenas de veintitrés países del continente americano.
El evento abrirá una plataforma para analizar temas relacionados a las condiciones de vida de las mujeres indígenas, adultas y jóvenes. Asimismo, reflexionar sobre su empoderamiento, articulación y participación en procesos relacionados con sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales.
En tal sentido permitirá hacer un balance de cuánto han logrado las mujeres indígenas en el marco de los procesos internacionales que se vienen desarrollando con miras a la agenda Post 2015, el cumplimiento de las metas del milenio, los resultados de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas y el Plan de Acción producto de la Conferencia Global de Mujeres Indígenas.
Cabe destacar que el impacto del cambio climático en la vida de las mujeres indígenas demanda una mayor incidencia y participación en los procesos internacionales, donde no se ha tenido mayor presencia por falta de información previa y apropiada, y de recursos económicos.
El encuentro permitirá además compartir logros y visiones con aliados estratégicos como las fundaciones, organismos internacionales, la academia, centros de investigación, el sistema de las Naciones Unidas, organismos regionales y el movimiento social comprometido con los derechos humanos, la justicia social y la equidad.
También permitirá desarrollar la agenda de las mujeres indígenas y jóvenes con participación intergeneracional, definiendo temas y escenarios estratégicos y establecer un posicionamiento político consensuado.

Delegación peruana

Foto: Onamiap

Mujeres indígenas de diferentes regiones e integrantes de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) se preparan para representar a sus pueblos en el VII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas.
Las lideresas de ONAMIAP llevarán sus experiencias y propuestas a las diferentes mesas de trabajo y espacios que giran entorno a los ejes temáticos: derechos humanos y mujeres indígenas; género, pobreza, derechos económicos y mujeres indígenas; empoderamiento de las mujeres y jóvenes indígenas; y cambio climático, recursos naturales.
Acceda a la convocatoria con un clic en el siguiente enlace:

• VII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas

“El pueblo indígena y su territorio es uno solo” sostiene pericia antropológica en caso Bagua

– “Los awajún y los wampis, suelen decir que el pueblo y el territorio son una sola cosa. Hay una identidad entre el pueblo y su territorio, por lo tanto y su bosque” señala la antropóloga Frederica Barclay Rey de Castro.
Radio Marañón, 8 de noviembre, 2015.- Con el espeluznante calor que comenzaba a arreciar en Bagua, la audiencia N°41 del juicio oral por el caso “Curva del Diablo” del denominado Baguazo, dio inicio alrededor de las 9:30 am de hoy miércoles 4 de noviembre, una cita para escuchar a peritos balísticos y antropológicos.
La audiencia desarrollada en la Sala Penal de Apelaciones Transitoria del Poder Judicial comenzó con la presencia de los tres magistrados del colegiado, sólo 16 de los más de 50 procesados, seis abogados de defensores en la sala y dos en Lima por video conferencia, el representante del Ministerio Público y procuradora de la fiscalía, procurador del Estado también por video conferencia.
A través de video conferencia desde Lima, el primero en declarar fue el perito balístico César Tejada Valdivia, Médico Legista de Tanatología Forense del Instituto de Medicina Legal, quién participó con su opinión sugerente, sobre los análisis que otros especialistas le hicieron al cadáver del Sub Oficial PNP Jhonny Salcedo Meza, uno de los caídos en la curva del diablo, y que presentaba una herida perforante por proyectil de arma de fuego.

La perita antropológica

Tras culminar la breve declaración del perito Tejada, el colegiado llamó a la Dra. Frederica María Pía Barclay Rey de Castro, antropóloga, especialista en estudio de los pueblos indígenas de la Amazonía, quién ha realizado investigación antropológica en los pueblos awajún-wampis.
Barclay permaneció por más de tres horas rindiendo su manifestación especializada, resolviendo primero las interrogantes de los abogados de la defensa.
“Los awajún y los wampis, suelen decir que el pueblo y el territorio son una sola cosa, hay una identidad entre el pueblo y su territorio, por lo tanto y su bosque, porque un pueblo indígena no podría subsistir sin ese acceso al territorio, sin ese acceso al bosque”, respondió ante la pregunta de por qué el pueblo awajún dice que ‘el bosque es su mercado’.
Refiriéndose a la cosmovisión awajún-wampis, Barclay, señala que “la búsqueda de [lo que denominan] la ‘visión’, es un proceso, un mandato de hombres y mujeres, pero solo en el caso de los hombres es un complejo cultural, institucionalizado, entonces en ella buscan la visión cerca de cataratas, conocidas como ‘tuna’ (awajún), esa visión es el momento en que se le revela a la persona como va a ser su vida en el futuro, si va a ser un guerrero, una madre, si sus hijos van a crecer bien, si sus chacras van a estar bien. La búsqueda de la visión, es un aspecto importante, en términos de la continuidad cultural”.
La especialista, señaló que lo que ocurrió durante los meses de mayo y junio del 2009 durante el paro amazónico, especialmente la toma de carretera, “de ninguna manera se puede considerar, como una acción de guerra; todos los pueblos indígenas amazónicos y todas sus organizaciones a nivel del país, habían estado protestando desde el 2008 por los distintos decretos que se habían promulgado y que se percibían como (…) por la continuidad del territorio colectivo y el régimen comunal”.
“Cuando las comunidades envían gente, familias de las comunidades deciden ir a la carretera para manifestarse o llamar de esa manera la atención del gobierno nacional, de la prensa, no lo hacen con el ánimo de guerra. Estaban haciendo uso de mecanismos que han ido aprendiendo, para protestar” dijo.
En otra parte de su exposición, Frederica Barclay, fue explicando aspectos que tienen que ver con la organización al interior de la comunidad y la organización entre comunidades, además de los castigos aplicados a personas que no realizan acciones acordes con las decisiones colectivas, entre ellas la labor del apu y dirigentes de organización.
Recordó también que el hecho de que los awajún-wampis porten lanzas durante acciones de protesta, estas “no están en uso para la guerra (…), se usan como un aditamento que completa la presentación de una persona”.
Tras la 1:30 pm, luego de haber respondido a todas las preguntas derivadas de su informe pericial antropológico alcanzado previamente, la Dra. Frederica Barclay, culminó su exposición ante el colegiado y la sala.
Al finalizar, el presidente de la sala, Dr. Gonzalo Zabarburú, instó al Ministerio Público a hacer un llamado a sus peritos antropológicos que de todos modos deben presentarse en Bagua o a través de video conferencia desde Lima, para la próxima audiencia que se realizará el 18 de noviembre.
—- Fuente: Radio Marañón: http://www.radiomaranon.org.pe/index.php/secciones/especial-baguazo/908-antropologa-frederica-barclay-el-pueblo-indigena-y-su-territorio-es-uno-solo

México: Responsabilizan al presidente Peña Nieto por atentado contra tres indígenas

Imagen: La Jornada

Servindi.- Tres indígenas que llegaron a la Ciudad de México para denunciar ante organismos de derechos humanos la muerte de un miembro de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), fueron heridos a balazos por desconocidos, el sábado siete de octubre.
Las víctimas fueron Jesús Hernández Reyes, quien recibió un disparo en el glúteo y Matías Flores, con un impacto en el costado derecho del tórax. Ambos pertenecen al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (SFNL).
Asimismo, el indígena náhuatl Rubicel Hernández García, del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO), recibió un impacto en el costado izquierdo del tórax.
De acuerdo a los indígenas, el atentado ocurrido a las 7:20 horas fue perpetrado por “un hombre vestido de civil con corte de cabello tipo militar” que les disparó desde un vehículo negro cuando caminaban por la calle, luego de gritarles “por andar de chismosos”.
El hecho ocurrió en la esquina de Manuel Escandón y Transportistas, colonia Ex Lienzo Charro, lugar donde recibieron atención médica para luego ser derivados a un hospital.
La delegación se encontraba en la ciudad para denunciar ante organismos de derechos humanos y Amnistía Internacional el asesinato, por grupos paramilitares, de Héctor Santis López, integrante de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), ocurrido el pasado 29 de setiembre.
Asimismo pretendían denunciar otras agresiones en Michoacán e Hidalgo.

Responsabilizan a Peña Nieto

En un comunicado, el FNLS exigió al gobierno federal protección para los indígenas ante posibles ataques en el hospital donde fueron conducidos y calificó el atentado como un “intento de ejecución extrajudicial”.
Consideró que el suceso “obedece a la respuesta del Estado mexicano ante la Jornada de lucha nacional de lucha por el juicio y castigo a los responsables de la agresión paramilitar de la que fueron objeto los compañeros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-FNLS)”.
Indicó también que el atentado es una “represalia ante la denuncia constante contra las desapariciones forzadas y demás crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado.”
Finalmente, responsabiliza al presidente de México, Enrique Peña Nieto y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera, del Distrito Federal, por el “aberrante crimen” y por la “integridad física y psicológica” de los indígenas heridos y de “cualquier integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.”
Invocó a las “organizaciones hermanas” a “cerrar filas” y pronunciarse contra el “terrorismo de Estado” a fin de detener la “la campaña represiva del Estado contra el FNLS y el conjunto del movimiento popular.”
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exhortó a la Procuraduría capitalina, mediante medidas precautorias, que se investigue y sancione lo ocurrido.
En tanto que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, indicó que no se han efectuado detenciones por el atentado.

Sikuanis, acorralados a punta de ‘bala’ y ‘resoluciones’

La comunidad indígena del Resguardo de Caño Ovejas fue confinada en el sur del Meta por los actores armados ilegales y por titulaciones contradictorias del Incora y del Incoder. Espera que un Juez dicte medidas que protejan sus derechos territoriales.

La comunidad indígena Sikuani de Caño Ovejasespera que un Juez de Restitución emita órdenes que les permita recuperar sus derechos a cazar, pescar, recolectar y celebrar ceremonias en su territorio colectivo, que fue reducido por el conflicto y por resoluciones del Incora e Incoder. Foto: suministrada Unidad de Tierras Meta.Por lo menos 687 indígenas de la etnia Sikuani sobreviven confinados en el corregimiento de Caño Ovejas, en el municipio de Mapiripán, en el sur del Meta, pese a que en varias oportunidades la Corte Constitucional advirtió que esta comunidad indígena está en riesgo de desaparecer por el conflicto armado y la violencia generalizada. Sus esperanzas están en el Juez Segundo de Restitución de Tierras de Villavicencio, quien conoce la demanda de restitución de derechos territoriales que reclaman desde hace más de tres décadas y de quien se espera dicte medidas que ponga en cintura a varias instituciones, entre ellas, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
La reclamación de la comunidad indígena no es de poca monta. Desde los años 70 llevan rogándole primero al Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) y luego al Incoder que les reconozca con títulos su territorio colectivo, que fue reducido a su más mínima expresión y que por el contrario, fue feriado en diversas adjudicaciones a varios colonos, que según el testimonio de los indígenas, ni siquiera cumplían con los requisitos de la reforma agraria pues no vivían en la región o ya tenían tierra. Mientras el Incora y el Incoder se escudaban en que por causa del conflicto no podían atender al llamado de los índigenas; sí lo hacían con celeridad y de forma express otorgándole títulos a foráneos.
La dimensión de la reclamación es la siguiente: de 317 mil hectáreas que originalmente integraban el resguardo; el Incora en los años 80 apenas les reconoció 1.720 hectáreas y además fracturadas, porque el territorio quedó integrado por dos predios incomunicados. Esas 1.720 hectáreas son ínfimas para la supervivencia Sikuani, pues el mismo Incora determinó que para que una sola familia pueda sobrevivir en Mapiripán debe tener entre 1.300 y 1.800 hectáreas. Es decir, 90 familias indígenas están condensadas en un área que corresponde al de una sola.
Los problemas del Resguardo de Caño Ovejas no se limitan únicamente a que ha tenido que vivir en un puñado de hectáreas, a que espera desde el año 90 que le amplíe el resguardo y a que tenga efectos el estudio socio-economómico que desde 2008 realizó el Incoder para determinar dicha ampliación, sino a que no puede transitar libremente por su territorio, ni celebrar sus ceremonias, y mucho menos sembrar o cazar su comida. Prácticamente sus sitios espirituales como Peyatsevitsuto, Yavetsaniiboto y las Lomas de Makokobá fueron borrados.
“Aunque la Constitución de 1991 nos reconoce e indica que debe respetarse nuestra autonomía, acá por ejemplo la Alcaldía nos desconoce. Hay muchos problemas que se están derivando de la empresa de palma de aceite que se instaló en el municipio”, dice el Gobernador José Díaz, líder del resguardo indígena, refiriéndose a los problemas más recientes.
El caso del Resguardo Sikuani fue documentado por la Unidad de Restitución de Tierras de la Territorial del Meta y presentado en demanda ante el Juez Segundo Especializado en Restitución de Villavicencio. Una vez el Juez conoció la reclamación ordenó a la Unidad documentar los casos de posibles segundos ocupantes, es decir, particulares que consideren que tienen derecho sobre estas tierras. En la actualidad, el caso está en juicio: los indígenas son representados por la Unidad y los posibles segundos ocupantes, por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, quién tiene la razón y quiénes y cómo deben ser restituidos está en manos del Juez, quien tiene la última palabra.
“Durante la etapa administrativa (documentación y contextualización de la demanda) lo que pudimos evidenciar es que hay una afectación histórica a esta comunidad, que además está en riesgo porque el conflicto ha cambiado sus prácticas culturales, que necesita una intervención urgente del Estado en relación con la ampliación de su territorio para garantizar su superviviencia”, explica Diana Herrera, directora de la Unidad de Restitución en Meta.
Esta no es la única demanda de restitución étnica en los Llanos Orientales. Según la Dirección Territorial de la Unidad, en junio radicaron también ante el Juzgado Segundo la reclamación de derechos territoriales de la comunidad indígena de Kanalitojo, en Vichada. “Estamos próximos a presentar otra demanda de la comunidad Jiw, del Guaviare, y estamos documentando el caso de la comunidad Sikuani del Alto Únuma, de Puerto Gaitán”, indica Herrera.

Incora, ¿despojador?

La imagen más recurrente con la que se asocia a los Llanos Orientales es la de un vaquero. Nunca, la de indígenas Sikuanis como los de esta fotografía. Conocidos como Guahíbos eran quienes vivían en estos territorios pero que tras la colonización y violencia fueron reducidos y dispersos en distintos departamentos: unos en Meta; otros en Guaviare; otros en Vichada y unos más en Arauca. Foto: suministrada Unidad de Tierras Meta.Los indígenas Sikuani son nómadas, es decir, se caracterizan por recorrer extensos territorios a pie y a vivir temporalmente en algunos puntos del territorio donde siembran y cazan, para luego continuar su tránsito y permitir que las especies cazadas se reproduzcan y los suelos cultivados no se deterioren, promoviendo así el equilibrio ambiental. Su vida gira en torno además de los ríos, por lo que ancestralmente anduvieron a lo largo de los cauces de los ríos Meta, Vichada, Guaviare, Tomo y Orinoco en la región de los Llanos Orientales.
Uno de los territorios de mayor asentamiento fue el que bautizaron como Tsuwakia, desarrollado a lo largo de la cuenca del Caño Ovejas, un afluente del río Guaviare en actual jurisdicción del municipio de Mapiripán. Allí los Sikuani desarrollaron un punto de intercambio con sus hermanos, los indígenas Jiw, del Guaviare, quienes también han sufrido los azotes de la guerra. Por lo menos mil indígenas de esta etnia han sido acogidos por los Sikuani en Mapiripán, en los predios Zaragozas continuos al resguardo de Caño Ovejas.
Según el censo realizado por la comunidad, el Resguardo Sikuani está compuesto por casi 700 personas, distribuidas en 90 familias en las comunidades de Betania, Corocito y Olvido. Y son quienes han logrado sobrevivir a prácticas de mediados del siglo XX como las ‘guahibadas’ (cacería de indígenas) propiciada por colonos, así como a la violencia desatada por las guerrillas, los narcotraficantes, los paramilitares y de forma más reciente, por las bandas criminales.
El territorio ancestral de los Sikuani en Caño Ovejas comprende por lo menos 137 mil hectáreas, pero el resguardo sólo está reconocido en menos de 1,2 por ciento según un título otorgado por el antiguo Insitituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora). Este reconocimiento ha pasado por “las duras y las maduras”, pues los líderes relatan cómo el Incora fue adjudicando su territorio a colonos, incluso en medio de la violencia, y en la actualidad siguen en la lucha para que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) reverse esos errores del pasado.
La historia de los títulos data de 1979 cuando 75 familias Sikuani comenzaron la reclamación de cómo mínimo 89 mil 300 hectáreas para que el Incora se las titulara mediante resolución. Pero tres años después, en diciembre de 1982, el Instituto les otorgó una resolución por tan sólo 1.720 hectáreas, dividas en dos globos de tierra además incomunicados: uno de 1.280 hectáreas, donde está el caserío de Betania, y uno de 440 hectáreas, donde está el caserío de Corocito. A partir de esa fecha lo que vino fue una serie de resoluciones emitidas desde los escritorios del Incora que no fueron para indígenas, sino para colonos que ni siquiera habían vivido en esta región, según lo advierte la comunidad indígena.
Así fue como en 1983 ya los Sikuani de Caño Ovejas no tenían en el papel 1.720 hectáres sino 1.053 porque al Incora se le ocurrió titularle 667 hectáreas a dos colonos para que desarrollaran allí las fincas Camaura y Camaguay. Como si fuera poco, en 1984 el mismo Instituto tituló otras tierras ancestrales a dos finqueros, entre ellas 1.116 hectáreas -que no quiso reconocérselas al pueblo indígena en el 82-. Ese mismo año llegaron los cultivos de coca a la región, complicando el panorama de las reclamaciones Sikuani.
Cansados del abuso, en 1986 la comunidad indígena le pidió al Incora revocar los títulos de las fincas Camaura y Camaguay, pero en lugar de que esto sucediera en 1988 la Gerencia General del Instituto determinó que quienes tenían razón eran los colonos. La comunidad indígena de Betania fue desalojada varias veces por la fuerza pública, por lo que en 1989 los Sikuani solicitaron la ampliación del resguardo. Pero una vez más el Incora no escuchó razones y tituló otras 2 mil 291 del territorio ancestral indígena para el desarrollo de la finca Casuarito, de otro colono, afectando el Peyatsevitsuto, un sitio sagrado de los Sikuani y los Jiw.
En 1990 el Incora es aún más incongruente. Mientras el 14  de abril de ese año acepta comprar tres fincas que anteriormente les adjudicó a finqueros prometiendo devolver las tierras al Estado para ampliar el resguardo; seis días después les tituló otros dos predios -pertenecientes también al territorio ancestral- a otro colono, esta vez borrando el Yavetsaniiboto, otro sitio sagrado indígena.

Farc, Auc y glifosato

Las fumigaciones con glifosato han afectado los cultivos de los indígenas en Mapiripán. Foto: archivo Semana.Mientras los indígenas trabajan de reclamar lo propio; las Farc habían encontrado en esta zona selvática un lugar perfecto para ampliar sus cultivos de coca. Desde principios de los 80 comenzaron a secuestrar y a desarrollar ‘cocinas’, que terminaron nutriendo las ‘finanzas’ y las filas del Frente 44. En medio de esa violencia, en 1991 los Sikuani seguían insistiendo en la ampliación del resguardo, pero el Incora se negaba a actuar bajo el pretexto del conflicto.
Aunque en 1995 Mapiripán era prácticamente un ‘laboratorio’ de droga, una funcionaria del Instituto de Tierras atendió la solicitud de los indígenas y recomendó que dicha ampliación debía ser como mínimo de 13 mil hectáreas, distribuidas en dos globos de tierra. Pero una vez más, en 1996, otro funcionario de la misma institución le tituló otro predio a un nuevo finquero. Ese mismo año los Sikuani casi quedan reducidos a su mínima expresión, pues las fumigaciones con glifosato afectaron sus medios de sustento: cultivos, caza y pesca.
El Incora les seguía respondiendo a los indígenas que no podía hacer nada porque el conflicto aumentaba; pero no tenía la misma respuesta para los colonos que les pedían más tierra. En enero de 1997 entregó parte de las Lomas de Makokobá, parte del territorio ancestral, a tres finqueros. Para los Sikuani dicha decisión fue otro golpe a su espiritualidad, pues para los indígenas son estas lomas el lugar donde se reproducen espiritualmente los cafuches, los animales de su dieta básica.

El panorama fue de mal en peor. Por orden de los hermanos Carlos y Vicente Castaño y con la complicidad de militares, según fue documentado por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, 120 paramilitares llegaron a San José de Guaviare y se movilizaron por el río hasta el casco urbano de Mapiripán, cometiendo una masacre que se prolongó entre el 15 y el 20 de julio de 1997. La masacre fue perpetrada a tan solo 10 kilómetros del resguardo.
Cuatro días después de la barbarie y sin usar el pretexto de que la violencia arreciaba, el 24 de julio el Incora tituló otro predio del territorio ancestral a un finquero. El resguardo calcula que sólo en 1997 el instituto de tierras adjudicó 28 predios a foráneos, pese a la masacre ocurrida en el municipio. La historia se repitió durante los siguientes años: en 1998 el Incora siguió con estas adjudicaciones a colonos, incluyendo un predio que en los años 90 había comprado para supuestamente ampliar el resguardo.
El Bloque Centauros de las Auc se instaló en Mapiripán quitándole el negocio de la cocaína a las Farc y amedrentando a los Sikuani, que trataban de resistir en las comunidades de Betania y Corocito. Una delegación de Caño Ovejas viajó hasta el Incora Bogotá, pero la respuesta fue igual: “no podemos intervenir. Hay conflicto en la zona”. El Bloque Centauros de las Auc se desmovilizó en septiembre de 2005, pero algunos paramilitares de este grupo se rearmaron y formaron la banda criminal de ‘Los Cuchillos’, que luego se hicieron llamar Erpac, para quedarse con las rentas del narcotráfico en el sur del Meta y el Guaviare.
Para ese año el Incora ya había sido liquidado y convertido desde 2003 en Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incora), pero su comportamiento no fue distinto al de la vieja institución, pues desde ese año hasta 2009 siguió adjudicando las tierras ancestrales de los Sikauni a los colonos. Fue solo hasta 2006 que un funcionario ordenó un nuevo estudio socioeconómico con miras a ampliar el resguardo, que sólo comenzó a realizarse en 2007 sin que a la fecha el Incoder haya tomado una decisión definitiva. En otras palabras, el resguardo de Caño Ovejas lleva 26 años esperando que el gobierno les dé una razón sobre su territorio que fue reducido a punta de resoluciones y armas.
Para los líderes del resguardo es contradictorio que desde 2009 y 2012 la Corte Constitucional haya ordenado al gobierno (mediante los Autos 004 y 173) desarrolllar un plan de salvaguarda especial para el pueblo Sikuani, tras reconocer que este hace parte de los pueblos que junto con el pueblo Jiw están a punto de desaparecer por causa del conflicto y el abandono del Estado.
En Caño Ovejas sobreviven casi 700 Sikuani originarios de Mapiripán y unos mil indígenas Jiw, desplazados del Guaviare. Los líderes de estas comunidades aseguran que sus problemas se han atizado con la agroindustria de la palma y el caucho, y las expectativas de empresas minero-energéticas. La prostitución de niñas, la fragmentación familiar y la vinculación laboral a las empresas agroindustriales y petroleras son tragedias que se suman a la lista de males que han tenido que afrontar.
La comunidad Sikuani en Mapiripán exige en la actualidad la ampliación a por lo menos 120 mil hectáreas, la mitad de estas como reserva ambiental. Los Sikuani, cuya vida gira alrededor de la caza, la pesca, la siembra y la espiritualidad, concluyen que se sienten “desconocidos. Nos sentimos como secuestrados por la política”. Y tienen razón, pues siguen esperando que la ampliación del resguardo, solicitada desde los años 90, deje de ser una promesa fallida.

Perú: Mujeres indígenas anuncian tercer Congreso Nacional

– Más de doscientas mujeres andinas y amazónicas de distintas regiones del Perú se reunirán en Lima del 25 al 27 de noviembre.
Servindi.- Con el lema “ONAMIAP caminando hacia el Buen Vivir” la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) organizará su III Congreso Nacional del 25 al 27 de noviembre de 2015, en la ciudad de Lima.
Este evento que se desarrolla cada tres años tiene como objetivo contribuir a fortalecer y empoderar a las mujeres indígenas del Perú y sus procesos organizativos a nivel local, regional y nacional.
Durante los días del congreso, más de doscientas lideresas andinas y amazónicas de quince regiones del país compartirán los avances en la agenda política de la ONAMIAP haciendo visibles sus demandas y propuestas.

Foto del I Congreso Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Fuente: ONAMIAP

Fortalecimiento y renovación dirigencial

El Congreso Nacional permitirá que se incorporen oficialmente a las organizaciones de base que han solicitado su afiliación a la ONAMIAP. Además, en una muestra de ejercicio democrático se renovará el Consejo Directivo para el periodo 2016-2018.
El magno evento se iniciará con una ceremonia ancestral de agradecimiento a la Madre Tierra, para de inmediato realizar la celebración conmemorativa del sexto año de vida institucional de la ONAMIAP.
A la celebración están invitados dirigentes de otras organizaciones indígenas nacionales, directivos de asociaciones e instituciones aliadas de la sociedad civil, y representantes de diversos sectores públicos.
Durante el segundo día, las delegadas de ONAMIAP participarán en cinco espacios para compartir experiencias y debatir organizados en torno a cinco ejes temáticos.
Los ejes son: a) Tierra y territorio; b) Cambio climático y soberanía alimentaria; c) Participación política de las mujeres indígenas; d) Lucha contra la violencia sobre la mujer; y e) Identidad, autoidentificación e institucionalidad indígena.
Finalmente, el pleno de las delegadas de ONAMIAP elegirán a sus representantes para el nuevo Consejo Directivo Nacional y a las coordinadoras regionales que asumirán sus funciones del 1 de abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2019.
Consejo directivo de ONAMIAP 2013-2015

• Presidenta: Luz Gladis Vila Pihue (Huancavelica)
• Vicepresidenta: Ketty Marcelo López (Junín- Selva Central)
• Secretaria de Economía: Clelia Flora Rivero Reginaldo (Ayacucho)
• Secretaria de Actas y Archivo: Beatriz Caritimari de Llaury (Loreto)
• Secretaria de Organización: Angela Chislla Palomino (Puno)
• Secretaria de Juventud y Niñez: Zimi Chota Mozombite (Loreto)
• Secretaria de Prensa y Propaganda: Dalila Morales Quintana (Cajamarca)

Mayor información en: Jr. Mariscal Miller 932, Jesús María. Teléfono 433-5714. Correo: onamiap@gmail.com, sitio web: www.onamiap.org

Perú: ¡Triunfa campaña a favor de Parque Nacional Sierra del Divisor!

Servindi.- Han tenido que pasar nueve años para que el Estado peruano declare a la zona reservada Sierra del Divisor como Parque Nacional, una demanda que originó una campaña nacional e internacional a fin de proteger una zona de extraordinaria biodiversidad de amenazas como la tala ilegal y el cultivo ilegal de hoja de coca.
El domingo 8 el Presidente de la República, Ollanta Humala, entregó el decreto supremo que crea dicho parque nacional que tiene una extensión de 1’354,485.10 hectáreas y permitirá reforzar el nivel de protección de una zona relevante de biodiversidad y un lugar único en la Amazonía.

El anuncio oficial se efectuó en la comunidad nativa Nuevo Saposoa, ubicada en el distrito de Callería, provincia Coronel Portillo departamento de Ucayali, a donde llegó el mandatario para formalizar esta gran noticia.

“Hubo mucha expectativa por este reconocimiento y vamos a darle esta buena noticia a todo el pueblo peruano y a la comunidad internacional. Vamos a preservar esta área geográfica como una parte importante que nos permite purificar el aire del mundo y proteger a nuestros bosques de actividades ilícitas”, dijo Humala.
La medida se adoptó luego de varios años de acciones y campañas intensas emprendidas a nivel nacional e internacional por diversos sectores como pueblos indígenas, sociedad civil y la Defensoría del Pueblo, organismo autónomo del propio Estado.
Cabe precisar que la Defensoría presentó además una acción de amparo contra dos entidades del Ejecutivo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el propio Ministerio del Ambiente para que se cumpla con emitir el decreto supremo que crea la citada área protegida, ubicada en las regiones de Loreto y Ucayali.
La creación de este parque se dará a 22 meses de haber culminado la consulta previa hecha a los pueblos indígenas que allí habitan.

El Parque Nacional

El Parque Nacional se ubica entre las regiones Loreto y Ucayali, sobre la frontera con Brasil, y forma parte de un corredor biológico internacional protegido que se extiende sobre el Perú, Brasil y Bolivia.
Sierra del Divisor es el segundo Parque Nacional establecido por el actual gobierno. En el 2012 se estableció el Parque Nacional Güeppi-Sekime en Loreto.
Según una encuesta nacional urbana elaborada por IPSOS en octubre de 2015 el 86 por ciento de los peruanos están de acuerdo con la categorización de Sierra del Divisor.

Sobre el proceso de categorización

• En abril de 2006 se crea la Zona Reservada de Sierra del Divisor.
• En julio de 2012 se reactiva la comisión de categorización. Liderada por Sernanp y con la representación de 14 sectores y niveles de gobierno además de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones indígenas, la comisión alcanzó una serie de acuerdos entre los que figuran categorizar a Sierra del Divisor como Parque Nacional y respetar los derechos adquiridos con anterioridad al establecimiento del Parque Nacional.
• Se realizaron más de 20 talleres informativos, y se implementó un proceso de consulta previa que culminó en enero de 2014.

Venezuela: La revitalización de la lengua yekuana a través de un lente académico

Saúl López es autor de una tesis de grado sobre la relación entre oralidad y tecnologías de la información y la comunicación.

Por Fernando Carias
- Saúl López, o Kuyujani, su nombre indígena, es un joven yekuana que ha dedicado la mayor parte de su formación a estudiar e investigar sobre las realidades de su etnia.
En sus conversaciones con ancianos y líderes de su comunidad supo que uno de los principales problemas era el peligro que corre la lengua yekuana de desaparecer. Ante esta situación decidió enfocar su tesis desde el particular interés que tiene por los medios de comunicación y las tecnologías.



Los yekuana son un pueblo indígena de la familia caribe, conocidos también como maquiritare o makiritare, que ocupan principalmente el alto Caura, los ríos Erebato y Nichare, el alto Ventuari y los ríos Parú y Cuminá en Venezuela. Actualmente, su población se estima los entre 5.000 y 10.000 habitantes.

Desde hace cinco años Saúl estudia en la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca (UNEIT) en Venezuela. Desde que ingresó a esta institución, mostró un especial interés por los medios de comunicación social y las TIC.
Ha sido común verlo por el campus universitario, videocámara en mano, registrando las clases, las reuniones estudiantiles, los actos culturales, elaborando entrevistas y hasta haciendo pequeñas transmisiones simuladas de los juegos de fútbol que cada domingo realizan los jóvenes indígenas de la UNEIT.
Así, produjo una importante cantidad de material audiovisual (pequeños documentales, cortometrajes, registro de actividades comunitarias, material informativo de la UNEIT y videoclips) que han sido el preludio de su trabajo de investigación para optar al título de educador bilingüe con especialización en Comunicación Indígena otorgado por la UNEIT.

Mapa político del Estado Bolívar, donde se realiza el trabajo de investigación.

La tesis lleva por título: “Influencia de las Tecnologias de la Información y la Comunicación (TIC) en la oralidad Ye´kwana. Caso comunidad Jüwütünña del Alto Erebato – estado Bolívar”, con el fin de conocer cómo ha sido la relación de las nuevas tecnologías y los fenómenos de la comunicación con la cultura yekuana, principalmente desde la perspectiva de los jóvenes y en especial de esta aldea.
La tesis se encuentra en etapa final de revisión por lo que aún no ha sido publicada.
El trabajo supone un aporte importante para la revitalización de la oralidad Yekuana, pues brinda una importante serie de reflexiones y puntos de vista sobre el valor del idioma para este pueblo indígena de Venezuela que vive a lo largo y ancho del río Caura y el cuenca del río Ventuari.
La investigación contiene conversaciones y entrevistas con ancianos y altos representantes del mundo yekuana, así como diálogos con especialistas sobre comunicación, educación y tecnologías, lo que indica que el trabajo es un importante esfuerzo por mostrar miradas interculturales y multidisciplinares sobre los fenómenos estudiados.
Saúl nos comenta lo que ha significado realizar esta investigación:
Ha sido un trabajo particularmente interesante. He podido sentarme a conversar por largas horas con los ancianos de mi comunidad y conocer parte de la historia de mi pueblo, cosas que no sabía y que ahora quedan registradas en mi tesis.
Sobre la importancia del idioma yekuana nos dice:  Nuestra cultura es principalmente oral, todo lo que somos es gracias a nuestra lengua, es en esencia nuestra cultura.
Es importante entender que las tecnologías y los medios de comunicación social pueden estar al servicio de nuestros pueblos y cosmovisiones, revitalizando y resguardando nuestra oralidad mediante el registro y documentación de nuestras historias, mitos, tradiciones etc. y claro, desde la educación a los más jóvenes.
El trabajo fue presentado el 13 de octubre ante ancianos y sabios de distintas etnias, en el marco de la celebración de la semana de la Resistencia indígena 2015, que se lleva a cabo todos los años en el campus de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca. La tesis fue aprobada de manera unánime.
Saúl pasará ahora a formar parte del equipo de profesores de la UNEIT y ya realiza talleres de formación en algunas comunidades indígenas del sur de Venezuela.
Nos dice que: La idea es multiplicar e informar entre las demás etnias, la importancia de nuestras lenguas aborígenes y buscar los mecanismos que nos permitan defenderlas y mantenerlas vivas.
—- Fuente: Publicado el 31 de octubre por el portal Global Voices: https://es.globalvoices.org

Perú: Indígenas de selva central señalan que no cejarán en sus demandas por titulación

– Accedieron a suspender medida de fuerza que se inició el 4 de noviembre, pero aclaran que ésta se retomará en mes y medio de no lograrse avances. 
Servindi.- Luego de casi dos días de protestas, nativos asháninkas de la provincia de Chanchamayo, en la selva central, llegaron el jueves a un acuerdo con el Ejecutivo para que se atiendan las demandas de titulación de las comunidades nativas. 
Con este acuerdo se consiguió desbloquear la Carretera Longitudinal de la Selva Sur, también conocida como Carretera Marginal, la cual se encontraba obstruida en el tramo que pasa por el distrito de La Merced hacia Pichanaki, en dirección a Satipo, en la región Junín.
La decisión de suspender la protesta, que se inició el 4, se tomó tras la reunión que sostuvieron autoridades del Estado con los dirigentes de las comunidades nativas en La Merced.
Trascendió que en la mesa participaron Lindon Pishagua, coordinador de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI – SC) y Javier Lam Figueroa, representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Asimismo, Hung Won Jung, alcalde provincial de Chanchamayo; el coronel PNP Jorge Valenzuela, jefe de la VIII DIRTEPOL Junín; y Gustavo Mendoza, representante de la Defensoría del Pueblo.
Según un reporte de Canal N, los nativos acordaron dar un plazo de 45 días calendario a los gobiernos regional y nacional para que puedan cumplir sus promesas de “titulación de los territorios de las comunidades nativas, derecho a la vida y al medio ambiente”.
No obstante, advirtieron que de no cumplirse los acuerdos establecidos, se retomará la protesta pero esta vez de forma más contundente.

Foto: fb.com/jose.alegrellanco

Respaldo

La protesta nativa que habría convocado a cientos de indígenas, recibió al final de su primer día el respaldo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que a través de un comunicado pidió al gobierno de Ollanta Humala atender de manera urgente el pedido de titulación de comunidades.
“Lamentamos que el gobierno de turno pretenda ignorar nuestro justo reclamo territorial, lamentamos que las autoridades regionales estén de espaldas a las demandas de los pueblos indígenas (…), la cual es justa y necesaria”, reza el comunicado.
Asimismo, aclaró que ARPI-SC representa a los pueblos Asháninka, Ashéninka, Machiguenga, Yanesha, Nomatsiguenga y Kakinte que se encuentran en la selva central.

Promesa pendiente

En mayo de 2015, el Estado anunció a través del Viceministerio de Interculturalidad que al menos 500 territorios comunales de la Amazonía iban a recibir este año su título de propiedad.
Este proceso debía estar a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el caso de la región Junín, la ausencia de un catastro oficial que muestre cuántas comunidades nativas y campesinas faltan titular se convierte en un obstáculo, advirtió Ronald Zúñiga Ramos, director de Titulación de Tierras y Catastro Rural de la Dirección Regional de Agricultura – Junín (DRAJ), en una entrevista al diario Correo en agosto de este año.
Igualmente son impedimentos para la titulación, la ausencia de una delimitación de los terrenos, lo que genera conflictos con terceros por usurpación, tráfico de tierras y otros.

Protestas marcan los primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas

Indígenas de Brasil protestan contra los polémicos planes para debilitar sus derechos territoriales.

© Agência Brasil

Cientos de indígenas brasileños protestaron la semana pasada durante los primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas que se desarrollan en la Amazonia brasileña.
Los manifestantes exigieron la detención de los planes para debilitar sus derechos territoriales. Advirtieron que de aprobarse acarrearán un desastre para las tribus a escala nacional.
El poderoso grupo de presión del agronegocio en Brasil está impulsando una serie de propuestas que podrían abrir las tierras indígenas a proyectos industriales y evitar el reconocimiento de nuevos territorios. Los pueblos indígenas dependen de su tierra para sobrevivir.
Una comisión parlamentaria dió luz verde hace unos días a una de estas propuestas, la conocida como PEC215, que se encuentra ahora un paso más cerca de ser aprobada. Esta enmienda constitucional otorgaría poder al Congreso de Brasil (altamente influenciado por el lobby agroganadero) para decidir sobre el reconocimiento de territorios indígenas.
Por todo el mundo, simpatizantes de Survival presionan para poner fin a estos polémicos planes.
Para los guaraníes son medidas particularmente peligrosas ya que casi toda su tierra ha sido robada para dejar paso a haciendas y plantaciones, desplazándolos a reservas y a campamentos en los bordes de las carreteras en condiciones de hacinamiento. Los guaraníes registran una de las tasas de suicidio más altas del mundo.
Narube Werreria, una mujer indígena karaja, declaró durante la protesta: “Cuando nosotros estábamos aquí en los juegos, ellos estaban allá en el Congreso confabulando para robar nuestras tierras. Pronto no habrá más pueblos indígenas, ni más selva, ni más animales”.
La presidenta Dilma Rousseff fue abucheada durante la ceremonia de inauguración. También recibió abucheos la polémica ministra de Agricultura, Katia Abreu, apodada “la reina de la motosierra”, por su oposición a los derechos territoriales de los indígenas.
Cerca de 2.000 indígenas de más de veinte países participan en los juegos, entre ellos mujeres sakhas de Siberia, maoríes de Nueva Zelanda, kembatas de Etiopía y varios pueblos indígenas de América del Norte y del Sur.

El juego de tirar la cuerda fue uno de los deportes jugados en el torneo

© Agência Brasil

Carlos Terena, del Comité Intertribal, uno de los organizadores de los juegos, dijo que con ellos se aspira a fortalecer la cultura de los pueblos indígenas alrededor del mundo.
Para muchos participantes los juegos son una oportunidad de demostrar sus proezas en arquería, el juego de tirar de la cuerda, lanzamiento de lanzas, piragüismo, fútbol indígena, lucha y la “corrida de tora”, disciplina en la que los atletas corren con troncos de 120 kg sobre sus espaldas.
Pero los indígenas krahos y apinajes de Brasil boicotearon los juegos. “No podemos aceptar la participación en un evento de carácter mediático y sensacionalista que tiene por finalidad usar la imagen de los pueblos indígenas para distorsionar los hechos y mentir al exterior ocultando la verdadera realidad y el sufrimiento de los pueblos indígenas de Brasil”, explicaron.
Otros objetaron la cuantiosa cantidad de dinero gastada; cerca de 41 millones de US $. Antonio Apinaje señaló que este dinero “pudo haber sido invertido en salud, en la demarcación de tierras indígenas y en la protección de territorios, muchos de los cuales están invadidos.”

Piden condenar 15 años a mapuches por la nariz rota de una auxiliar judicial

En los tribunales de Zapala, en el corazón de la provincia cordillerana de Neuquén, Argentina, comienza hoy un juicio histórico. Tres indígenas mapuches de la Comunidad Winkul Newen están acusados de “tentativa de homicidio y daño agravado” por resistir un desalojo en favor de una de las empresas petroleras que explotan pozos en sus territorios ancestrales. La cara visible de este proceso es Relmu Ñamku, una indígena de 37 años referente de la resistencia mapuche contra el avance de la explotación petrolera, particularmente de Apache Corporation, desde hace al menos cinco años. Es la primera vez que una mujer indígena en Argentina corre peligro de ser condenada a prisión por defender su territorio.

“Intentan amedrentar al pueblo mapuche y liberar la zona para mineras, petroleras y grandes estancieros. Soy inocente, lo vamos a demostrar y exigimos que el Poder Judicial racista no tenga doble vara y haga cumplir nuestros derechos”, dijo Relmu al periodista Darío Aranda.

Ayben Kimvn, una de las hijas de Relmu, escribió una carta pública en la que relata la serie de abusos y violencias que ha sufrido su familia y su comunidad: su bisabuelo fue asesinado por un policía en un caso que continúa impune; su abuelo, su tía y su prima recién nacida murieron por afectaciones a la salud que vinculan con la contaminación del lugar; también sobrevivieron a desalojos, golpizas, balazos. “Esto también es VIOLENCIA y me pregunto ¿dónde estuvo la JUSTICIA?”, dice la joven en su carta.

El episodio por el que se acusa a Relmu, a Martín Velázquez Maliqueo y a Mauricio Rain sucedió en los últimos días del año 2012. A comienzos de ese año, la comunidad apostada en el paraje Portezuelo Chico, a 30 km de Zapala, había cerrado el paso a la empresa. El 28 de diciembre, la jueza local, Ivonne San Martín ordenó el desalojo. El operativo incluyó a la auxiliar judicial Verónica Pelayes, policías, guardias privados, enviados de la empresa y una retroexcavadora. Según relatan los mapuches, la retroexcavadora avanzó sobre una de las jóvenes de la comunidad, por lo que respondieron con piedras. Una, le rompió el tabique a la enviada de la justicia. La fiscal Sandra González Taboada responsabilizó a Relmu del piedrazo y pidió una condena de 15 años de prisión por “tentativa de homicidio”.

La justicia de la provincia establece que al tratarse de penas tan graves, el juicio debe tener un jurado y realizarse de manera oral y pública. En este caso, el jurado que comienza a actuar hoy está conformado por seis mapuches en un total de doce personas convocadas para la tarea. Es la primera vez que se forma un jurado intercultural en el continente. Será traducido en simultáneo a mapuzungun, el idioma mapuche.
Amnistía Internacional Argentina será observadora del juicio. Esta semana emitió un comunicado calificando de “desproporcionada” la acusación, considerando los daños. “Buscan un caso testigo para apresar a quienes luchan por la tierra y quieren liberar la zona para petroleras y grandes estancieros”, comentó Darío Kosovsky, abogado de los indígenas. 

Eliana Gilet / Desinformémonos

Acciones de resistencia y sabotaje Mapuche tienen en jaque a forestales y gobierno Chileno

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WALLMAPU/Acciones que están relacionados a la resistencia mapuche fueron adjudicado contra los intereses forestales y la policía militarizada chilena en estos últimos días en el territorio Lafkenche,Wenteche y Nagche. Las diversas acciones de sabotaje sacaron nuevas declaraciones  y estrategias del subsecretario del Interior Mahmud Aleuy y el intendentes araucania Andrés Jouannet y  el gobernador de Arauco Humberto Toro para denigrar la justa lucha y tratando de delincuentes comunes a los weichafes resisten en sus territorios.

ACCIONES DE RESISTENCIA CONTRA FORESTALES Y BASES POLICIALES

15/10/2015 -CAÑETE/ Una columna de 7 weychafe de las fuerzas de resistencia mapuche Lavkenche realizó un hostigamiento a un puesto de fuerzas especiales de la policía chilena instalado en la parcela 18 del sector Lleu-lleu, este ataque duro algunos minutos y culminó sin heridos ni detenidos.

22/10/2015 -LOS SAUCES/ Weychafes  atacan e incendian 4 maquinarias: una Grúa,un procesador, un Skidder y un volteador  pertenecientes a la empresa Metsakone que prestaba servicio para la forestal Arauco

23/10/2015/-LAUTARO/ Una veintena de weychafe ingreso a un fundo en la localidad de Pillanlelbún, en las cercanías de Lautaro, procediendo a quemar 8 maquinarias y un container  pertenecientes  a la empresa Corte alto Ltda del grupo forestal ex Masisa.

 Tanto las acciones registradas en el territorio Lafkenche, Wenteche y Nagche  se relacionan en la oposición que han manifestado las comunidades en resistencia contra los diferentes intereses de las empresas forestales que mantiene ocupadas miles y miles de tierras ancestral mapuche.

Por otra parte comunidades mapuche de Malleco mediante una declaración publica acusaron al Intendente de la Araucanía, Andrés Jouannet de generar política colonialista represora,en la misiva las comunidades señalan que han observado que la política de Jouannet, busca confundir a la sociedad Chilena y al Mapuche, para justificar su política represiva. Sin embargo lo que le incomoda al Estado Chileno y al gobierno de turno, es el hecho que las Comunidades Mapuche de distintos territorios, han determinado transitar en el camino de la rebeldía, la desobediencia al Estado invasor, para reconstruir el territorio y nuestra forma de organización Mapuche.

Estos pasos son irreversibles desde el punto de vista político, no está en manos del Estado Chileno resolver, solo debe asumir que esto no se detendrá, que la solución es hoy responsabilidad de la fuerza y capacidad del Pueblo Mapuche, ese es nuestro desafío finaliza la misiva.

Colombia: Asesinato contra líder indígena del Cauca a manos del Ejército ratifica genocidio

– Organización denuncia política de genocidio y 57 indígenas asesinados en el Cauca.
Servindi.- Compartimos el vídeo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en el que se explica el asesinato de un ex gobernador del pueblo Kokonuko, ocurrido la noche del 19 de octubre. El genocidio contra los pueblos originarios se expresa en cincuenta y siete indígenas asesinados por la Fuerza Pública solo en el Cauca.
Como informamos días atrás veintisiete militares de la Brigada 29 del Ejército colombiano serán investigados por la muerte del líder indígena Alfredo Bolaños, de 70 años de edad. Los soldados fueron retenidos 36 horas por la Guardia Indígena momentos después del deceso del comunero ocurrido el lunes y el miércoles fueron trasladados a la ciudad de Popayán.
Según versiones oficiales, los soldados serían separados de sus cargos “para facilitar la labor judicial ante la justicia ordinaria, la cual consistirá en individualizar el caso y establecer plenamente cual fue la persona que estaría comprometida en la muerte del indígena”.
Carlos Maca, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) explicó que “Los soldados permanecieron en un salón comunal, bajo la custodia de la guardia indígena, la cual veló por su integridad así como por el respeto de sus derechos”.
“Contaron con un buen trato hasta que fueron entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo para su traslado a la unidad militar en Popayán y para que la Fiscalía General de la Nación inicie las correspondientes investigaciones” agregó.
La Tercera División del Ejército indicó que velan por el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), “razón por la cual se prestará la colaboración necesaria a las autoridades que investigan el caso, a fin de que estas logren establecer lo sucedido”.

Brasil: Indígenas rechazan propuesta de enmienda que afectará demarcación territorial

Protesta en Río Branco, estado de Acre. Foto: Iryá Rodrigues/G1

Servindi.- El bloqueo de varias vías y una dura llamada de atención durante la inauguración de un importante evento deportivo marcaron esta semana las protestas indígenas contra la Propuesta de Enmienda Constitucional PEC 215, que somete al Congreso la decisión final sobre el establecimiento y la modificación de tierras indígenas.
La propuesta es vista como una grave amenaza a un proceso que, de aprobarse la iniciativa, ya no dependerá de instituciones como la Fundación Nacional del Indio (Funai), vinculada al Poder Ejecutivo.
De este modo se paralizarían definitivamente los procesos demarcatorios en curso, advierten organizaciones indígenas y grupos que los apoyan.
Ante esta situación, el viernes, 300 indígenas bloquearon por cerca de una hora la carretera BR-364, en Río Branco, estado de Acre (oeste de Brasil). La medida se sumó a otros dos bloqueos realizados el día anterior, cuando la polémica propuesta estaba siendo debatida en la Cámara de Diputados.

Bloqueo de vías

La jornada de protesta del 22 de octubre la protagonizaron indígenas del pueblo Wassu Cocal, que bloquearon ambos sentidos de la carretera BR-101, en el estado de Alagoas (extremo este de Brasil), en el municipio de Joaquim Gomes.
Horas más tarde, cerca de 100 indígenas de la etnia Kariri-Xocó bloquearon la misma carretera a la altura del municipio Porto Real do Colégio, en rechazo también a la referida enmienda constitucional.
De acuerdo a la policía federal, los nativos efectuaron su protesta colocando y quemando troncos en la pista, hasta las 16 horas, luego de que efectivos de la policía se acercaron para negociar el despeje de la vía.

Coro de reclamos

Al día siguiente, 23 de octubre, las protestas se trasladaron a la ciudad de Palmas, en el estado de Tocantins, donde se inauguraban los Juegos Mundiales Indígenas 2015, con la presencia de la mandataria Dilma Rousseff y otros altos funcionarios del Estado.
Según informaron medios de comunicación locales, el programa de la colorida ceremonia fue interrumpido por un indígena que pidió el micrófono para exigir a la presidenta el respeto para los pueblos tradicionales y la demarcación de tierras indígenas, la cual se ve hoy amenazada por la inminente aprobación de la PEC 215.
Otro pedido fue que se destituya a Katia Abreu, ministra de Agricultura y supuesta aliada de los grandes terratenientes, principales opositores a cualquier medida que reconozca derechos a los pueblos originarios del país.
En las tribunas del recinto también se sintió el rechazo a la PEC 215. Se pudo apreciar así a grupos de originarios portando efusivos carteles y llamando la atención de las autoridades presentes en la ceremonia.

PEC 215

La propuesta es cuestionada porque le quita al Gobierno Federal la facultad para demarcar tierras indígenas, quilombos y áreas protegidas.
Con la propuesta lo que se busca es que dicha facultad recaiga sobre el Congreso Nacional, que en adelante sería el encargado de aprobar eventuales propuestas de demarcación enviadas por la Fundación Nacional del Indio (Funai). Actualmente el Ministerio de Justicia tiene la potestad de demarcación.
Para la coordinadora regional de la Funai del Alto Purus, Maria Evanízia, la PEC 215 posibilita revisar el proceso de tierras que ya han sido demarcadas.
Indicó que la gente considera ese cambio como un retroceso. Recordó que la demarcación de tierras es un derecho de los indígenas y afirmó que la controversial enmienda representa una amenaza para las políticas indígenas.
El martes 20, los parlamentarios opositores a la norma debatieron sobre ésta pero la sesión quedó suspendida. La votación se realizaría la próxima semana.
El PEC 215 data de más de una década. En mayo de este año, 70 organizaciones de todo Brasil firmaron un manifiesto público en contra de esta medida.

Supayaku y Naranjos superan divisionismo provocado por minera Águila Dorada

Servindi, 23 de octubre, 2015.- Las diferencias existentes entre dos comunidades indígenas del norte de Perú, atizadas por la empresa minera Águila Dorada, llegaron a su fin luego que dirigentes de ambas comunidades reiniciaron el diálogo para unir criterios en defensa de sus intereses comunes.
El 16 de octubre se celebró un encuentro entre la Organización Regional Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), con representantes de la comunidad de Supayaku, y la Organización Regional Aguaruna de San Ignacio (ORASI), con representantes de la comunidad nativa de Naranjos.
Se trató de un importante cita para el pueblo Awajún de Cajamarca, la cual tuvo lugar en la comunidad de Yamakey, anexo de la comunidad nativa de Supayaku.
El evento contó con la asistencia de aproximadamente 60 personas que respaldaron plenamente el encuentro y reafirmaron la decisión de retomar el diálogo como pueblos hermanos, unidos en la defensa territorial y en el rechazo a la minería que contamina sus territorio y los divide.
Alberto Ramos, nuevo presidente de ORASI, y Albercio Bazán, presidente de ORFAC, dirigieron la reunión con sus directivos y comuneros de base, quienes participaron junto a sus apus o jefes tradicionales de una y otra comunidad.
Asistieron representantes de los anexos de Supayaku, sólo tres en el caso de Naranjos. La ausencia del apu de la comunidad central de Naranjos generó suspicacia ya que conocía de la convocatoria.
Además, se hicieron presentes Neire Unkuch, consejero regional awajún de Cajamarca; Wilmer Jeremías, responsable de la Oficina de Enlace de Asuntos Nativos de San Ignacio y el Teniente Alcalde de la Municipalidad de Huarango.

Antecedentes

Ambas comunidades estuvieron divididas varios años a raíz de la decisión de los anteriores dirigentes de ORASI de firmar de manera inconsulta un convenio con la empresa minera Águila Dorada para que esta realice actividades de exploración en sus territorios.
La desavenencia se produjo por el impacto negativo que dicha actividad ocasionaría a la vecina comunidad de Supayaku.
Según una nota informativa de la asociación Fedepaz, el pueblo de Naranjos decidió el 23 de agosto la salida de los dirigentes anteriores de ORASI, cuestionados por su “actuar turbio, agresivo y en beneficio propio”.
De acuerdo a la misma nota, los cuestionados dirigentes “consiguieron anclarse en sus cargos el tiempo suficiente para mantener a la población de Naranjos en estado de confusión, desinformación y tensión”.
Los dirigentes alimentaron “constantemente la idea de un ataque por parte de Supayaku, incrementando el miedo y el resentimiento entre ambas comunidades que tuvieron que privarse de confiar y encontrarse a pesar de ser hermanas y compartir familias”.

Acuerdos

Uno de los acuerdos fue interpelar al apu de Naranjos por su ausencia, lo que indicaría su alianza con la cuestionada directiva anterior de ORASI y la empresa minera que les habría otorgado beneficios personales.
También rechazaron las graves amenazas que por vía telefónica recibió en plena asamblea el responsable de la Oficina de Asuntos Indígenas de San Ignacio, quien apoya el diálogo entre ambas comunidades, amenaza de la que fueron testigos los asistentes y quedó registrada en actas.
Como organización aliada en la zona e invitada por ambas organizaciones a participar de este encuentro, Fedepaz expresó su rechazo a cualquier manifestación violenta en contra de quienes conducen el proceso de diálogo.
También expresó su respaldo al restablecimiento de los lazos de hermandad del pueblo awajún de Cajamarca y al empoderamiento de sus líderes desde el respeto de la voluntad de su pueblo

Es inminente el retorno de la piedra Kueka a Venezuela

El IPC ha adelantado las gestiones necesarias en conjunto con otros organismos. A su regreso de Alemania se realizarán actos ceremoniales para finalmente resarcir el daño a la comunidad indígena de la Gran Sabana

La piedra Kueka a su llegada a Berlín (al fondo la Puerta de Brandenburgo)

El Estado venezolano, a través del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) emprendió las gestiones pertinentes para retornar a la Gran Sabana la Piedra Kueka, un elemento sagrado de la cosmogonía del pueblo pemón, que fue extraída ilegalmente de Venezuela en 1998, en los estertores del gobierno de Rafael Caldera, e instalada en un parque en la ciudad alemana de Berlín.
La piedra pesa aproximadamente 30 toneladas y es de jaspe por lo que es una piedra semi preciosa. Su ubicación original era Santa Cruz de Mapaurí, en el Parque Nacional Canaima, a media hora de Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar.
“Es un elemento sagrado para el pueblo pemón, que ellos consideran un miembro de su comunidad convertido en piedra. Hay otra piedra que es el abuelo (también de jaspe). Esas dos piedras estaban juntas”. La piedra Kueka (es el  nombre propio), es la abuela”, explica Héctor Torres, presidente del IPC.
Natalia Medrano, directora de Puesta en Uso Social del IPC, explica que el mito indígena dice que “eran dos miembros de comunidades pemón diferentes, y se fugaron juntas lo que era prohibido.  Entonces un piasán -que es como un personaje de alto rango espiritual- los convierte en piedra y quedan ahí juntas. Y con el pasar del tiempo se transformaron en los abuelos”.
Medrano, quien ha visitado en cuatro ocasiones a esa comunidad indígena, comenta que los pemones han señalado la extracción de la piedra Kueka como causa de la tragedia de Vargas en 1999, porque “dicen que es un elemento sagrado que tiene su lugar en la naturaleza y al ser removido, tocado e intervenido, se producen tormentas y lluvias; la naturaleza de queja”.

FUE EXTRAÍDA PARA GLOBAL STONE

“Los abuelos son los que portan la sabiduría del pueblo” y  para los pemones estas piedras (abuela y abuelo) “son miembros de su comunidad como si fueran seres vivos”, dice Medrano. “Los chamanes se comunican con ellos”, agrega Torres. “Para ellos la extracción de esa piedra, es el secuestro de un ser de su comunidad”, “tal cual como si alguien secuestrara una abuela”, dice.
La roca fue extraída por un ciudadano alemán llamado Wolfan Von Schwarzenfeld, para esto utilizó maquinaria, transporte terrestre y marítimo, sufragado por él.  La razón de esta extracción es que la piedra Kueka formara parte de su proyecto personal llamado Global Stone (http://www.globalstone.de), de “carácter metafísico, relacionado con activar energías para la paz del mundo”. “Si se quiere es un proyecto con unos objetivos altruistas, pero contrariamente genera un daño”, dice Torres, que atribuye a la “arrogancia del primer mundo”. Von Schwarzenfeld tomó cinco piedras, una de cada continente. La de América fue la que extrajo de Venezuela, y las exhibe en el parque metropolitano Tiergarten, en el centro de la ciudad de Berlín.
En la página de Global Stone se pueden apreciar las fotos del proceso de extracción de la Kueka, y algunas son expuestas por Von Schwarzenfeld como prueba de que se realizó la remoción de la piedra de manera consentida.
“Nosotros partimos del hecho de que esa extracción es ilegal, y eso está establecido jurídicamente”, dice Torres. La piedra es parte del patrimonio natural del Parque Nacional Canaima. Y posteriormente fue declarada bien cultural. La Procuraduría General de la República y la Consultoría Jurídica del Ministerio del Ambiente se pronunciaron. La piedra fue sacada del país como una donación, autorizada por Héctor Hernández Mujica, presidente del Instituto Nacional de Parques para la fecha, pero ese acto ha sido declarado nulo por la “manera fraudulenta” en como se realizó.

CONTRA LA VOLUNTAD DEL PUEBLO PEMÓN

El secuestro de la piedra Kueka no se dio sin resistencia, aclara Torres. Primero Von Schwarzenfeld la extrajo con maquinaria y la colocó en un camión, y cuando la transportaba, el pueblo pemón se percató de lo que sucedía. La comunidad indígena detuvo el transporte durante dos meses en el kilómetro 88 de la carretera de la Gran Sabana, con ayuda de la Guardia Nacional, narra Torres. Pero en ese lapso, Von Schwarzenfeld, hace varias gestiones, entre éstas, consigna unas pruebas sobre la naturaleza de la roca que certifican que no se trata de jaspe sino de una “arenisca”. Y finalmente, logra que Héctor Hernández Mujica le done la piedra a Alemania.
La piedra además fue tallada y pulida lo que para el pueblo pemón constituye un agravante. Durante todos estos años la comunidad indígena y grupos de apoyo ha hecho diversas manifestaciones para el retorno de la roca. Su devolución es un acto responsable por parte del Estado, a fin de resarcir el daño causado en concordancia con “el tratamiento que la da la Constitución  Nacional a los pueblos indígenas”, expresa Torres. Además del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, han intervenido los ministerios para las Relaciones Exteriores y Ambiente.
Desde 1999 el Estado ha solicitado la repatriación de la piedra Kueka, pero nunca se había avanzado en las gestiones administrativas como se ha hecho en los últimos cinco meses. Era necesarios algunos pasos previos como “establecer la ilegalidad del hecho”, contactar a la municipalidad de Berlín, contar con los recursos económicos para financiar el transporte y traslado hacia Venezuela (debe costearlo el país que hace el reclamo del bien cultural), y prever  los actos ceremoniales que la comunidad pemón ha solicitado se deben realizar cuando arribe a Venezuela.
“Todo esto hace que el regreso de la piedra Kueka sea inminente, sea hoy, mañana o en un mes. No tenemos ninguna  duda de que ese elemento regresará al país, por  todo lo que hemos avanzado”, afirma Héctor Torres. “Es un acto de justicia y una expresión de resistencia de los pueblos”, y “establece una diferencia muy clara entre lo que era la ética de la Cuarta República y lo que es la ética del Gobierno Bolivariano, que se comporta completamente distinto frente a los derechos de los pueblos”, expresó Torres.

T/Florángel Gómez
F/ Cortesía IPC