El 27 de noviembre de 2008, en horas de la noche, un sicario
asesinó a tres combativos dirigentes obreros del estado Aragua: Richard
Gallardo, presidente de la UNETE-Aragua; Luís Hernández, dirigente
sindical de Pepsi Cola y Carlos Requena, delegado de prevención de
Produvisa. Los tres sindicalistas se encontraban en Cagua,
luego de apoyar la huelga en la empresa Alpina, la cual había sido
reprimida por Poliaragua. El triple asesinato causó indignación entre
organizaciones sindicales del país, mientras que iniciativas gremiales
de otros países exigían una investigación expedita y transparente de los
hecho, lo que motivó que el propio presidente Chávez declarara, 01 de
diciembre 2008, que una “transnacional era sospechosa de los hechos”. El
16 de enero de 2009, el Ministerio Público acusó a Julio César
Arguinzonez, trabajador de la empresa Pepsi Cola, como el presunto autor
material del asesinato. Familiares de las víctimas y dirigentes de la
UNETE-Aragua rechazaron la versión que presentaba el asesinato como un
“ajuste de cuentas”. Incluso, trabajadores de la Pepsi Cola
testimoniaron que Arguinzonez se encontraba trabajando al momento del
asesinato. A pesar que es el único responsabilizado, hasta el día de hoy
el juicio se mantiene paralizado.
En otro lado del país, el 26 de noviembre de 2009 era asesinado, bajo la misma modalidad del sicariato, un joven videoactivista de 23 años y colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad de Barquisimeto (Covicil), Mijaíl Martínez. Mijaíl era hijo de Víctor Martínez, fundador en la región del movimiento bolivariano e indoblegable en la denuncia de los abusos policiales y militares contra los sectores populares. Las acusaciones de Víctor no fueron denunciadas sino que, paradójicamente, motivaron su expulsión del Movimiento V República y su inhabilitación política. El asesinato de Mijaíl era un mensaje tanto a las denuncias del padre como al trabajo de organización popular promovido por el Covicil. Cuando esto se escribe el asesinato de Mijaíl Martínez se mantiene impune.
Ante la ausencia de celeridad en las instancias locales de los casos de luchadores sociales asesinados, han tenido que comenzar a llevarse ante el Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos en la búsqueda de justicia. Es el ejemplo de Joe Castillo, asesinado el 27 de agosto de 2003 en Machiques, municipio Perijá del estado Zulia. Castillo era abogado y Coordinador General de la Oficina de Acción Social y Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Machiques, cuyo trabajo estaba orientado a los pueblos indígenas y personas refugiadas , orientación legal a víctimas del conflicto colombiano, así como apoyo legal a los campesinos vinculados con los procesos de recuperación de tierras. Un mes antes del crímen Castillo había renunciado a su trabajo y hacía trámites para mudarse al centro del país. En el ataque realizado por una pareja de motorizados, fueron heridos su esposa y su hija. En noviembre de 2012 la Corte Interamericana comenzó a deliberar si existía impunidad estatal y omisión de los órganos de administración de justicia en la investigación del atentado Joe Castillo, ante la ausencia de responsables materiales e intelectuales del hecho.
Como ya es noticia el pasado 03 de marzo, el cacique yukpa y defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas Sabino Romero fue asesinado en la Sierra de Perijá, estado Zulia, en horas de la noche, cuando transitaba por la carretera del Tokuko, rumbo a un evento electoral. Su esposa Lucía también fue herida por el ataque de los sicarios. Romero se convirtió en una figura pública a partir del año 2003, fecha del anunció de la triplicación de la explotación carbonífera en la Sierra del Perijá, tras lo cual convocó a las comunidades del Rio Yaza a resistirse al proyecto que los desplazaría de sus territorios. Sabino encabezó la acción de comunidades yukpas para hacer efectiva la demarcación y entrega de tierras indígenas, como lo establece la Constitución, para lo cual ocupaba fincas ganaderas asentadas sobre territorios originarios. Sabino fue centro de una campaña de criminalización en su contra realizada por ganaderos, medios de comunicación regionales así como por medianos y altos funcionarios gubernamentales. El líder indígena había denunciado amenazas de muerte en su contra, las cuales no fueron investigadas diligentemente por las instituciones estatales. ¿El asesinato de Sabino romperá el círculo de impunidad que rodea a los asesinatos de luchadores populares en los últimos años?
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
investigacion@derechos.org.ve
@fanzinero
Romero se
convirtió en una figura pública a partir del año 2003, fecha del anunció
de la triplicación de la explotación carbonífera en la Sierra del
Perijá, tras lo cual convocó a las comunidades del Rio Yaza a resistirse
al proyecto que los desplazaría de sus territorios
Gallardo, Hernández y Requena no serían los únicos luchadores por los
derechos laborales asesinados por sicariato. El 25 de abril de 2010,
también en Aragua, dos sicarios asesinaron al dirigente sindical de la
empresa Manpa Jerry Díaz. UNETE Aragua sumaba otros sindicalistas
muertos con Luis Delgado, Edraás Vásquez, y Ramiro Ponce, mientras que
en el 2007 cayó Carlos Méndez, dirigente sindical merideño, el único
homicidio que ha logrado una sentencia condenatoria contra sus
responsables.En otro lado del país, el 26 de noviembre de 2009 era asesinado, bajo la misma modalidad del sicariato, un joven videoactivista de 23 años y colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad de Barquisimeto (Covicil), Mijaíl Martínez. Mijaíl era hijo de Víctor Martínez, fundador en la región del movimiento bolivariano e indoblegable en la denuncia de los abusos policiales y militares contra los sectores populares. Las acusaciones de Víctor no fueron denunciadas sino que, paradójicamente, motivaron su expulsión del Movimiento V República y su inhabilitación política. El asesinato de Mijaíl era un mensaje tanto a las denuncias del padre como al trabajo de organización popular promovido por el Covicil. Cuando esto se escribe el asesinato de Mijaíl Martínez se mantiene impune.
Ante la ausencia de celeridad en las instancias locales de los casos de luchadores sociales asesinados, han tenido que comenzar a llevarse ante el Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos en la búsqueda de justicia. Es el ejemplo de Joe Castillo, asesinado el 27 de agosto de 2003 en Machiques, municipio Perijá del estado Zulia. Castillo era abogado y Coordinador General de la Oficina de Acción Social y Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Machiques, cuyo trabajo estaba orientado a los pueblos indígenas y personas refugiadas , orientación legal a víctimas del conflicto colombiano, así como apoyo legal a los campesinos vinculados con los procesos de recuperación de tierras. Un mes antes del crímen Castillo había renunciado a su trabajo y hacía trámites para mudarse al centro del país. En el ataque realizado por una pareja de motorizados, fueron heridos su esposa y su hija. En noviembre de 2012 la Corte Interamericana comenzó a deliberar si existía impunidad estatal y omisión de los órganos de administración de justicia en la investigación del atentado Joe Castillo, ante la ausencia de responsables materiales e intelectuales del hecho.
Como ya es noticia el pasado 03 de marzo, el cacique yukpa y defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas Sabino Romero fue asesinado en la Sierra de Perijá, estado Zulia, en horas de la noche, cuando transitaba por la carretera del Tokuko, rumbo a un evento electoral. Su esposa Lucía también fue herida por el ataque de los sicarios. Romero se convirtió en una figura pública a partir del año 2003, fecha del anunció de la triplicación de la explotación carbonífera en la Sierra del Perijá, tras lo cual convocó a las comunidades del Rio Yaza a resistirse al proyecto que los desplazaría de sus territorios. Sabino encabezó la acción de comunidades yukpas para hacer efectiva la demarcación y entrega de tierras indígenas, como lo establece la Constitución, para lo cual ocupaba fincas ganaderas asentadas sobre territorios originarios. Sabino fue centro de una campaña de criminalización en su contra realizada por ganaderos, medios de comunicación regionales así como por medianos y altos funcionarios gubernamentales. El líder indígena había denunciado amenazas de muerte en su contra, las cuales no fueron investigadas diligentemente por las instituciones estatales. ¿El asesinato de Sabino romperá el círculo de impunidad que rodea a los asesinatos de luchadores populares en los últimos años?
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
investigacion@derechos.org.ve
@fanzinero
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