San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
19 de marzo de 2013
Boletín de prensa No. 07
Entre la política sistémica y las alternativas de vida
Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas durante los gobiernos federal y estatal 2006-2012
Este Centro de Derechos Humanos presenta “Entre la política sistémica y las alternativas de vida, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas durante los gobiernos, federal y estatal 2006-2012”.
Desde
las tareas cotidianas de documentación, durante el período,
corroboramos que el sexenio pasado se caracterizó por dar continuidad y
profundizar de manera sistemática, violaciones a los derechos humanos en
contra de la población en el territorio nacional.
En primer término, se destaca: las violaciones a los derechos humanos hacia la población civil en general, con
el argumento y en nombre de la seguridad, utilizando mecanismos de
control territorial a través de la militarización del país; la tortura
como método de investigación y destrucción de la persona; el aumento
desbordado de las personas desaparecidas forzadamente; el incremento de
los feminicidios y asesinatos que se suman a la larga lista de casos en
impunidad.
En segundo término:
las acciones represivas en contras de las comunidades y pueblos que
resisten y reivindican derechos específicos, en particular las
agresiones al territorio de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (BAEZLN), como continuidad de la estrategia
contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano.
De lo anterior, también podemos sostener que en el sexenio que concluyó, la brecha entre los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y el ejercicio y práctica de éstos, fue cada vez más amplia.
Así mismo en el informe presentamos que en la disputa por el territorio la legalidad del despojo territorial
de los pueblos indígenas ha seguido su marcha, a través de proyectos
neoliberales que contemplan elementos de seguridad nacional y protección
a la inversión de empresas ligadas a los gobiernos que tienen intereses
en estos territorios de gran riqueza natural.
La libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos se
siguen realizando en un contexto de guerra: La criminalización de la
protesta social y la persecución a los líderes sociales, por un lado; el
acoso y persecución a las defensoras y defensores de los derechos
humanos, por el otro. Esto nos habla de un Estado represor con métodos
de control social al pueblo organizado.
El conflicto armado interno en Chiapas
se caracterizó, en este sexenio por la continua y amplia presencia
militar, sobre todo en las comunidades indígenas en la zona de
influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La estrategia
contrainsurgente implementada va desde la confrontación directa hasta la
implementación de proyectos sociales en conjunto con algunas agencias
de las Naciones Unidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
La
estrategia se ha afinado, se ha adecuado a las nuevas situaciones, se
ha deslizado hacia nuevas tácticas de la guerra integral de desgaste; ha
utilizado los argumentos con un lenguaje en pro de los derechos
humanos, con énfasis en los derechos colectivos de los pueblos indígenas
y de un discurso de respeto a las comunidades autónomas y a las Juntas
de Buen Gobierno; discursos falsos y vacíos de contenido, ya que en el
fondo está la intención de acallar y controlar, apropiarse de sus
argumentos y recursos, dividiendo y provocando enfrentamientos en las
comunidades.
Estos
énfasis de violaciones a los derechos humanos que hacemos patente
continúan con el gobierno en el poder del Partido Revolucionario
Institucional, que por antonomasia se ha caracterizado por ser
represivo, demagógico y controlador de la vida de los ciudadanos, copta a
medios masivos y a cualquier otro grupo que quiera hacer sombra al
sistema de gobierno.
Ante
estos tiempos adversos las comunidades, los pueblos, las y los
sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, encuentran nuevas
fuerzas, nuevas energías de esperanza para continuar con la exigencia de
justicia.
Como respuesta a este contexto de impunidad las personas se organizan desde la memoria y en construcción de alternativas que reinventan buenas y nuevas formas de vida en la defensa y ejercicio efectivo de sus derechos como pueblos.
Las
comunidades y pueblos en resistencia, continúan en la defensa de sus
territorios, su marco de derechos son los Acuerdos de San Andrés y demás
leyes y costumbres emanadas desde la autonomía, los cuales se han
ampliado en la construcción de su Gobierno alternativo y ejemplar. un
buen gobierno: justicia, salud y educación acorde con sus necesidades,
una producción con respeto a la vida, la naturaleza y una democracia
directa y radical.
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