Estado no reconoce valor intrínseco de territorio indígena en Lote 192

Existe una guía de valorización aprobada pero el gobierno no quiere aplicarla.

- Negociación para compensar el uso de tierra está bloqueada porque el Estado propone una valorización del territorio con criterio comercial. Propuesta aún no es aceptada por las federaciones y desconoce el valor de los ecosistemas de la zona.
Por José Carlos Díaz Zanelli
Servindi- Un nudo impide culminar con éxito las negociaciones que se llevan a cabo desde hace algunos años entre las federaciones de las cuatro cuencas afectadas por los impactos en el Lote 192 (ex Lote 1AB) de Loreto. Como se sabe, el equipo técnico de las cuatro federaciones indígenas implicadas buscan cerrar una serie de acuerdos con el Estado y la compañía Pluspetrol Norte S.A.
Uno de estos temas es la valorización de las tierras afectadas por la extracción petrolera y por las cuales se debe compensar a las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Tigres, Corrientes, Marañón y Pastaza. Sin embargo, justo respecto a qué criterio utilizar para darle un valor a estas tierras es donde ha surgido el nudo.
En declaraciones para Servindi, distintos asesores de las federaciones comentan que el entrampamiento parte por el hecho de que el Estado pretende darle un valor comercial al metro cuadrado de las tierras de las comunidades. Y este criterio, no sería bien recibido por todas las federaciones de las cuencas. Llegado a este punto aún no se firma ningún acuerdo para dar inicio a la compensación por el uso de tierras, una de las demandas más apremiantes en torno a la problemática por el Lote 192.
“El Estado no quiere aceptar que haya una valorización de los servicios ambientales. Están utilizando una lógica catastral de predios y no realmente la de un territorio indígena donde hay muchos ecosistemas. No se quiere reconocer a las cochas y los lagos”, cuenta el abogado Jorge Tacuri, uno de los asesores de la Federación Indígena de Quechuas del Pastaza (Fediquep).

Posición de comunidades

Ante esta situación, los apus de las comunidades han asumido diversas posturas. Por ejemplo, Aurelio Chino Dahua, de la cuenca del Pastaza, se niega en primera instancia a firmar un acuerdo bajo esos términos. En tanto que en la cuenca del Tigre ya han anunciado que se piensan tomar su tiempo para analizar la propuesta del Ministerio del Ambiente (Minam).
En la federación del Corrientes parecen estar más de acuerdo con recibir una compensación bajo estos términos y aún es una incertidumbre lo que se haya decidido en el Marañón. La única certeza que existe hasta el momento, es que no existe ningún acuerdo firmado por las federaciones.

Niega valor intrínseco

A todo esto, el criterio de valorización comercial de los predios propuesto por el Estado contraviene íntegramente los principios que deben regir sobre un territorio indígena. Esto además de desconocer la propia recomendación que hiciera al caso la Comisión de Justicia del Congreso en un informe sobre las cuatro cuentas elaborado entre el 2012 y el 2013.
En dicho documento se afirma lo siguiente:

“…queda clara la obligación legal de indemnizar y compensar a las comunidades nativas si existieran daños y perjuicios y al igual que para el caso de remediación, la valoración de las tierras, deberá considerar no solo el valor comercial de las mismas, sino también el valor intrínseco que tienen para los pobladores indígenas”.

Ese valor intrínseco que, en las negociaciones, los representantes del Gobierno no quieren reconocer.

Estado rehusa aplicar valoración ecosistémica

Minam aprobó Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural pero no lo quiere aplicar para valorar los daños al territorio indígena.

Cabe destacar que en el Perú existe una Guía Nacional de Valorización Económica del Patrimonio Natural aprobada por el ministerio del Ambiente mediante la RM 409-2014-MINAM, que según algunos especialistas no es la más avanzada en su género.
Aun así el gobierno mantiene una postura muy dura como inexplicable y sostiene que es imposible de aplicar para determinar el pago por la biodiversidad y servicios ambientales perdidos por la servidumbre petrolera.