Foto: La Hora de Ecuador
Servindi.- La Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE) manifestó su rechazo al proyecto de Ley
de Tierras y Territorios Ancestrales, que respalda el Gobierno, por
considerar que “beneficia al agronegocio y no resuelve el problema del
latifundio ni promueve la reconstitución de los territorios”.Así lo dio a conocer en el marco de los debates organizados para abordar la norma en la Asamblea Nacional, norma que en síntesis plantea lo siguiente: la tierra que no cumpla con una función social y ambiental será expropiada y pasará a un fondo nacional de tierras.
Si bien ayer jueves 17 se abordaron algunos ejes de la propuesta en lo que fue el segundo debate, las discusiones no llegaron a su fin por lo que se vio necesario que el martes 22 se retome el tema para su votación.
Según explica la CONAIE en un comunicado, esta norma no será capaz de transformar el campo ecuatoriano.
“La ley ignora adrede el problema estructural del latifundio y la concentración de la tierra, al obviar definir ambos conceptos y, en consecuencia, no genera ningún instrumento real para democratizar la estructura agraria”, sostiene la organización.
Precisa además que la norma no crea mecanismos para la reconstitución de territorios ancestrales, ni genera mecanismos para la garantía de derechos colectivos, entre otros puntos.
Autoridad Nacional
El proyecto de Ley de Tierras es cuestionado también debido a que plantea la creación de la Autoridad Agraria Nacional, oficina en la cual los indígenas no tendrían participación en la toma de decisiones.Al igual que ha ocurrido con otras oficinas, el nuevo organismo que se busca crear “deja en manos de la tecnocracia agraria el desarrollo de planes y proyectos, la generación de información y la elaboración de los criterios para medir la productividad”, advierte la CONAIE.
En ese sentido, Jorge Herrera, presidente de la organización indígena, expresó su malestar debido a que la propuesta de una Autoridad Agraria sin participación indígena demuestra que no se tomaron en cuenta sus planteamientos respecto a la creación de un Consejo Plurinacional.
“Ponen una autoridad agraria y desplazan los criterios y luchas constantes por las tierras y los territorios que han mantenido desde un principio los agricultores y todos los ecuatorianos”, dijo Herrera en declaraciones recogidas por el diario La Hora.
Por su parte, el asambleísta Mauricio Proaño (PAIS), vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que estuvo a cargo de armar el proyecto, dijo que ese es un tema que ya se discutió para el caso de la Ley de Aguas.
Según su razonamiento, incluir un Consejo Plurinacional resulta inviable, porque la Constitución prohíbe que el regulado sea a su vez regulador, es decir que no puede ser juez y parte, explicó.
Sobre el proyecto de ley
Tal como señalan medio locales, el proyecto establece una redistribución de la tierra improductiva y cinco causales para su expropiación. Éstas son el incumplimiento de la función social, ambiental, encontrarse inexplotada, que se den prácticas monopólicas y por presión demográfica.Se excluyen los predios cuya superficie sea inferior a 25 hectáreas en la sierra, 75 hectáreas en la costa y 100 en la Amazonia.
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