Los pueblos indígenas no quieren terminar en el patio trasero del mundo

Por Tami Okamoto, Mario Zúñiga, Carlos Manuel Arbaiza
- La discusión sobre el Lote 192 (ex 1AB), el Lote petrolero más importante del Perú, ha quedado reducida a la pelea entre Petroperú y la Empresa Privada. Esta polarización difundida (y hasta apoyada) por diversos medios, ha ocultado un tema de fondo que es más importante: el destino de los pueblos indígenas que viven justo ahí, donde se ubican la mayor cantidad de pozos petroleros del Lote 192. Estos pueblos han quedado excluidos tanto de decidir sobre el contrato que les afectará por las siguientes décadas (al no haber llegado a acuerdos con el Estado en la consulta previa) así como del debate nacional (entorno a Petroperú). Esta situación de exclusión e invisibilización pronostica un próximo Baguazo.

Detrás del telón: Los años de lucha y diálogo

El tema es complejo. Lo que queda claro es la apuesta de los pueblos indígenas por el diálogo y su voluntad por llegar a acuerdos y evitar conflictos.
Hace más de tres años se anunció la licitación del Lote 192. De manera oportuna, los Pueblos Indígenas de las cuencas del Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón unidos exigieron que se respete su derecho a la consulta y que para iniciar este proceso era necesario dar soluciones mínimas a los 40 años de contaminación petrolera sobre sus territorios en el Norte de Loreto – Perú.
De ese modo, los pueblos indígenas de las cuatro cuencas, representados por las organizaciones FEDIQUEP, FECONACO, ACODECOSPAT y FECONAT, lucharon unidos durante más de tres años, consiguiendo que el Estado reconozca la problemática de contaminación y destrucción territorial. En el camino FECONAT (de la cuenca del Tigre), se retiró de la unidad e inició una agenda propia. Mientras tanto, las otras federaciones continuaron la lucha por temas de fondo como salud, remediación ambiental, agua y saneamiento básico, titulación, compensación e indemnización.
La unidad en la lucha de las tres federaciones restantes dio como resultado que los gobiernos nacional y regional comprometan fondos para el presente año de hasta 150 millones de soles en los temas arriba mencionados. Se logró así financiamiento de estudios de salud (toxiológicos y epidemiológicos) con la colaboración de instituciones de prestigio internacional, incluyendo la Organización Panamericana de la Salud (OPS). También de estudios de remediación ambiental por medio de las Naciones Unidas y la posibilidad de ejecutar la remediación de sus territorios, de manera inmediata, por un total de 50 millones de soles como fondo inicial. En este marco, las organizaciones promueven además la creación de una ley que beneficie la gestión ambiental en el ámbito nacional, la titulación de 100 comunidades nativas, la instalación de sistemas de agua provisional especializados para sus comunidades (con la posibilidad de ampliación para el siguiente año), además de otros proyectos de desarrollo. Los mencionados compromisos se plasmaron formalmente en el acuerdo llamado: “Acta del 10 de marzo” (1).
Cabe resaltar que la firma del acuerdo se dio bajo dos situaciones. Primero, el Estado no respondió a todos los temas propuestos como condiciones mínimas antes de licitar nuevamente el lote petrolero por otras tres décadas (no se llegaron a acuerdo sobre compensación e indemnización). Segundo, aun con estas limitantes, los pueblos indígenas decidieron que era necesario iniciar el proceso de consulta y licitación pues comprendían la importancia de este lote petrolero para la economía del país.
Claro que esto último se realizó con el compromiso especial del Estado que acordó ver la posibilidad de hacer modificaciones en el contrato petrolero para fortalecer las garantías ambientales y sociales en el futuro. En otras palabras, como cualquier peruano, los pueblos no quieren que se repita la historia de ese pasado atroz. Necesitaban garantías.
Aun así, con toda la disposición y trabajo de los pueblos de propiciar oportunamente un proceso adecuado de consulta y licitación (previendo situaciones de apuro económico y conflictividad), el Estado, paquidérmicamente, tardó más de tres años en lograr acuerdos (Acta del 10 de marzo) y con ello condiciones adecuadas para iniciar la licitación. Y por si fuera poco, a la fecha viene incumpliendo esos acuerdos ya suscritos en materia de titulación, remediación y salud.

El Estado concluye irregularmente la Consulta, excluyendo a las comunidades más afectadas

El proceso de consulta para el lote 192, se dio con dos federaciones unidas, FEDIQUEP (Pastaza) y FECONACO (Corriente), y una separada, FECONAT (Tigre), quien llevó su propio proceso. En el camino se creó una ONG llamada ORIAP (“Alto Pastaza”) que se impuso en el proceso con el aval del Ministerio de Cultura, sin ninguna explicación, consenso ni legitimidad para las demás federaciones.
El Estado decidió firmar las actas de consulta solo con FECONAT y con la ONG ORIAP bajo el pretexto que ha realizado un proceso transparente y beneficioso para los pueblos porque se incluiría un fondo directo de 0.75% de la producción fiscalizada en el contrato petrolero para su beneficio (que equivale aproximadamente a un millón de soles anuales por cuenca). Ante ello, mientras la Federación FECONAT y la ONG ORIAP aplaudían al Estado, FEDIQUEP y FECONACO rechazaron esta propuesta por las condiciones inadecuadas del diálogo (se les dio dos horas para decidir sobre una propuesta inflexible en su totalidad, además de existir otros puntos vitales pendientes de acuerdos). De esta manera, y en medio de amagues de parte del Estado para dialogar con estas dos últimas federaciones (sin volverse a sentar con ellas), el MINEM dio por concluido el proceso de consulta luego de una semana y media. A partir de ello, el 29 de agosto, el Ejecutivo emitió el decreto aprobando el contrato con la transnacional Pacific Stratus.
En ese marco, es importante hacer notar, por un lado, que las comunidades representadas por FEDIQUEP y FECONACO, con quienes no se firmó ningún acuerdo a pesar de estar en diálogo, representan a pueblos que están cinco veces más afectados por la explotación petrolera, ya que en sus territorios se encuentran 11 de las 13 Baterías (conjunto de pozos) del lote 192 (2).

No quieren que se repita la historia (el desastre) para sus hijos

Para los pueblos indígenas del Pastaza y Corrientes siempre quedó claro que fuera quien fuera la empresa que ingrese a operar en sus territorios (sea Pacific o Petroperú), esta debe dar respuesta clara a los siguientes interrogantes que plantearon en el proceso de consulta y a los cuales no se terminó de dar solución:

• ¿Mejorarán en pocos años la infraestructura petrolera (que es tan antigua como el lote) para reducir los riesgos de contaminación?
• ¿Cumplirán con cambiar los oleoductos y mejorar la tecnología de manera inmediata?
• ¿Aceptarán que se titulen los lugares donde están las instalaciones petroleras (lo cual se les ha negado durante décadas a las comunidades) y pagarán servidumbres equitativas?
• ¿Financiarán un monitoreo independiente como parte de las obligaciones de la empresa y no como una carga a los beneficios de las poblaciones?
• ¿Generarán beneficios directos adecuados para las comunidades? ¿O se les entregará un fondo infame que no alcanza ni para refaccionar una escuela como es el 0.75% de la producción fiscalizada (3)?
• ¿Realizará Estudios Ambientales (EIAs, P.Abandono, PDS) con plena participación indígena, consultando y llegando a consensos sobre estos estudios?
• ¿Establecerá un plan de desarrollo local que permita a lo largo de los próximos 30 años una paulatina ruptura de la dependencia de la empresa petrolera?
• ¿Asegurarán fondos especiales para la vigilancia toxicológica y epidemiológica de poblaciones expuestas a metales pesados y otros contaminantes?
• Finalmente, ¿asegurarán que si existieran conflictos entre la empresa y los pueblos indígenas, recurrirán al diálogo y no a la represión?

Estas largas interrogantes permiten entrever que las comunidades con más pozos petroleros del Lote 192 no están a favor ni en contra de Petroperú ni de ninguna empresa en particular. Queda claro que las comunidades, comprendiendo su historia, desconfían de todas las empresas petroleras (incluso de Petroperú quién operó por décadas en sus territorios dejando contaminación). Por su parte, el Estado se desentiende de las políticas energéticas que para las comunidades se beneficien, así como del cuidado ambiental, el respeto cultural y la determinación de sus prioridades de desarrollo y visiones indígenas.
Por otro lado hay que decir que estas interrogantes no surgen de “indígenas anacrónicos”, detenidos en el tiempo (como algunos suelen calificarlos), sino de una visión de modernidad que mantiene un enfoque de control del territorio y del tipo de cambios culturales equitativos que ellos quieren.
En ese sentido, lo que defienden las organizaciones indígenas es que se respete mínimamente sus derechos y no se repita, ni con Pacific ni con Petroperú, ni con ninguna empresa, el desastre que ya han sufrido en esta zona, llevándolos a transformaciones desiguales.

Adicción rentista y el otro costo de la nacionalización hidrocarburífera

Ante tanta destrucción en los territorios donde se produce el petróleo, hay un silencio cómplice desde la comodidad urbana de Loreto y el Perú y las cuantiosas rentas petroleras que han recibido durante décadas.
Cuando Iquitos se movilizó de la mano del Gobierno Regional de Loreto, de FECONAT, de algunos congresistas de la República e intelectuales “energéticos”, el tema del Lote 192 pareció haber quedado reducido a que ingrese una empresa petrolera nacional a contaminar y destruir territorio indígena por el “bien” de todos los peruanos, es decir, que ingrese Petroperú.
Resulta extraño el pedido sobre Petroperú de parte de la actual dirigencia de la FECONAT. En ninguna de sus actas de consulta existe referencia alguna que señale que las comunidades del Tigre proponen que opere Petroperú en su territorio (4). Además, es esta misma federación indígena quien, en medio de aplausos y agradecimientos a la Ministra del MEM, firmó el acta de consulta el 14 de agosto; acta que, como señalaba la misma Ministra, era necesaria para permitir el ingreso de la empresa extranjera (Pacific Stratus). Teniendo a la Ministra en frente, ¿por qué firmó sin mencionar siquiera a Petroperú y luego, días más tarde, lo convirtió en su agenda de lucha en el paro de Iquitos? ¿Qué llevó al pueblo Kichwa del Tigre, representada por FECONAT, a pedir que Petroperú entre a destruir sus territorios, cuando este pueblo había luchado por tantos años por el respeto de sus derechos contra toda empresa petrolera contaminadora y conocía, además, las atrocidades cometidas por Petroperú en territorio indígena? ¿A quiénes entonces representa y beneficia la agenda, la bulla y el paro de Iquitos?
A pesar que las comunidades representadas por FEDIQUEP y FECONACO del Pastaza y Corrientes plantearon al Gobierno Regional, congresistas e intelectuales de la nacionalización y soberanía energética, las interrogantes mencionadas arriba (propuestas mínimas para garantizar una vida digna y segura ante los riesgos de la actividad petrolera en sus territorios), la mayoría de ellos, finalmente las invisibilizó.
Sobre este punto tenemos, por ejemplo, la posición de Humberto Campodónico, expresidente de Petroperú, en cuyos artículos periodísticos insiste incansablemente en lo beneficioso que sería Petroperú en el Lote 192 para la refinería de Talara y “todo el Perú”. Sin embargo, no se refiere ni una sola vez a las condiciones que Petroperú adoptaría con respecto a la problemática ambiental y social del lote. ¿Será que esta omisión, sobre el desastre ambiental, los vacíos normativos, la falta de seguridad territorial y las deficiencias tecnológicas existentes, es otro de los costos que tampoco asumiría Petroperú?
Tenemos al Gobierno Regional de Loreto (GORE-Loreto), rostro político de la propuesta por Petroperú, que, sin embargo, viene incumpliendo su compromiso de titular las comunidades en el ámbito de este mismo lote (siendo esta una condición para iniciar la licitación misma). Luchando, las tres federaciones, FECONACO, FEDIQUEP y ACODECOSPAT, lograron comprometer al Ejecutivo de transferir al GORE-Loreto 3.5 millones de soles para la titulación de sus comunidades como paso previo a la licitación. Después de medio año, y habiéndose transferido parte de este fondo, no sólo el Gobierno Regional incumple su compromiso sino que se niega a responder las comunicaciones de las federaciones y oculta (hasta tergiversa) la agenda de estos pueblos que confiaron en él.
Es lamentable cómo se defiende la nacionalización por nacionalización, la soberanía energética por soberanía y control, todo a ultranza de lo que le pase a “esos nativos de la frontera” de donde se saca el petróleo. Es lamentable que la adicción rentista de ciudades amazónicas y costeñas termine, igual que en la Colonia, convirtiendo el territorio de los pueblos en su patio trasero. Solo que ahora será patio trasero de la “soberanía energética” pues al final, para los pueblos, no cambia mucho en lo que ya los vienen convirtiendo: el patio trasero del entreguismo neoliberal.

Posibilidades frente a la colo-nacionalización

La agenda de nacionalización hidrocarburífera y pueblos indígenas no puede simplificarse al pedido hecho por una sola federación indígena (FECONAT) para que sea Petroperú quien contamine sus territorios.
La soberanía energética es importante, pero insuficiente si no considera una mirada integral sobre el desarrollo desde los pueblos indígenas, sobre la base del respeto a sus derechos y, además, mecanismos específicos para viabilizar dicho proyecto político.
Lo más lamentable es que incluso en países como Bolivia, donde se materializó en 2003 la nacionalización de hidrocarburos con el objetivo mayor de generar condiciones para superar las limitaciones estructurales del país (pobreza, subempleo, bajos índices de Desarrollo Humano, política socioambiental inadecuada, etc); aun cuando se pensó la nacionalización como instrumento para lograr construir un nuevo modelo de desarrollo respetando los derechos de todos y de los pueblos originarios, la preservación del ambiente y todo lo que actualmente se entiende como el “Vivir Bien”, ni siquiera ahí se ha logrado hoy materializar estos objetivos “de fondo” en beneficio de los pueblos indígenas (5). Por el contrario, hoy este mismo régimen legitima, con su política de nacionalización, la exclusión de los pueblos, como de hecho ocurrió en el conflicto del TIPNIS y ahora con el pueblo guaraní del Chaco.
Y es que, cuando los movimientos sociales y pueblos indígenas atentan contra la preservación del núcleo de la gobernanza de recursos naturales de Estados rentistas, esos mismos actores y temas son nuevamente expulsados a la periferia (6).
Entonces, ¿qué pueden esperar nuestros pueblos de un proyecto de nacionalización hidrocarburífera cuando en el país ni siquiera discutimos temas de fondo (ya avanzados por el pueblo boliviano por ejemplo) que debieran ir de la mano con dicha soberanía energética aun en el momento más álgido de este debate que lleva años? ¿Qué podemos esperar hoy, cuando un Apu del Lote 192 le plantea a los políticos y académicos de la “nacionalización” preguntas acerca de la manera en que Petroperú abordaría la problemática económica, social y ambiental en sus territorios explotados y estos lo entierran detrás de su bandera de nacionalización sin darle respuestas concretas ni defenderlo?
Es necesario que desde la nacionalización hidrocarburífera se planteen debates más complejos, se discutan propuestas desde las luchas, se aprenda de los errores, se ponga sobre la misma balanza los derechos y las visiones indígenas. En general, que se deje de invisibilizar a los pueblos cuyos territorios terminan siendo explotados. De nada nos sirve ser calco ni copia de modelos “colo-nacionalizadores”; debiéramos proyectarnos a crear interculturalmente nuestros propios procesos de plurinacionalización.
Y profundizando aún más en la perspectiva de colo-nacionalización de los recursos (los cuales son mercantilizados y disminuidos en su complejidad), debemos recordar que la nacionalización hidrocarburífera tiene como idea básica conservar y asegurar recursos estratégicos. Por tanto, conserva una carga tradicional de tinte militarista considerando estos recursos estratégicos en el marco de una perspectiva de control para su extracción ilimitada (7).
Sin embargo, esta visión económico-militarista de nacionalización de recursos estratégicos confrontan y colonizan otros recursos (y para tal caso, otras formas de vida y visiones de desarrollo); recursos que en todo caso también debieran ser considerados estratégicos, como, por ejemplo, el agua, los bosques o el territorio para los pueblos indígenas.
Finalmente, en un debate que complejice y brinde mayores matices respecto a la nacionalización de recursos, deberíamos incluir aspectos que apunten paulatinamente hacia una menor y nula dependencia de recursos que destruyen territorios a cambio de miserias, a cambio de que pueblos (como los del lote 192) terminen finalmente inmersos en más décadas de destrucción indigna.

Peligros y advertencias

De vuelta al lote 192 nos topamos con que los atropellos por parte del Estado y la invisibilización de la colo-nacionalización no quedan en el silencio para ellos. Por eso, ahora las comunidades del Pastaza y del Corrientes, representadas por FEDIQUEP y FECONACO, se están movilizando pacíficamente por la lucha contra el olvido y el abuso, contra la pérdida del control de sus propias vidas.
Reiteran, LAS PROTESTAS NO SON PARA QUE INGRESE PETROPERU. NO. Son para que se respeten los derechos de pueblos excluidos de protección y beneficios en las décadas de explotación petrolera por venir. Son debidas a que el MINEM y el Viceministerio de Interculturalidad llevaron un proceso de consulta indigno, concluyéndolo de manera arbitraria y lleno de vicios procesales. Son para que se cumplan los compromisos establecidos hace más de medio año con el Estado.
Si se detiene la producción petrolera del lote 192 y el caño de la renta de Iquitos, por causa de estos incumplimientos y violaciones de derechos por parte del Estado (gobierno nacional y regional), ojalá a los pueblos indígenas no se les llame antipatriotas, salvajes; no se los criminalice, como ha solido suceder a lo largo de la historia.
Ojo, ellos tampoco son pueblos indiferentes a la necesidad enferma de petróleo de las ciudades; nos comprenden, y han decidido continuar con la explotación petrolera. Es decir, no están en contra de las empresas petroleras, pero tampoco están a favor de que se explote sin que se respete su derecho a la consulta y se les humille, dejándolos de lado de una decisión tan importante para su existencia y la de sus hijos. De ahí que acciones de represión serían absurdas.
Y esto último lo advertimos con mayor énfasis y será necesario mantenernos vigilantes. Ello porque el contrato con la operadora Pacific Stratus permite ahora que tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior brinden las medidas de seguridad necesaria para la operadora (Cláusula 19.9). Asimismo, señala que Perupetro pedirá el apoyo de las autoridades correspondientes para asegurar la operación continua prevista por el Operador (Cláusula 19.8). No sería la primera vez. Existen antecedentes de represión e incluso tortura sobre esta población por ejercer su derecho a la protesta para exigir que respeten su territorio.
Y es que ningún peruano quiere otro Baguazo. Ningún peruano quiere que los pueblos indígenas terminen en el patio trasero del mundo. Mucho menos que terminen en el patio trasero de nuestra marquetera nacionalización hidrocarburífera, ofreciendo la sangre que alimenta nuestra ingenua, cómplice y hasta genocida comodidad.
Andoas, 14 de septiembre de 2015
Notas:
(1) Visitar www.observatoriopetrolero.org
(2) Ver Informe 411-2014-OEFA-DS/HID
(3) Ver Base de Datos del MEF: Proyecto de Inversión Pública para la refacción de Instituto Educativo de Andoas (variante Agropecuario) que supera el valor de un millón de soles.
(4) Ver “Plan de Consulta del Lote 192 Cuenca del Tigre” y “Acta de Consulta Previa Cuenca Tigre” en www.perupetro.com.pe
(5) Azeñas Alcoba, Roxona (2012) ¿Hacia dónde nos dirigimos en Bolivia? Un análisis crítico de los hidrocarburos y la necesidad de un viraje en su gestión. En: Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas Transiciones y alternativas al extractivismo en la región andina?Una mirada desde Bolivia, Ecuador y Perú. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES
(6) Andrade A., Pablo (2015) “El gobierno de la Naturaleza. La gobernanza ambiental posneoliberal en Bolivia y Ecuador” En: de Castro, Fabio et al (Eds.) Gobernanza ambiental en América Latina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; ENGOV.
(7) Fornillo Bruno (2014). ¿Commodities, bienes comunes o recursos estratégicos?. La importancia de un nombre. En Nueva Sociedad. 252. Buenos Aires. FES.