El oro negro amenaza a la Amazonía ecuatoriana

En contra de sus propios dictados y la voluntad de los pueblos indígenas, el gobierno ecuatoriano abre áreas reservadas a la exploración petrolera.

Las promesas de progreso y obras a cambio de extraer el petróleo que yace bajo sus tierras no convencen a las naciones indígenas, que decidieron no permitir el ingreso de las empresas extractivas.

Ecuador. El anuncio del gobierno del presidente Rafael Correa de que evaluará la inversión petrolera en el Parque Nacional Yasuní, declarado zona intengible y hogar de comunidades waoranies, alertó a los indígenas, que ya conocen la contaminación y la división de pueblos que acarrea la extracción del oro negro. 

Tragos agrios para el ambiente

Nuevo Loja es una ciudad de 30 mil habitantes en el noreste de Ecuador. Todo el mundo llama a esta pequeña ciudad amazónica “Lago Agrio”, traducción de Sour Lake, ciudad de Texas donde empezó la larga historia de la compaña petrolera estadounidense Texaco, que en 2001 se fusionó con Chevron. El motivo es que, como Sour Lake, Lago Agrio se desarrolló alrededor de los pozos petroleros de Texaco: son más de 300 los que la compañía explotó en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990. Cuando se fue del Ecuador, Texaco dejó un desastre ambiental más grave del que causó British Petroleum en 2010 en el Golfo de México. Y no se trató de un accidente, sino de un desastre intencional.

“Nací a 200 metros del pozo petrolero, me crié en el medio de este desastre que para mí es la normalidad. Sólo cuando me mudé a otro lugar entendí que la vida aquí es diferente”, cuenta Donald Moncayo, originario de Lago Agrio, quien creció cerca de una de las 880 “piscinas” creadas por Texaco a lado de sus pozos, en las provincias de Socumbíos y Orellana.

“La compañía tiró desechos tóxicos en las piscinas”, explica Ermel Chávez, dirigente del Frente de Defensa de la Amazonía. “Vertió alrededor de 68 mil millones de litros de agua tóxica y 680 mil barriles de petróleo que, puesto que las piscinas no están revestidas, se filtraron hasta los ríos y los acuíferos”.

De hecho, las llamadas “piscinas” son simplemente grandes charcos de crudo en plena Amazonía. Cerca de ellas se registran las tasas más altas de cáncer, leucemia infantil y abortos espontáneos del país. Además, el desastre ambiental causó el desplazamiento de los pueblos indígenas de esta parte de la Amazonía y comprometió su identidad e integridad cultural, firmemente asociada con la salud del territorio.

En 1993, un grupo de personas demandó a Texaco ante un tribunal de Nueva York y al año siguiente se creó el Frente de Defensa de la Amazonía, que reúne a cerca de 30 mil personas. La empresa logró trasladar el proceso a Ecuador y logró que, en 1998, el Estado suramericano liberara a Texaco de toda responsabilidad aceptando la forma en que remedió algunas de las piscinas. Donald Moncayo, habitante de la zona, muestra que el remedio consistió en cubrir de tierra los charcos de crudo: sacó una muestra de tierra de una piscina remediada y la echó en un recipiente lleno de agua. En pocos segundos, ésta se hizo negra y aceitosa como el petróleo.

“En los Estados Unidos Chevron no hizo lo mismo”, denuncia Pablo Fajardo, abogado de los demandantes. “Aquí en el Ecuador se portó de esta forma criminal por ahorro económico y por racismo, porque consideran que la vida de los pueblos indígenas vale menos que la vida de cualquier norteamericano”.

En 2011 llegó la sentencia histórica: un tribunal de la provincia de Sucumbíos condenó a Chevron a pagar 9. 5 mil millones de dólares y a presentar disculpas públicas por lo ocurrido. Puesto que la empresa no las presentó, el tribunal subió la cifra a 19 mil millones de dólares; es la multa más alta impuesta a una transnacional por compensación de daños ambientales.

“Un juez estableció el embargo de los bienes de Chevron”, explica el abogado Pablo Fajardo. “La compaña no tiene bienes en Ecuador, pero Argentina firmó un tratado que permite que allí se ejecuten las sentencia dictadas en otro país. Un tribunal argentino estableció el embargo del cien por ciento de las acciones y dividendos que la compañía tiene en el país, a favor de una cuenta especial a nombre de los afectados de la Amazonía ecuatoriana. Esperamos seguir de la misma forma en otros países. Está próxima una sentencia en Canadá para ejecutar la sentencia en el país norteamericano”.

Sin embargo, el 4 de junio pasado la Corte Suprema argentina revocó el embargo de las acciones y dividendos de Chevron. Además, el 15 de octubre, en Nueva York, comenzará un nuevo proceso donde la empresa acusa a los demandantes de haber corrompido a los jueces ecuatorianos. “El daño ambiental es tan evidente que no hace falta corromper a ningún juez”, reviró Pablo Fajardo.

Oleoductos y contaminación

Desde Lago Agrio sale el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), una tubería de 530 kilómetros que atraviesa tres provincias y transporta el petróleo desde el lugar de extracción hasta las refinerías de Esmeraldas, en la costa del Pacífico ecuatoriano. Junto con el oleoducto, en los años setentas nació la vía Quito-Lago Agrio, que Texaco construyó justo para levantar el Sote. La carretera permite el enlace entre la capital y la selva, y atraviesa una geografía de ríos y quebradas, de montañas de 3 mil metros de altura y de bosques tropicales. Viajar por esta carretera permite gozar de un paisaje extraordinario, aunque la mayoría de su trayecto está acompañado por el Sote, que está suspendido a menos de un metro del suelo. Según la ley, a 15 metros de cada lado de la tubería está prohibido todo tipo de construcción, pero los colonos colonizaron también la orilla de esta serpiente que corre hacia el océano: el oleoducto fue absorbido en la vida de los habitantes de la zona, que lo utilizan como tendedero para ropa, como asiento en la parada del bus y hasta como calefactor de un gallinero.

El 31 de mayo 2013, una falla en el Sote causó el derrame de 11 mil 480 barriles de petróleo, con los que se pueden llenar 1.3 piscinas olímpicas. La noticia no es tan sorpresiva: el Ministerio del Ambiente ecuatoriano informa que entre 2000 y 2010, la media de accidentes en los oleoductos del país fue de casi 50 al año. El derrame del 31 de mayo pasado creó una mancha de crudo de unos 400 kilómetros en el río Coca que llegó hasta el Napo, el río que desemboca en el Amazonas pasando por Perú.

Tocando la zona intangible

Con su mancha negra, el Napo bordea al Parque Nacional Yasuní, una magnífica porción de la Amazonía que alncanza el segundo lugar en el mundo en cuanto a biodiversidad. El derrame causado por el Sote no es la única amenaza a este paraíso terrenal: en el parque ya se explotan cinco bloques petroleros, y en su zona “intangible” se encuentran el 20 por ciento de las reservas petroleras del país.

La zona intangible – llamada ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) – es objeto de la innovadora Iniciativa Yasuní-ITT, lanzada por el gobierno de Rafael Correa en 2007. “La lógica de la iniciativa es que, a cambio de que Ecuador deje el petróleo presente en el subsuelo del Parque Yasuní, la comunidad internacional – sean personas individuales, países o colectivos – contribuya con dinero”, explica Osvaldo León, coordinador de la ecuatoriana Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). “El gobierno dice: no explotamos pero necesitamos dinero para los programas de desarrollo. La iniciativa fue acogida muy bien sobre todo en Europa, pero a causa de la crisis económica muchos se echaron para atrás”.

La Iniciativa Yasuní-ITT permitirá mantener en el subsuelo unas reservas de 846 millones de barriles de petróleo a cambio de una inversión por parte de la comunidad internacional de al menos 3 mil 600 millones de dólares, equivalentes al 50 por ciento de los recursos que Ecuador percibiría si opta por la explotación petrolera. Sin embargo, en el mismo mes de marzo del 2007, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con las empresas Petrobras de Brasil, Sinopec de China y Enap de Chile sobre la posible explotación del ITT. De hecho, el proyecto contempla también la “opción B”, que prevé la explotación del campo ITT en el caso en que la iniciativa no alcance el monto de dinero establecido.

El 18 de junio de 2013, durante una entrevista con una agencia alemana, Correa reconoció que la Iniciativa Yasuní-ITT no recaudó lo que se esperaba y anunció que al final de julio, el proyecto será evaluado el proyecto. Los movimientos sociales temen que el gobierno decida hacer a un lado la iniciativa y decidir explotar el crudo presente. “La Amazonía representa más del 30 por ciento del territorio de Ecuador, pero en ella vive menos del 10 por ciento de la población ecuatoriana”, relata Ermel Chávez, del Frente de Defensa de la Amazonía. “Por esto tal vez la mayoría de la gente está a favor de la explotación petrolera, que permite la construcción de obras gracias al dinero que viene de las regalías, pero los que vivimos aquí tenemos todo que perder. La política petrolera del gobierno es confusa: habla de conservación de la naturaleza, pero al mismo tiempo quiere licitar nuevos bloques diciendo que utilizará tecnología de punta para no afectar al medio ambiente, aunque en la práctica no hay explotación petrolera que no contamine”. Chávez está convencido de que habrá explotación petrolera en el ITT, “aunque para recaudar lo fondos que el gobierno quiere hay otras alternativas: aplicando una tecnología mejorada pueden sacar más petróleo de los campos que ya existen y que están disminuyendo su producción. Otra forma para encontrar dinero es dejar de subsidiar los combustibles a las grandes empresas. La conservación tiene que ser una política de Estado, sin condiciones”, agrega.

Contaminación del tejido social

La explotación del ITT no causará sólo daños ambientales, puesto que la presión de las empresas que ya explotan al Yasuní es la causa principal del conflicto que desde 2003 sangra al parque. Desde que las compañías petroleras se instalaron ahí, empujaron a los pueblos indígenas hacia nuevos territorios a causa de la contaminación y del ruido, que les dificultan la caza y la pesca. Mientras algunos pueblos waoranis -como los taromenane y tagaeri- decidieron vivir en aislamiento voluntario como forma de resistencia para preservar su cultura-, otros waoranis aceptaron la presencia de las transnacionales petroleras. Napoleón Saltos, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, señala que una parte de ellos respalda los intereses de las compañas hasta el punto de realizar convenios de colaboración; incluso algunos jefes se vendieron.

El 5 de marzo de 2013, un grupo de taromenanes atropellaron a una pareja de waoranis con sus lanchas. Después de unas semanas, un grupo de waoranis armados con lanchas y rifles – proporcionados por las mismas empresas, de acuerdo con información del periódico digital El Sol de Pando– incendiaron y dispararon contra una cabaña de taromenanes. Treinta personas murieron y dos niñas fueron raptadas.

El sacerdote capuchino Miguel Ángel Cabodevilla, estudioso de los pueblos indígenas del Yasuní, denuncia que el gobierno es el responsable de las “Políticas de Protección a los Pueblos en Aislamiento”, establecidas en abril del 2007. Afirma que el gobierno debe respetar el artículo 57 de la Constitución de Ecuador, que afirma: “los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractiva”.

La explotación del oro negro amenaza a otros pueblos indígenas ecuatorianos. Con la XI Ronda Petrolera, cuyo término está previsto para el 16 de julio de 2013, el gobierno suramericano quiere licitar 13 bloques en el suroriente del país, en las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago, a través de contratos que serán firmados durante el último trimestre del año. La oferta fue presentada en Colombia, Estados Unidos, Francia, Canadá y China, principal socio comercial de Ecuador y país con que tiene una deuda de cerca de 9 mil 600 millones de dólares.

Osvaldo León, de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), considera que las negociaciones tienen características nuevas con respecto a los gobiernos anteriores. “Con Correa cambió la orientación en el manejo económico, que quiere fortalecer las relaciones sur-sur”, explica. “Se privilegian los acuerdos con empresas de países del sur con mayor participación estatal, y por esto algunas transnacionales petroleras interpusieron demandas de reclamo al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, institución del Banco Mundial nacida para resolver conflictos en materia de inversiones extranjeras). Cuando hay un concurso, las empresas con mayoría estatal tienen un nivel preferencial en la medida en que garantizan transferencia de know-how, mientras que los contratos de antes no preveían ninguna transferencia de conocimiento tecnológico”, señala. Agrega que una de las relaciones clave del gobierno ecuatoriano es con la empresa petrolera brasileña Petrobras, que pertenece al estado en un 51 por ciento. “Es una relación muy estratégica, puesto que el país carioca tiene un gran peso especifico en la región: el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil tiene más del 55 por ciento de las inversiones en desarrollo de América del Sur”, abunda.

El periódico gubernamental El Ciudadano reportó que las empresas que obtendrán la licencia de explotación de los nuevos bloques deberán realizar una inversión obligatoria mínima (en total, 115 millones de dólares) para el desarrollo económico y social de las comunidades ubicadas en esas áreas. Este dinero no será manejado por las compañías petroleras, sino entregado al Estado, que lo invertirá en los proyectos acordados con las comunidades.

Las nacionalidades indígenas ecuatorianas no creen que las obras prometidas compensen de verdad las afectaciones, ni que la explotación petrolera se pueda desarrollar sin afectar gravemente al medio ambiente. A través de su presidente Cristóbal Jimpikit, la Federación Shuar de Pastaza se declaró en pie de lucha: “Decidimos no permitir el ingreso de las empresas para realizar actividades de extracción en nuestro territorio. Declaramos el estado de máxima alerta frente a los planes de las empresas de ingresar a nuestras comunidades”.

Fuente: Desinformémonos

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Nuevos proyectos petroleros en la selva viviente

Sin importar los dictados de la Constitución, el gobierno lanzó nuevas licitaciones para explotar las tierras que pertenecen a ocho naciones indígenas.

Por MÓNICA MONTALVO

Ecuador. Los pueblos indígenas de la Amazonia ecuatoriana, que en el 2012 ganaron una demanda contra la empresa petrolera Texaco/Chevron y el Estado por daños a su ambiente y falta de consulta, enfrentan nuevas licitaciones que invadirán millones de hectáreas de su territorio.

“La selva es viviente. Si la destruimos, estamos destruyéndonos a nosotros mismos. La selva tiene espíritus y sitios sagrados; se reproduce sola; nos da de comer; nos da vida, aire puro y salud; nos da tranquilidad y también sosiego. Eso es riqueza para nosotros”, describe Franco Tulio Viteri Gualinga, kichwa amazónico de Sarayaku y presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.

Viteri fue un actor clave en la lucha que su pueblo realizó para exigir la retirada de la compañía petrolera argentina General de Combustibles (CGC) de su territorio después de 20 años de explotación. A pesar del este triunfo, el pueblo kichwa amazónico enfrenta una nueva amenaza, la onceava ronda petrolera. En 2012, el gobierno de Rafael Correo licitó 21 bloques para la exploración y explotación petrolera en Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y una parte de Napo. Esto equivale a 3.8 millones de hectáreas ubicadas en los territorios de siete nacionalidades: andoas, shuar, shiwiar, sápara, kichwa, waorani, achuar y el pueblo mestizo amazónico.

Sarayaku, caso emblemático

El Caso Sarayaku traspasó las fronteras de este país que se encuentra a la mitad de mundo, y se volvió emblemático a nivel internacional. Exhibió la exigencia de los pueblos indígenas y originarios de respeto y su derecho a decidir sobre su territorio, cultura e identidad frente a proyectos “extractivos”. Para los habitantes de Sarayaku, hablar de petróleo es hablar de una historia dolorosa. “Para nosotros representa la muerte. Llevamos más de 40 años con actividad petrolera en la región amazónica y lo que vemos es desolación, contaminación, división entre comunidades, desaparición de pueblos autóctonos, migración, delincuencia, prostitución y más cosas”, informa Franco.

El boom petrolero llegó a Ecuador a partir de 1972. Lo que en un principio se consideró como un “puerta al paraíso”, a lo largo de 40 años dejó ver la otra cara de la explotación petrolera: una incalculable destrucción ambiental y afectación social y a la salud de los pueblos, específicamente en la selva amazónica ecuatoriana. La región de la amazonia tiene 131 mil 137 kilómetros cuadrados y representa el 48.4 por ciento del territorio del Ecuador. Cuenta con ocho nacionalidades principales: achuar, cofan, huarani, quichua, secopai waorani, zapara, shiwiar, shuar y siona, además de pueblos en aislamiento voluntario (tagaeri y taromenane).

Antes del asentamiento en el norte de la selva de la compañía Texaco/Chevron, tuvieron presencia otras compañías, como Estándar Oil (en 1921) y Anglo Saxxon Petroleoum (en 1937). Durante los años cincuenta también se insertaron en el territorio las misiones evangélicas norteamericanas a través del Instituto Lingüístico de Verano, que ayudó a la introducción de las empresas trasnacionales con el pretexto de “civilizar”, junto con las fuerzas armadas, a los pueblos amazónicos.

La era Texaco -una de las compañías norteamericanas más grandes- inició en 1964 e implicó el envenenamiento los ríos de la Amazonia con 16.8 millones de galones de petróleo y 19 mil millones de galones de agua de formación; envenenamiento del aire por las quema deliberada de 235 mil 600 millones de pies cúbicos de gas; la instalación de más de 600 piscinas de desechos tóxicos (lodos y ripios de perforación que, sin tratamiento previo, fueron vertidos a los cuerpos de agua), sin contar el sin fin de derrames y la deforestación de aproximadamente un millón de hectáreas. A lo largo de los años, organizaciones y académicos documentaron estas afectaciones –son pruebas que sirvieron cuando el caso fue llevado a los tribunales.

Las consecuencias sociales fueron el aceleramiento de los procesos de extinción de los pueblos tetetes y sansahuari, rompimiento del tejido social por la división promovida por la compañía y el desplazamiento de los pueblos indígenas siona, secoya, cofan, quichua y huaorani de su territorio ancestral. Se presentaron impactos a la salud reflejados en enfermedades como cáncer, aborto, infecciones intestinales, respiratorias y de la piel, y trastornos nerviosos como pérdida de memoria, reseña Alexandra Almeida, responsable de la campaña de petróleo de Acción Ecológica Ecuador. Representados en la unión de afectados y afectadas por las operaciones de la petrolera Texaco (UDAPT), 30 mil pobladores lucharon contra las petroleras y llevaron a juicio a la empresa norteamericana.

La sentencia favorable a los pueblos en el caso Texaco/Chevron, por parte de la corte provincial de Sucumbíos, implicó el deber de la compañía de asumir su responsabilidad por los daños ambientales y por los impactos sociales, culturales y económicos que provocó durante sus operaciones en la zona. Texaco fue condenada a pagar más de 19 mil millones de dólares luego que se negó a cumplir con lo establecido en la sentencia inicial, que incluyó pedir disculpas a los afectados.

El caso de Sarayaku implica, como muchos conflictos ambientales, la disputa entre dos visiones de mundo que el dirigente indígena retrata claramente: “La riqueza de nosotros no la medimos en términos de dinero, sino en términos de aire puro y de agua limpia, de estar en amistad con la familia, de mantener la solidaridad, de mantener la minga y de estar en armonía con la naturaleza”, señala Viteri. Abunda que “aunque no tengamos carros o mucha ropa, una riqueza es el hecho de que tenga mi sembradío, mis pollos y un río limpio, que esté en paz con mi familia y con mi comunidad. O sea, los pobres realmente son los de la ciudad.”

La consulta, foco del caso

En la página web de la comunidad se menciona que “La obligación de consultar es criticada por los Estados porque según ellos constituye un freno a su ‘desarrollo’. Sin embargo, es indispensable considerando que los territorios son la base de la supervivencia de los pueblos indígenas y tribales”. El texto describe que un estudio del Relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, relativo a las consecuencias de los proyectos de desarrollo a gran escala sobre los derechos de las comunidades indígenas, observa que como consecuencia de estas actividades, los pueblos indígenas son víctimas de profundos cambios sociales y económicos que a menudo las autoridades competentes son incapaces de comprender y mucho menos de prever. “Los proyectos de desarrollo en gran escala afectarán inevitablemente a las condiciones de vida de los pueblos indígenas. A veces los efectos serán beneficiosos, muy a menudo devastadores”, completa el documento.

El caso se ganó y, para los kichwas, es un gran precedente pues “siempre son las empresas las que salen ganando en los juicios o reprimen. Es importante porque otros pueblos pueden tomar fuerza”, señala el dirigente, que considera que con su lucha defendieron la dignidad y los derechos de los pueblos. “Por eso es importante el caso Sarayacu: genera precedentes, dignifica a los pueblos indígenas y genera jurisprudencia. Esto quiere decir que nosotros hemos interpretado la constitución tal como la merecemos y desde nuestra visión”, remata Viteri. El camino no fue fácil, comparte Franco Tulio: “Ellos dicen que la soberanía radica en el pueblo, entonces nosotros hicimos eso. La empresa era extranjera y nosotros defendimos el territorio, nuestra vida, la Constitución, los derechos colectivos, la libre expresión, la autonomía, la libre determinación, estipulados en la actual Constitución y en la antigua”. El líder considera que su pueblo cumplió tratados internacionales mientras el gobierno violentó derechos, “nos reprimió e impuso las políticas públicas en aspecto de minería, petróleo y madereras”.

La nueva actividad petrolera promovida por el gobierno de Rafael Correa se desarrolla en aéreas protegidas. La onceava ronda petrolera incluye todo el sur de la Amazonia y cada bloque petrolero cuenta con 200 mil hectáreas.

Criminalización de la defensa del territorio

Un informe de derechos humanos contabiliza más de 200 casos de campesinos, indígenas y defensores de derechos humanos que son acusados de terrorismo por su defensa de la tierra, a pesar de que la Constitución del 2008 (considerada una de las más avanzadas en el mundo por incorporar los derechos de la naturaleza y el Estado plurinacional) protege el derecho a la protesta. Podemos encontrar personas de comunidades rurales desde la selva y el páramo hasta la costa, mayores de edad, mujeres y jóvenes, juzgados como terroristas o con orden de captura.

El caso de Sarayacu implica la organización de un pueblo indígena para la defensa no solo de su tierra sino de su identidad frente a proyectos que tienen grandes impactos ambientales y sociales, pero además la reflexión de cómo los conflictos ambientales también se desarrollan en un país “progresista” en América Latina. En el caso de Ecuador, a pesar de tener avances en algunos aspectos sociales, sigue con el extractivismo como eje de la economía.

Intelectuales ecuatorianos mencionan que el análisis sobre lo que sucede con estos conflictos no puede hacerse con las mismas categorías que las que se usan contra un gobierno de derecha, ya que no se enfrenta a un gobierno neoliberal, pero sí capitalista. Frente a ésta nueva amenaza, Franco es claro: “Primero: no les tenemos miedo. Segundo: nos preparamos. Pasamos de la movilización física a una movilización de la comunicación, jurídica, de la cultura, la música, el arte. Esas son nuestras herramientas de lucha, porque aquí no se trata de luchar con armas, se trata de generar espacios y una forma distinta de ver la vida”.

El presidente de la Confederación señala que parte de su lucha implica pelear contra el consumismo y la propaganda en la televisión, contra la mentira, el nepotismo, la corrupción, la falta de transparencia y el clientelismo, “que muchas veces está enquistado también en los pueblos indígenas. Debe haber un proceso de depuración también en los movimientos y en las organizaciones indígenas, porque si tratamos de gobernar a nuestras sociedades con las mismas herramientas y el mismo estilo de los colonizadores y las repúblicas, no estaremos construyendo lo plurinacional”, reflexiona.

El líder considera que la construcción del Estado plurinacional empieza “por la familia, por la persona, por la comunidad, por la organización y toda la sociedad en conjunto”. La tarea, indica, es grande y de largos años, “no hay que medirlo solamente en un año, dos, tres, o diez. Los pueblos indígenas hemos resistido más de 500 años y todavía podemos seguir resistiendo; los que no van a resistir son los de Occidente porque sus tecnologías y sus estilos de vida son muy depredadores”, finaliza.

Texto y fotos: Orsetta Bellani

Fuente: Desinformémonos