DETENER EL ECOCIDIO MINERO EN LA CUENCA DEL ORINOCO ES URGENTE
Detener el ecocidio minero en la cuenca del Orinoco es urgente
Un exhorto al Gobierno Nacional
Un llamado a las defensoras y defensores de la vida, a las organizaciones y movimientos sociales, al pueblo venezolano.
Desde
mediados de febrero de este año, en el marco de la llamada Agenda
Económica Bolivariana y la activación de los “Motores Productivos”, el
gobierno nacional ha decidido poner definitivamente en marcha la
megaminería en Venezuela, a una escala nunca antes vista.
Uno de
los proyectos bandera de esta nueva expansión del extractivismo es el
Arco Minero del Orinoco, anunciándose con orgullo un proyecto que
implica la apertura a unas 150 compañías internacionales, de un vasto
territorio de más de 111.000 kms2, el doble de la superficie
correspondiente a la Faja Petrolífera del Orinoco y con una extensión
equivalente a todo el territorio de Cuba o de Bulgaria.
Bajo
acuerdos muy flexibles y favorables para las compañías transnacionales, y
basado en la liberalización y desregulación de zonas completas
contempladas como “Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional”, se está
impulsando la megaminería a cielo abierto de oro, diamantes, coltán,
entre otros, en una zona caracterizada por un delicado
equilibrio ecológico, de gran importancia para el desempeño integral
de la vida en el país.
La
minería a cielo abierto y el uso de cianuro que ella supone han sido
prohibidas en varios países y regiones del mundo, dado que es una de las
actividades industriales más agresivas y letales, en términos
ambientales, sociales y culturales. Eso lo ha reconocido el propio
Ministerio del Ambiente venezolano cuando se le revocó la concesión a la
minera canadiense Gold Reserve Inc. en el año 2009. EN
LOS ANTECEDENTES DE ESTE TIPO DE EXPLOTACIONES NO FIGURAN CASOS EN LOS
QUE NO SE HAYAN CAUSADO SEVEROS DAÑOS SOCIOAMBIENTALES IRREVERSIBLES. NO
EXISTE LA MEGAMINERÍA “AMIGABLE CON EL AMBIENTE”.
La enorme
remoción de la capa superficial de tierra que provoca esta minería,
amenaza con una severa depredación de importantes y delicadas áreas
naturales, como por ejemplo las Reservas Forestales del Imataca o del
Caura. Las cantidades de agua dulce usadas para obtener solo un gramo de
oro superan con creces a otras actividades industriales y
agroindustriales. Son conocidos los crecientes problemas de
contaminación y acceso al agua de la región norte de Venezuela, que
junto a la creciente situación de inestabilidad climática y
vulnerabilidad energética, como la que atraviesa la Central
Hidroeléctrica Simón Bolívar en estos momentos, se verían agravados por
el incremento de la minería.
El Arco
Minero, cuyos impactos se sumarían a los del proyecto de la
Faja Petrolífera del Orinoco, se desarrollaría en el medio de la cuenca
hidrográfica más importante del país, amenazando con secar en una gran
proporción y contaminar aún más fuentes de agua vitales para el
sostenimiento del ecosistema y la vida humana.
De
llevarse a cabo lo acordado por el gobierno para el Arco
Minero, varios pueblos indígenas se verían seriamente vulnerados. En la
actualidad, los ye´kuana y sanemá en la cuenca del río Caura, o los waraoen
el Delta del Orinoco, por mencionar sólo algunos, padecen los
efectos de la contaminación con mercurio, enfermedades y agresiones por
parte de diversos actores, producto de la minería ilegal. También se ven
afectados los e’ñepa, kari’ña, pemón, mapoyo, wotjüja, y yabarana entre otros.Una
escala mayor de actividad minera podría generar la destrucción de sus
bases materiales de vida, su desarraigo, la violación de sus derechos
humanos y, en última instancia, su desaparición. Por ello consideramos
la necesidad de difundir un alerta al respecto.
La vida
en Venezuela, incluso en las ciudades, es posible gracias a sus fuentes
de agua, a sus ciclos hídricos, a su biodiversidady a su complejo y
delicado entramado ecológico. La enorme devastación ambiental que
conlleva el proyecto del Arco Minero del Orinoco tendría un impacto
tremendo sobre ella.
La
imposición de este enorme sacrificio sobre la vida social y natural se
plantea en nombre de la “estabilización económica”, el “desarrollo” y la
“diversificación” de la economía. Sin embargo, este proyecto refuerza
el carácter rentista y extractivista de la economía venezolana,
incrementando sus niveles de dependencia y vulnerabilidad, nuestra
sumisión al capital foráneo, y alejándonos de la construcción de un
modelo de economía sostenible, inclusivo y centrado en la vida.
Esta
declaración es un llamado de atención y una convocatoria ante el peligro
que se cierne sobre nuestro país derivado de los planes de expansión
minera. Estamos ante una oleada sin precedentes de mercantilización de
la naturaleza. NOS MANIFESTAMOS EN CONTRA DE ESTE PROYECTO ECOCIDA Y
ETNOCIDA.
Adherimos
a lo ya expresado por algunas personalidades y organizaciones populares
en el sentido de realizar todas las acciones conducentes a la
INTRODUCCIÓN DE UN RECURSO DE AMPARO PARA DETENER ESTE PROCESO DE
ACTIVACIÓN DEL ARCO MINERO DEL ORINOCO.Exhortamos a la demarcación de
tierras de todos los pueblos indígenas del país, como lo consagra la
constitución, y clamamos por el respeto de las figuras existentes de
protección de áreas naturales en las cuales se ESTABLECE UNA PROHIBICIÓN
PERMANENTE DE LA MINERIA.
Exigimos a las autoridades que se saquen a la luz pública los contenidos de los convenios mineros firmados o por firmar.
Apoyamos y
exhortamos a la difusión y despliegue de una campaña de información a
toda la población venezolana para que esta conozca las particularidades,
riesgos y consecuencias de la megaminería.
Invitamos
a la organización y movilización de la ciudadanía en torno a las
exigencias y compromisos de participación democrática y protagonismo que
deben acompañar la construcción de consensos sociales sobre las
conveniencias y/o inconveniencias de la opción minera.
Apoyamos
la promoción de un Foro Nacional sobre minería y nos manifestamos a
favor de la multiplicación y difusión de amplios debates sobre el modelo
de sociedad que queremos, así como la sistematización de propuestas y
alternativas que existen, y que están vinculadas a políticas públicas de
estímulo a la agricultura en diversas escalas, usos diferentes de las
reservas naturales, como el turismo sustentable, proyectos de energías
sostenibles, o una nueva arquitectura de distribución de las rentas que
reconozca la diversidad cultural y que tenga un sentido de justicia
social y ambiental, entre varias propuestas más.
La
defensa de la vida y el ambiente son una obligación de Estado, y es un
derecho y un deber de todas y todos los venezolanos, consagrado en la
Constitución de la República (arts. 127, 128 y 129).
81. Indira Rodríguez, asistente de Educación Inicial / Grupo Ambientalista Waku
82. Thairon Martínez, productor nacional independiente, Guarataro Films.
83. Patricia Granados, ingeniero de producción
84. Ernesto J. Navarro, periodista – Premio Nacional de Periodismo “Simón Bolìvar”
85. Indira Carpio Olivo, periodista – articulista
86. Gabriel Picón Nava, Fundación Dos Aguas / Observatorio de Aguas
87. Isabel Alfonzo Ríos, ingeniero en Energía y Ambiente
88. Beatriz Pantin
89. Fresia Ipinza
90. José Romero Losacco, Universidad Bolivariana de Venezuela
91. Marx
Gómez, Laboratorio de Ecología Política del Centro de Estudios de la
Ciencia, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
92. Marhylda
Victoria Rivero Corona, Laboratorio de Ecología Política del Centro de
Estudios de la Ciencia,Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas
93. Manuela Blanco, antropóloga y cineasta
94. Diana Ovalles, periodista/Colectivo Panacuates/Las Vainas son Verdes
97. Marianela Tovar, historiadora Universidad Central de Venezuela
98. Delia Polanco, docente-investigadora Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela
99. Yolanda Serres Voisin, docente investigadora
100. Dr.
Marcos Rosa-Brussin, profesor titular, jubilado de la Universidad
Central de Venezuela, Físico Química, Petróleo y Petroquímica, y
Ambiente
101. Gioconda Espina, profesora FACES, Universidad Central de Venezuela y psicoanalista
102. Nereida
Carrión, profesor titular jubilado de la Universidad Central de
Venezuela, Dra. Química analítica, investigadora en Ambiente
103. Gabriel Gil, Campaña Venezuela libre de Transgénicos
104. Gloria
Iraima Mogollón Montilla, Docente investigadora Universidad Central de
Venezuela, Especialidad Lingüística y Literatura
105. Cariaco (Colectivo Amplio para la Retoma e Investigación de la Agricultura Campesina y Originaria)
106. Daniel Gil Rosado, músico
107. Lenin Bandres, filósofo
108. Dra. Tibisay Pérez, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
109. León Moraria, Escritor/Vanguardia Antiminera
110. Jorge Ernesto Rodríguez Rojas, profesor titular, Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad de Carabobo
111. Pedro Ortega Osuna, Dr. en Química
112. Leonor Fernández, PDVSA GAS
113. Enrique Rey Torres, sociólogo/CELARG
114. Tania Abreu Petkoff, Colectivo EcologArte
115. Elías Capriles, profesor jubilado de filosofía, Universidad de los Andes (ULA)
116. Francisco
Javier Ruíz Marfil, Centro de Estudios de las Transformaciones
Sociales, Ciencia y Conocimientos del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas
117. Francia Medina, antropóloga, Escuela de Antropología, Universidad Central de Venezuela
118. Livia Vargas-González, profesora universitaria Sociología, Universidad Central de Venezuela
119. Rongny Sotillo, comunicador visual
120. José Luis Revete, educador
121. Miguel Petrace, Colectivo La Voz Del Monte
122. Olga Palacios, Colectivo La Voz Del Monte
123. Vladimir Aguilar Castro, Universidad de Los Andes, Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)
124. María
Victoria Canino, socióloga, Laboratorio de Ecología Política del Centro
de Estudios de la Ciencia, Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas
125. Nayralda
Lobo, comunicadora social, Laboratorio de Ecología Política del Centro
de Estudios de la Ciencia, Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas
126. Vera
Sanoja Zerpa, socióloga, Laboratorio de Ecología Política del Centro de
Estudios de la Ciencia, Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas
127. José Miguel Cruces, biólogo (UNESR)
128. María Angela Petrizzo, Colectivo Comunalizar Conocimiento
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