Indígenas solicitarán a otras países ejecutar sentencia contra Chevron

- Desde el Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza.
Servindi, 6 de diciembre, 2014.- Pablo Fajardo, abogado de las víctimas de la contaminación sufrida por la empresa Texaco (hoy Chevron), informó que se solicitará a los países donde la petrolera tiene inversiones ejecutar la sentencia por 9,500 millones de dólares de reparación, dictada por la justicia ecuatoriana a favor de las comunidades indígenas del sur del país.
Dicha sentencia está pendiente de ejecución para reparar los daños ambientales y sociales ocasionados por la empresa a principios de los noventa.
En 1964, Texaco (comprada por Chevron en 2001), inició actividades petroleras en la zona sur de Ecuador, en plena Amazonía. Permaneció en el lugar hasta 1992. Un año después, las comunidades amazónicas de la provincia de Sucumbíos, presentaron una demanda en contra de la petrolera, en Estados Unidos.
“El caso Chevron es, por muchas razones, el más importante en la actualidad de litigios en el mundo entero: es el daño ambiental más grande causado por una empresa petrolera de forma intencional. En el mundo han existido muchos daños ambientales pero producto de accidentes”, comenta Fajardo.
La diferencia, continúa explicando el abogado, es que en Ecuador no se trató de un accidente.
“Fue una operación diseñada por la empresa con el objetivo de incrementar su ganancia económica disminuyendo su inversión. A esto se le agrega la actitud racista puesto que la empresa consideraba y sigue considerando que los pueblos originarios de Latinoamérica valen mucho menos que cualquier otro ciudadano”, enfatiza el defensor de las víctimas de Chevron.
En ese contexto, la empresa Chevron Corporation, antes Texaco, vertió más de 60 mil millones de litros de agua tóxica a los ríos de la Amazonía sur de Ecuador.
Posteriormente construyó 1,000 fosas del tamaño de una piscina olímpica, donde arrojaban todo tipo de desechos tóxicos de la industria petrolera y cubrió con el crudo más de 1,500 kilómetros de carretera que construyeron como vías de acceso a los pozos.
“Hay una crisis humanitaria en salud, se registran más de 2,000 muertes por cáncer atribuibles a los tóxicos que dejó la actividad petrolera. Hay desechos tóxicos que están en el suelo, aire y agua. Ese daño social, ambiental, cultural provocó que hace 21 años, 30 mil campesinos e indígenas empezáramos una batalla en contra de Texaco en los tribunales de justicia para lograr que la empresa repare el daño”, agrega Fajardo.

Ejecución a la espera

En febrero de 2011, la empresa Chevron fue condenada en primera instancia, por jueces ecuatorianos, a pagar una reparación a las comunidades indígenas afectadas. En 2012 la sentencia fue ratificada y en 2013 la propia Corte Suprema de Ecuador, confirmó la condena que implica el pago de 9,500 millones de dólares por reparación de daños ambientales y en salud.
Sin embargo; la empresa, lejos de cumplir con su obligación y respetar la ley, “lo que hace es huir de ese compromiso y ataca al gobierno ecuatoriano, a las víctimas y a los abogados que estamos defendiendo esta causa. Dice que los juicios son fraudulentos y ha demandado al Estado ecuatoriano ante la comunidad internacional”, cuenta Pablo Fajardo.
¿Qué estrategia se quiere llevar a cabo para que Chevron cumpla con su responsabilidad judicial? La petrolera, explica Fajardo, ya no tiene activos en Ecuador; pero existe un mecanismo jurídicamente válido y aplicable para que pague la deuda.
Chevron tiene inversiones en más de 60 países. Lo que se busca es recurrir a esos países, a sus jurisdicciones, para validar la sentencia ecuatoriana y ejecutarla.
“Este 11 de diciembre, tenemos una audiencia en la Corte Suprema de Canadá, si logramos ganar ahí, significa que podríamos soñar con ejecutar la sentencia en ese país, donde Chevron tiene una inversión de más de 15,000 millones de dólares”, señala Fajardo.
El mismo procedimiento se está siguiendo en los países de Brasil y Argentina y se pretende hacer la misma acción en donde Chevron tiene más inversiones.
“Esto sería un precedente internacional que beneficia el mundo entero. Abre las puertas para que la gente se dé cuenta y denuncien estos casos. El nuestro es importante porque lleva un estandarte de lucha de los pueblos marginados, oprimidos y excluidos, en contra de estos crímenes corporativos”, sentencia el abogado.