Brasil: Se intensifican discusiones sobre conflictos por la tierra en el Amazonas

Servindi.- El cuerpo de la activista, enfermera y, sobre todo, defensora del derecho a la tierra, María das Dores dos Santos Salvador, fue hallado a mitad de agosto en plena carretera. Sus captores y asesinos le descerrajaron una docena de tiros. Compartimos a continuación un informe publicado en Adital sobre este caso y otros parecidos.Según explica Cristina Fontenele, autora de la nota, Dora, como también se le conocía a la líder comunitaria, desde hace más de cuatro años enfrentaba amenazas.
Ella había realizado 25 denuncias contra “Pinguelão”, personaje que sería el principal responsable del comercio ilegal de lotes en la comunidad de Portelinha, en el estado de Amazonas, noroeste de Brasil.
Dora estaba sola en la lucha, recuerda Fontenele, ya que ninguna de las denuncias que hizo fue investigada, lo mismo que pasa una y otra vez con los defensores y defensoras de tierras en esta parte del mundo.
Ahora las amenazas las sufren el esposo de Dora y sus hijos. La policía no actúa. Algunas iniciativas vienen surgiendo a fin de seguir su caso. El trágico destino de Dora también lo tuvieron otras personas. La nota repasa así otros casos y la relación que tienen con determinadas actividades.
A continuación el informe:

Caso Dora: asesinato de activista recalienta denuncias sobre conflictos de tierra en el Amazonas

Dora denunciaba hace años la venta ilegal de tierras en la región de Iranduba y ya había realizado 25 denuncias.

Por Cristina Fontenele
El asesinato de la líder comunitaria María das Dores dos Santos Salvador, de 52 años, conocida como Dora, ha intensificado las discusiones sobre los conflictos por la tierra en el Estado de Amazonas. Dora fue secuestrada el último 12 de agosto, en su casa, en la comunidad de Portelinha, Municipio de Iranduba, a 27 kilómetros de Manaus.
Su cuerpo fue encontrado al día siguiente con 12 tiros y marcas de violencia, en el km 40 de la carretera estadual Manoel Urbando, la AM-070.Dos sospechosos están presos, el chofer Adson Días da Silva (38 años), conocido como “Pinguelão”, y el casero de Dora, Ronaldo de Paula da Silva (21), que confesó su participación en el delito.
La activista, que también era enfermera, venía hace años denunciando la venta ilegal de tierras en la región. Dora luchaba por el derecho a la tierra, a la vivienda de calidad, seguridad, salud y educación. Hace por lo menos cuatro años que la líder comunitaria enfrentaba amenazas, habiendo realizado 25 denuncias contra “Pinguelão”, que sería el principal responsable del comercio ilegal de lotes en la comunidad.
Según las denuncias, él se autodenominaba propietario de las tierras, expulsaba a los habitantes por la violencia y vendía los terrenos. Otras comunidades de Iranduba también sufrieron ese tipo de accionar.
El miedo y la inseguridad aún persisten en la comunidad y algunos habitantes piensan mudarse. Conversando con Adital, Clara Motta, de la coordinadora de la Comisión de la Pastoral de la Tierra (CPT) del Amazonas, dijo que Dora estaba sola en la lucha, pues ninguna de las denuncias hechas fue investigada. “Hay una desidia muy grande. La Policía, que debía garantizar la vida, no garantizó la de la propia Dora.
Ella no fue escuchada y murió”. Según Clara, la CPT recibe, con frecuencia, a personas que están bajo coacción, pero llegan desacreditadas por el sistema policial. “Quien sufre amenaza se queda callado, pues, si pide ayuda, es humillado. La Policía dice que esas personas están mintiendo”.
Adson (“Pinguelão”) fue uno de los primeros líderes de la Comunidad de la Portelinha, sin embargo, de acuerdo con Clara, él pasó a funcionar como “entregador” para los apropiadores ilegales de tierra de la región, rivalizando con Dora, que “perturbaba” los planes de Adson.
Clara comenta que la tierra es un gran negocio en el Amazonas, con la regularización priorizando a empresarios, facilitando el camino de las inmobiliarias, mientras que, para los agricultores, ha sido un proceso largo.
El esposo de Dora, Gerson Priante, teme por su vida y la de sus hijos. Según Clara, Gerson pidió ayuda a la CPT y denunció que el caso de Dora está siendo “ocultado” y las investigaciones no se están realizando. Conjuntamente con Gerson, Clara informa que cinco líderes de la comunidad están siendo amenazados, con por lo menos otras 30 personas saliendo de sus tierras, pues tuvieron sus casas destruidas. “Ellas se sienten aisladas y la Policía no actúa. Mientras no haya reforma agraria, siempre habrá amenazas y muertes”.
Familiares y amigos de Dora pretenden crear un comité para hacer el seguimiento de las denuncias de conflictos de tierra en la región, con el nombre de “Comité Dora”. La expansión inmobiliaria, con la falta de regularización fundiaria en el municipio y la facilidad de acceso, después de la inauguración del puente sobre el Río Negro, serían factores agravantes de los conflictos de tierra en Iranduba.

Movimientos populares y sociales en acto público, el 18 de agosto, en la Plaza de los Tres Poderes, Municipio de Iranduba, en protesta por el asesinato de la líder de la Comunidad Portelinha.

De acuerdo con datos de la CPT, hasta julio de 2015, ya se registraron 23 asesinatos en conflictos en el campo en Brasil, de los cuales 22 se produjeron en la Amazonia – Pará (11), Rondonia (10) y Maranhão (uno). El año pasado, en el mismo período, fueron 20 asesinatos en todo el país. Involucrado con los proyectos de las hidroeléctricas de Belo Monte, la de Tapajós, el Estado de Pará fue donde más se mató en Brasil en conflictos del campo, en 2014.
La CPT pide investigaciones más profundas sobre el caso de Dora y solicita medidas de la Defensoría Agraria Nacional, que ya envió oficio al delegado general de Policía Civil del Estado y a otros órganos competentes, pidiendo la designación de un equipo especial de la Policía Civil para investigar el homicidio de la líder comunitaria.

Otros casos

La coordinadora de la CPT cita otras situaciones de conflicto en la región del Amazonas. También en Iranduba, hace más de cinco años, la comunidad Igarapé do Bode vive un grave conflicto de tierra. 140 familias salieron de las áreas ribereñas en las que vivían debido a las crecidas de los ríos para proteger sus semillas y mudas. A lo largo de ese período, ya hubo dos reintegras de propiedad, pero la comunidad entró con una apelación y espera la decisión.
En la BR 174, que une el municipio de Presidente Figueiredo con Manaus, cerca de 300 familias están ubicadas en el ramal ZF4. Esta comunidad también vive los conflictos por la tierra. “Hay una apropiación ilegal de tierras grande en los municipios alrededor de Manaus”, dice Clara.
Conversando con Adital, otro líder comunitario amenazado cuenta su historia. Antonio Henrique Machado de Souza, de la comunidad Nobre, ubicada en el barrio Santa Etelvina, ya sobrevivió a tres atentados de muerte. El primero ocurrió en diciembre del año pasado.
El segundo, en marzo de este año, cuando su casa recibió disparos, estaba junto a su hijo de siete años. “Sobrevivimos porque fuimos hacia el fondo de la casa”. El último episodio ocurrió en abril de 2015, en una emboscada en el kilómetro 26 del camino AM-010 (Manaus – Itacoatiara). “Corrí y me escondí en el baño de una escuela”.

De acuerdo con datos de la CPT, hasta julio de 2015 ya se registraron 23 asesinatos en conflictos del campo en Brasil, de los cuales 22 ocurrieron en la Amazonia – Pará (11), Rondonia (10) y Maranhão (un).

Souza cuenta que todo comenzó cuando un terreno que sería utilizado por el entonces gobernador del Amazonas, Eduardo Braga (Partido del Movimiento Democrático Brasilero – PMDB), fue invadido por apropiadores ilegales, que lotearon y comenzaron a vender las tierras. El espacio iba a albergar la construcción de casas populares, pero terminó siendo abandonado por el Estado.

Souza compró uno de esos lotes sin saber que eran ilegales. Cuando descubrió que los documentos eran falsos, denunció el caso de la operación a la Policía Civil, conocida como “Gaia”. Sin embargo, según Souza, las investigaciones no se realizaron, entonces, la comunidad decidió ocupar y distribuir la tierra, para impedir el avance de los apropiadores ilegales.
De acuerdo con el líder comunitario, la comunidad Nobre es una ocupación “consolidada”, con más de tres años. En ese período, ya hubo cinco reintegros de propiedad, pero las familias que actualmente son unas 600, continúan resistiendo. “El Estado está omiso, no toma ninguna actitud.
Cuando recibe la notificación, dice que no tiene interés en la lucha. Ya hubo varias muertes, que fueron denunciadas y todas con sospechas sobre los apropiadores ilegales”. Souza denuncia la actuación del delegado Joel de Almeida Farias y su esposa Roneise Markilane, que estarían del lado de los apropiadores ilegales de tierras e involucrados directamente en los atentados que sufrió.
—- Fuente: Adital: http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=86357