El 3 de marzo de 2013, el cacique Yukpa y defensor de los
derechos de los pueblos indígenas y a la tierra Sabino Romero Izarra fue
asesinado mientras viajaba en una carretera de la Sierra de Perijá, estado de
Zulia. Su esposa fue herida como consecuencia del ataque. Sabino Romero Izarra
era un destacado defensor de los derechos de la comunidad indígena Yukpa, quien
participaba en campañas y movilizaciones pacíficas en contra de la expansión de
la explotación minera a gran escala en tierras indígenas. Antes de su
asesinato, el defensor de los derechos humanos fue continuamente objeto de
actos de hostigamiento, amenazas y criminalización, como resultado de su
trabajo para promover y proteger el derecho a la tierra y los derechos de los
pueblos indígenas en Venezuela.
El 3 de marzo de 2013, aproximadamente a las 7 de la noche,
Sabino Romero Izarra y su esposa viajaban en la carretera Tokuko en la Sierra de Perijá, con rumbo
a votar en una elección indígena, cuando fueron atacados por un grupo de
supuestos sicarios. Mataban a tiros a Sabino Romero Izarra, mientras que su
esposa sufrió heridas.
La Sierra
de Perijá es una cordillera ubicada en el estado de Zulia, en la frontera con
Colombia. Dentro de la zona están ubicados varias fincas ganaderas y una
importante mina de carbón, conocida como Carbon de Guasare, un proyecto
conjunto entre el Gobierno Venezolano y varias empresas extranjeras. Grupos
indígenas, entre ellos los Yukpa, reclaman la Sierra de Perijá como territorio ancestral y han
luchado por el reconocimiento de sus derechos ancestrales durante los últimos
50 años. Sabino Romero Izarra cumplía un papel importante en esta lucha,
incluso por haber llevado a cabo acciones directas y pacíficas, como la
ocupación de tierras indígenas controladas por propietarios de las fincas
ganaderas. Participaba también en movilizaciones pacíficas para protestar
contra la minería a gran escala en la zona, que en gran parte está cubierta por
bosque nuboso.
Como resultado de su trabajo, Sabino Romero Izarra fue
continuamente amenazado y acosado, y el objeto de hostigamiento judicial. En el
2012, el padre de Sabino Romero Izarra, José Manuel Romero, quien tenía 109
años de edad, murió después de haber sido severamente golpeado. Hasta la fecha,
nadie ha sido llevado ante la justicia por este asesinato, supuestamente
cometido por el propietario de una finca ganadera local. En el 2009, después de
la ocupación de una finca en Chaktapa, estado de Zulia, por dos comunidades,
entre ellas la de Sabino Romero Izarra, el defensor de derechos humanos fue
detenido durante 18 meses, acusado de ser responsable del asesinato de tres
personas indígenas durante la ocupación. El 14 de octubre de 2009, en el marco
de la difusión de un programa de radio nacional, el Viceministro del Medio
Ambiente Sergio Rodríguez habría acusado a Sabino Romero Izarra de robar
ganados, de quemar las casas de familias Yukpa y de explotar la lucha de título
de propiedad "para su propio beneficio". Además, el defensor de los
derechos humanos recibió una serie de amenazas de muerte, mientras que su hogar
fue allanado en varias ocasiones por oficiales del ejército.
Front Line Defenders desea manifestar su firme condena ante
el asesinato de Sabino Romero Izarra, y su convicción de que es consecuencia de
su labor legítima y pacífica como defensor y líder de los derechos indígenas y
a la tierra. Front Line Defenders también expresa su grave preocupación por la
seguridad y la integridad física y psicológica de la esposa de Sabino Romero
Izarra, así como de otros defensores de los derechos de los pueblos indígenas
en la Sierra
de Perijá.
Front Line Defenders insta a las autoridades venezolanos a
que:
1. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e
imparcial sobre el asesinato del defensor de los derechos humanos Sabino Romero
Izarra;
2. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar en
todo momento la seguridad y integridad física y psicológica de la esposa de
Sabino Romero Izarra y de otros defensores de los derechos indígenas el la zona
de la Sierra
de Perijá;
3. Aseguren que todos los defensores de derechos humanos en
Venezuela, en particular los defensores de los derechos indígenas y a la
tierra, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos
humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones, incluyendo violencia,
amenazas y hostigamiento judicial.
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