¿Cuál es la situación de los territorios indígenas en la coyuntura actual?

Alberto Chirif. Foto: Jonathan Hurtado / Servindi

Servindi.- Tenemos el enorme agrado de compartir la ponencia del antropólogo Alberto Chirif  titulada Territorios indígenas en la coyuntura actual que explica la concepción del territorio desde la cosmovisión indígena, la implicancia de la gestión territorial, los cambios operados y se plantea cómo entender hoy la situación actual del territorio.
La ponencia fue presentada en el curso taller “Políticas de desarrollo, territorio y consulta previa”, organizado por el Fórum Solidaridad Perú, realizado en Tarapoto, entre el 1 y 3 de julio de 2015.
La exposición describe además algunas de las principales amenazas tanto externas como internas y resume algunas conclusiones de sumo interés y actualidad como aquella que indica que hablar de territorio hoy “implica darle nuevo contenido al concepto”.
“Territorio hoy es un modelo por armar que tiene muchas posibilidades diferentes de realización. Las respuestas dependerán de cada situación en concreto”, afirma Chirif.
“El territorio es una utopía y su construcción debe partir de realidades concretas, a riesgo de incurrir en la fantasía, palabras que, aunque tenga sonoridad parecida, son diametralmente contrarias”, precisa Chirif quien culmina presentando cuatro situaciones diferentes de construcción territorial que el ha conocido en la práctica y que no agotan las posibilidades.
Saludamos este notable aporte que nos entrega el destacado antropólogo sanmarquino que publicamos a continuación.

Territorios indígenas en la coyuntura actual

Por Alberto Chirif
La demanda por territorios integrales que abarquen la totalidad del hábitat de cada pueblo indígena, se ha convertido en los últimos años en un argumento central de varias de sus organizaciones. Son objetivos de esta ponencia, en primer lugar, precisar el significado de territorio dentro de una concepción tradicional indígena y cuáles han sido las condiciones que hicieron posible su gestión. En segundo lugar, aportar elementos para definir el concepto de territorio en la coyuntura actual, cuando se han producido drásticos cambios en la ocupación de la región amazónica, alentados por leyes y políticas públicas, y en las propias normas tradicionales que han orientado las relaciones sociales de los pueblos indígenas. Por último, aportar algunas ideas acerca de cómo deben entenderse hoy los territorios y trazar algunos caminos posibles para construirlos, superando las limitaciones que presenta la realidad actual.

Mundo y territorio

Una revisión de las mitologías de las sociedades indígenas indica que ellas no se refieren a la creación del territorio de un pueblo determinado sino a la del Universo como espacio total de la creación en el que viven pueblos diferentes, algunos de los cuales establecerán relaciones de intercambio entre sí y otros no. Esta creación no parte de la nada, sino de algo preexistente que puede ser un mundo situado en otra dimensión cósmica o que está contenido como potencialidad en el caos. De este modo la creación se presenta como un acto de ordenamiento de la confusión preexistente. Observamos que existen así coincidencias entre lo que plantean algunas tradiciones indígenas con lo que señala la cristiana. En efecto, en esta Dios no crea el territorio de los cristianos sino el Universo en el que viven pueblos diferentes, y esta creación además se expresa mediante el acto de ordenar el caos existente originalmente en el que la noche no se diferencia del día, ni las aguas de la tierra. En estos eventos de creación y ordenamiento no solo aparecen los seres humanos sino también los animales, las plantas, las montañas, los ríos y las lagunas. También los astros, muchos de los cuales antes de establecerse en el firmamento han sido seres humanos, en especial, Sol y Luna, quienes posteriormente, por alguna razón específica, deciden subir al cielo. La creación no se acaba en un acto sino que continúa a través de la actividad de personajes mitológicos que van enseñando a la gente los fundamentos de la cultura: conocimientos, comportamientos, quehaceres, artes, reglas y otros, relacionados con las actividades productivas y con las normas de conducta que deben regir las relaciones entre los humanos y de estos con los no humanos.
Dentro de esta concepción, ¿qué vendría entonces a ser el territorio indígena? ¿Cómo definir y precisar este concepto? Intentaré una aproximación al concepto de territorio señalando, en primer lugar, que es la parte del Universo ocupada socialmente por un pueblo indígena, es decir, por gente que se reconoce descendiente de una misma tradición cultural, que habla una misma lengua, comparte normas de conducta y mantiene relaciones de reciprocidad, aunque en ocasiones el mismo espacio puede estar ocupado por más de un pueblo. Para esto históricamente ha sido importante que la gente comparta concepciones similares respecto a las relaciones entre los seres humanos y de ellos con la naturaleza. Un ejemplo de esto son los pueblos Bora, Huitoto, Ocaina y otros que, a pesar de tener lenguas distintas, comparten un territorio común ubicado entre los ríos Putumayo y Caquetá, en Colombia, y (aunque en espacios fraccionados en comunidades), también en la cuenca del río Ampiyacu, en Perú, adonde fueron llevados por patrones en la década de 1920, después del fin del auge de la explotación del caucho. En ambos casos aprovechan un mismo espacio mediante actividades de caza, pesca y recolección y mantienen relaciones de reciprocidad que se expresan a través de fiestas tradicionales que reviven la palabra del Creador y en las que intercambian productos de la caza o de la chacra por conocimientos. Así, las fiestas son un poderoso espacio de revigorización cultural.
La ocupación de ese espacio se define por la presencia social de la gente y no por razones de carácter legal. Y por presencia social me refiero no solo a asentamientos humanos sino también al sello cultural que esa gente imprime sobre el espacio al otorgar nombres a los ríos, cerros y demás elementos que la cultura occidental ha dado en calificar de “accidentes geográficos”. Un elemento más de dicho sello cultural son los relatos que ella teje sobre el paisaje, lo que hace que en las sociedades indígenas historia y geografía no sean cuestiones diferentes sino que hacen parte de una misma realidad.
La importancia de lo social como elemento característico de los territorios indígenas hace que ellos no se definan por límites físicos, por fronteras resguardadas, sino por influencia de la gente sobre  el espacio. Las luchas entre pueblos indígenas nunca han sido por ganarse unos kilómetros unos a otros sino por otras razones. Incluso las luchas contra los invasores coloniales no han tenido como objetivo central la recuperación de extensiones físicas determinadas sino el mantenimiento de la libertad frente a la opresión a la que habían sido sometidos.

La gestión del territorio

Llamo gestión a lo que otros denominan gobernanza. No veo diferencias, en la medida que por gestión no me limito al tema de “manejo de recursos” sino a las normas que una sociedad debe tejer para convivir en un territorio compartido, lo que incluye reglas de relación entre los seres humanos y de ellos con la naturaleza.
Quiero abordar ahora el asunto de cómo se han gestionado tradicionalmente los territorios indígenas, es decir, cómo la gente que los habitaba ha manejado el espacio y las relaciones sociales. Para explicar esto debo primero referirme a algunas de las características de las sociedades indígenas. Una de ellas es que han sido sociedades igualitarias en las cuales no existía diferenciación social entre sus miembros por el hecho de que unos poseyeran más y fuesen más ricos que otros. Todos los individuos disponían de similares instrumentos de producción y de libre e igualitario acceso a los bienes materiales de los cuales obtenían lo que requerían para vivir: suelos para cultivar, bosque para cazar y recolectar, y aguas para pescar; en suma, de todo lo que la naturaleza les ofrecía para alimentarse, vestirse, fabricar utensilios, cobijarse y mantener su salud. A su vez, su sociedad les ofrecía libre e igualitario acceso al conocimiento para fabricar los instrumentos necesarios para producir y vivir.
Se trataba de sociedades en las cuales los bienes tenían valor de uso y no de cambio. El valor de uso es la capacidad de un bien para satisfacer directamente una necesidad; mientras que el valor de cambio está determinado por el costo de producción de un bien y la ganancia que fija el productor al venderlo en el mercado. El valor de uso es característico de sociedades como las indígenas en las que todos sus integrantes producen lo que requieren para vivir: herramientas, alimentos, vestido y vivienda. Por el contrario, el valor de cambio es característico de sociedades especializadas en las que unos producen alimentos, otros vestidos y otros viviendas, herramientas, medios de transporte y bienes varios que luego se intercambian en el mercado mediante acuerdos comerciales de compra-venta. En las sociedades indígenas tradicionales una casa, una canoa o las herramientas de trabajo no producían rentas porque no estaban sujetas a transacciones comerciales de alquiler o venta. Por eso cada uno no tenía más que la casa, la canoa o las herramientas que necesitaba para producir y vivir. Los productos de la chacra no se vendían sino que se consumían y compartían mediante invitaciones, en forma de alimento o bebidas, mientras que los peces capturados y, sobre todo, los animales cazados estaban sujetos a normas de reciprocidad que obligaban al cazador a compartir la carne con sus familiares. Este hecho tenía dos efectos: reforzar las relaciones sociales entre los miembros del grupo familiar y dar cierta seguridad a las familias para disponer de carne de manera más o menos continua: si un cazador no tenía suerte en obtener una pieza, podía ser que un familiar suyo sí la tuviera y esto le aseguraba disponer de ese alimento.
Como primaba el valor de uso y no el de cambio, nadie cazaba, pescaba, sembraba o aprovechaba del bosque más recursos de los que necesitaba para vivir. En esto radica el fundamento de lo que actualmente se llama “manejo sostenible del medio ambiente” que en las sociedades indígenas no ha sido una teoría sino una práctica cotidiana internalizada por todos los pobladores. No talar más monte que el que se necesitaba para hacer una chacra u obtener materiales para la vivienda y demás utensilios o no capturar más peces y animales del bosque que los que se requerían para alimentarse, aseguraban el bienestar de la sociedad y garantizaban el mantenimiento de la capacidad productiva del medio ambiente.
Adicionalmente a las limitaciones impuestas por la tecnología y por el modelo social basado en valor de uso, las sociedades tradicionales indígenas han mantenido relaciones de reciprocidad con los “dueños” o “madres” de la naturaleza que tienen a su cargo la protección de árboles, lagunas y animales. A ellos, la gente les pedía permiso para aprovechar a sus “hijos”, dándoles las seguridades de que no matarían más animales ni tumbarían más árboles de los que necesitaban para vivir. El exceso de caza estaba sujeto a fuertes prohibiciones. Los que incumplían las normas quedaban expuestos a fuertes sanciones espirituales y sociales.
En cambio, en las sociedades en las que prima el valor de cambio el bosque no se aprovecha sino que se explota para acumular recursos con la finalidad de ganar dinero, y cuanta más ganancia puedan acumular, será mejor para ellas. El hecho de que en estas sociedades la finalidad primera no es satisfacer las necesidades del ser humano sino ganar dinero produce una serie de distorsiones en la economía. Menciono algunas. Una: como se producen más alimentos que los que la gente requiere para vivir, se incentiva su consumo. En otras palabras, la gente come más de lo que necesita con lo cual, contrariamente a lo que es la finalidad de la alimentación, en vez de salud se generan enfermedades como la obesidad, el colesterol y los males hepáticos y cardiacos. Dos: como la finalidad es ganar dinero y no servir al ser humano, para que los precios no bajen en caso de sobreproducción se queman cosechas o se arrojan al mar, sin importar que se trate de alimentos; y, en algunos casos, se siembra para que los suelos no aparezcan baldíos pero no se cosecha. Tres: se destruye la naturaleza para producir bienes que no atienden necesidades básicas del ser humano sino los imperativos de la vanidad y la moda de consumidores ricos. Por ejemplo, se cazan lagartos para hacer carteras, billeteras y calzado; huanganas y sajinos para producir guantes; y nutrias y lobos del río para fabricar prendas de adorno para mujeres.
Además de la sobreexplotación de los recursos, otra consecuencia de este tipo de economía de cambio es la contaminación ambiental generada por muchas actividades extractivas, en particular, por la minería metálica y la explotación de hidrocarburos.
Hasta aquí avanzo en esta rápida revisión acerca del territorio en la concepción de las sociedades indígenas tradicionales y su manera de gestionarlo. Sigo con una exposición acerca de los cambios más significativos que se han producido en ellas en los últimos siglos y la manera cómo estos obligan ahora a buscar nuevas definiciones sobre el territorio y su gestión.

Los cambios

El cambio más significativo producido durante la época colonial fue la reducción de los indígenas en misiones para evangelizarlos. Al respecto, es importante señalar que en el caso de la Amazonía peruana, salvo algunos pueblos asentados a orillas de los grandes ríos navegables (como los Shipibo en el Ucayali y los Kukama en el Marañón y Amazonas), el hábitat de los demás eran las zonas interfluviales de diversos ríos. Las reducciones implicaron la concentración de los indígenas en poblados y tuvieron tres consecuencias: una, pérdida de libertad por cambio drástico del modo de vida, ya que en ellas los indígenas debían trabajar para mantener a los misioneros, el culto y, en algunos casos, a las tropas coloniales; dos, limitación del acceso al territorio; y tres, disminución demográfica a consecuencia de nuevas enfermedades que se propalaron como epidemias desde las misiones, causando numerosas muertes. La concentración de personas de diferentes pueblos indígenas en una misma misión también tuvo consecuencias negativas debido a las peleas internas que se originaron entre ellas. La doctrina cristiana comenzó además a apartar a la gente de su propia concepción de relación con la naturaleza y los seres que la protegen. Para los misioneros, se trataba de una cuestión de superstición e idolatría que había que erradicar. Así se inició el proceso de pérdida de lazos éticos de relación de los seres humanos con la naturaleza.
El universo de los indígenas, que había sido ordenado por sus dioses y héroes culturales, se comenzó a volver un espacio de conflictos poblado por nuevas personas que los esclavizaban y destruían sus costumbres y creencias, imponiéndoles las que ellas traían.
Durante la Republica se profundizó la reducción de las sociedades indígenas. Desde la década de 1840 el Estado comenzó a  impulsar la colonización de la Amazonía con europeos, y para esto dio leyes y normas que fomentaban la inmigración extranjera. Esta política afectó sobre todo la llamada selva central ubicada en las regiones selváticas de los departamentos de Junín (Chanchamayo y Satipo) y Pasco (Oxapampa). El Estado fomento la formación de latifundios en dicha zona. El más importante fue el que obtuvo la Peruvian Corporation, con 500 000 hectáreas que incluyeron tierras habitadas por ashaninkas y yaneshas en la zona del Perené. A fines del siglo XIX tuvo lugar un fenómeno no previsto de colonización “espontánea” sobre extensas áreas de la región conocida como “selva alta”, tanto de los dos departamentos mencionados como en el Cusco. Este proceso fue impulsado por inmigrantes indígenas andinos que habían sido desplazados de sus tierras comunales por los latifundios y empresas mineras. Tanto los inmigrantes europeos como los andinos presionaron sobre los territorios ocupados por indígenas amazónicos y los obligaron a “reducirse” es decir, a concentrarse en áreas más pequeñas. Aunque la política de fomento a la inmigración europea fracasó antes de que termine el siglo XIX, la colonización andina continuó fortaleciéndose como estrategia de los gobiernos hasta fines de la década de 1980. El apoyo estatal consistió principalmente en la construcción de carreteras y en créditos para los colonos. En la década de 1990 se dio paso al impulso a la gran industria extractiva forestal y de minerales e hidrocarburos.
La caída de los precios del caucho a partir de 1914 significó la crisis del auge extractivo. Los patrones que habían trabajado en la extracción cauchera constituyeron entonces fundos en los cuales asentaron población indígena para aprovecharla como mano de obra. Estos fundos fueron otra forma de reducir a la población indígena. Uno de los casos más significativos fue el traslado de pobladores boras, huitotos y ocainas desde la margen izquierda del río Putumayo, en Colombia, hasta el río Ampiyacu para que trabajen en fundos dedicados a la ganadería y a la extracción de recursos de la fauna y flora del bosque. Los fundos se expandieron por varias zonas y afectaron a numerosos pueblos indígenas que quedaron enganchados como mano de obra. Así, yaguas del bajo Amazonas, kichwas del Napo y kukama-kukamirias del Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas quedaron sujetos a patrones que criaban ganado, sembraban caña de azúcar y extraían madera y otros productos del monte.
Lo mismo sucedió en el río Paranapura, poblado por gente del pueblo Shawi, y en la zona conocida como alto Ucayali, conformada en torno al centro poblado de Atalaya y configurada por la confluencia de los ríos Urubamba y Tambo que dan origen al Ucayali. Allí los patrones esclavizaron a pobladores indígenas, principalmente ashaninkas, a los que mantuvieron encerrados en galpones y sujetos a un régimen de terror que implicaba que cualquier intento de fuga fuera castigado con azotes o incluso la muerte. Esta situación se prolongó hasta 1989, cuando la organización Aidesep la denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y alertó al Estado peruano. A partir de esto Aidesep, en convenio con el Ministerio de Agricultura, realizó un amplio trabajo de demarcación y titulación de los asentamientos como comunidades y de promoción organizativa.
Aunque existían escuelas en caseríos indígenas fundadas por misioneros católicos y adventistas desde inicios del siglo XX, ellas se expandieron notablemente a partir de mediados de la década de 1950, cuando el Estado firmó un convenio con el Instituto Lingüístico de Verano para formar maestros bilingües y establecer centros educativos en asentamientos indígenas. Como su fundación dependía del hecho que los poblados tuvieran un número mínimo de alumnos, las escuelas fueron también una manera de reducir a la población.
Me he detenido en estos antecedentes para señalar la razón por la cual se dio, en 1974, una ley que reconocía la personalidad jurídica y derechos territoriales de “comunidades nativas”, nombre que englobo todos los tipos e reducciones existentes en aquel tiempo y que fueron fruto de concentraciones producidas por efecto de la colonización, los fundos y las escuelas. La titulación de comunidades se insertó en esta realidad y, por supuesto, la consolidó. En ese momento no existía aún en el Perú el discurso actual sobre territorio y pueblos indígenas con derecho a la autodeterminación. Este tipo de reflexiones tardó varios años en llegar al Perú, y fueron fruto del intercambio de ideas y reflexiones que establecieron organizaciones nacionales con las de otros países.
La concentración de la población indígena se ha exacerbado aún más en las últimas décadas a consecuencia de la influencia de las relaciones con las ciudades y el mercado. Si antes se concentraba a orillas de los ríos, la construcción de carreteras ha hecho que ahora se concentre a lo largo de ellas. La concentración ha tenido efectos muy negativos en el campo social y en la gestión territorial y manejo de recursos. Al juntar personas que antes vivían separadas, asentadas en unidades sociales con una lógica de organización determinada, se han producido serios desajustes por falta de normas que guíen el nuevo estilo de convivencia. Las llamadas “autoridades comunales”, que son enteramente nuevas, no han llenado los vacíos que permitan reconstruir las normas de gobernanza que antiguamente tuvieron las sociedades indígenas. El sistema de reciprocidad se ha debilitado por la irrupción de la economía de mercado. El modernismo introducido por la aparición de aparatos de radio y, en algunos casos, de televisión, ha alterado la tranquilidad de los asentamientos. La basura, que hoy se ha incrementado con desechos no orgánicos (latas, plásticos, vidrios), junto con la eliminación de excretas, ha creado problemas de saneamiento y de salud. Aunque en algunos casos las comunidades han hecho esfuerzos por enfrentar estos problemas, así como también los que implica el mantenimiento de nuevos servicios comunales (escuelas, local para asambleas, eventualmente botiquín comunal y puesto de salud, sistema de agua, radiofonía y otros), los retos siguen pendientes.
Tan serios como los antes mencionados son los problemas de gestión territorial y manejo de recursos. Al concentrase a la orilla de los ríos o, cuando existan, a lo largo de carreteras, la población ha perdido presencia y manejo de las zonas interfluviales en las que antes se asentaba. Es decir, ha perdido dominio sobre esos espacios y control sobre el manejo de los recursos que ahí se encuentran. Al mismo tiempo, la concentración ha puesto excesiva presión sobre áreas específicas y reducidas, como son las aledañas a las orillas de ríos y lados de las carreteras. Esto ha afectado la capacidad de disponer de alimentos de calidad, y ha tenido efectos negativos en la biodiversidad del medio. Ciertamente, la biodiversidad se ha visto también seriamente afectada por la tala a gran escala producida por las colonizaciones que ha dejado suelos descubiertos que luego han sido afectados por la erosión y ha implicado la pérdida de especies animales, tanto aves como mamíferos. La incursión de los indígenas en la economía de mercado y la pérdida de los controles éticos y sociales que normaban sus relaciones sociales y con la naturaleza, ha convertido a muchos de ellos en impulsores de este sistema destructor. De ahí que las actividades que realizan también afecten la biodiversidad.

¿Cómo entender hoy el territorio?

La pregunta que encabeza este acápite implica de por sí una primera respuesta: que territorio indígena es hoy un concepto que debe construirse a partir de la realidad existente. Es decir, se trata de un concepto nuevo que cada pueblo indígena debe construir desde el estudio y la reflexión de su realidad específica actual, influida por una colonización que dura cinco siglos y que ha causado impactos diferentes en cada uno de dichos pueblos, razón por la cual es necesario buscar soluciones novedosas adaptadas a cada contexto. Nada más errado que considerar que territorio es un concepto ya formado y manejado por los pueblos indígenas, y que solo requiere de un proceso de legalización por parte del Estado. La realidad territorial de cada pueblo indígena ha sido profundamente alterada por la colonización, y el cambio de patrones de asentamiento, de concepciones culturales y de comportamientos económicos de los indígenas. Afirmar que el problema se reduce a una cuestión de legal sin considerar los cambios radicales que se han producido en las sociedades indígenas a lo largo de los últimos cinco siglos es asumir un punto de partida equivocado que desconoce las transformaciones experimentadas por las sociedades indígenas y puede llevar a situaciones absurdas. Una de ellas sucedió hace algunos años. Mientras la regional de Aidesep Corpi (Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas) impulsaba una propuesta en demanda de territorios integrales entre sus bases, el dirigente encargado de territorio de la Federación Cocama Cocamilla (Fedecoca) promovía la conversión de los anexos en comunidades independientes y los estimulaba para que adquiriesen créditos, lo que implicaba, por un lado, la mayor fragmentación del territorio y, por otro, un riesgo para la propiedad porque los créditos requieren poner las tierras comunales como prenda agrícola. En este sentido, insisto que lo primero que debe trabajarse es el análisis de cada situación concreta para luego dar paso a la adopción de acuerdos sociales que apunten a la construcción del concepto en la práctica. Consolidados los acuerdos en una propuesta puesta en ejecución, se puede pensar en cómo legalizar el resultado.
¿Es posible construir territorios indígenas actualmente? Sí, pero en cada caso las respuestas deberán ser diferentes para responder a las especiales características de la realidad de cada zona. Presento cuatro situaciones diferentes, cada una de ellas con características especiales que requieren de una atención diferente.
Existen zonas en las cuales las comunidades están muy fragmentadas y apenas tienen acceso a pequeñas extensiones de tierras. Son zonas muy influidas por la colonización, en las que los indígenas comparten el espacio con inmigrantes andinos. Son los casos, por ejemplo, del Perené, Villa Rica, al menos una parte de Satipo, el alto Urubamba y otros.
Una respuesta frente a una situación parecida es la que conocí hace unos años en Ecuador, impulsada por el pueblo Kayambi de habla kichwa. En la década de 1960 la reforma agraria expropió las haciendas que se habían constituido sobre la base de tierras indígenas y creó cooperativas que después se convirtieron en parcelas con títulos individuales. No obstante la fragmentación, los Kayambi tienen una concepción muy sólida respecto a lo que es su territorio y han planteado medidas de manejo territorial como una manera de lograr el funcionamiento articulado de todos los actores en función de ciertos ideales de desarrollo, a pesar de que su propiedad esté limitada solo a parcelas. Esto se pone de manifiesto en su esfuerzo de manejar los páramos donde se encuentran los acuíferos. Lo importante no es la propiedad sino el manejo de los páramos por parte de actores diversos que incluyen a parceleros indígenas y cultivadores de flores para exportación, entre otros. El territorio según ha sido definido y delimitado por este pueblo es un gran espacio compuesto por tierras de diversos propietarios: parcelas de comuneros, páramos fiscales, propiedades agrícolas privadas, espacios urbanos de la propia ciudad de Cayambe y lugares ocupados por conjuntos de casas e instalaciones industriales ubicadas en el área rural. Para el pueblo Kayambi, ese espacio es su territorio a pesar que ya no le pertenezca y esté habitado, y mayoritariamente privatizado, por otra gente. Este hecho no le impide que quiera actuar, mediante normas que regulen el buen uso de todo el espacio. Y la manera fundamental de hacerlo es mediante normas de control social del agua, a fin de evitar que sea acaparada (mediante la privatización o beneficio de uso preferente) por quienes habitan en ese territorio compartido) o corrompida por la presencia de industrias que utilizan insumos tóxicos o generan contaminación por otros medios (producción de relaves, lodos o sedimentos de cualquier tipo que colmatan y ensucian cauces de ríos) o agotada por sobreexplotación.
Sin duda, una opción como la señalada implica un alto grado de conciencia de gente que no circunscribe el tema del territorio a la cuestión de la propiedad, sino que va más allá y apunta a lo medular que son las normas que deben regir su gestión.
Otro caso es el de comunidades ubicadas en zonas relativamente libres de colonos, en las cuales la población podría tomar el acuerdo de manejar el espacio total de dichas comunidades como un solo territorio. Esto no pasa por modificaciones legales, siempre difíciles y sujetas a la arbitrariedad de los gobernantes, sino de acuerdos sociales que los pobladores tienen todo el derecho de tomar, sin requerir de autorización del Estado, para manejar sus espacios territoriales como si se tratara de un territorio único e integrado. En caso de no existir colindancia entre ellas, la ocupación real de los espacios intermedios configuraría con claridad un territorio integrado. Es el caso, por ejemplo, de las comunidades asentadas en la cuenca del Cenepa (Condorcanqui) y al menos de parte de las ubicadas en las cuencas del Tigre, Corrientes y Pastaza.
Un caso similar al anterior es el de las comunidades boras, huitotos, ocainas y yaguas asentadas en la cuenca del Ampiyacu. Salvo en la desembocadura del río, en todo el resto de su curso, así como en sus formantes (Yaguasyacu y Zumún), la población es enteramente indígena, lo que garantiza cierta homogeneidad en la visión territorial. Todas las comunidades están tituladas y algunas tienen procesos en marcha de ampliación territorial. Adicionalmente, se ha creado el Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu, con 434 000 hectáreas, para beneficio de dichas comunidades. La sumatoria de los territorios comunales cuando termine su ampliación con el del ARCRAA dará en total unas 500 000 has que constituyen un espacio que permite generar una buena estrategia de gestión territorial. Aunque las áreas de conservación regional son áreas protegidas de propiedad del Estado y las relaciones entre este y las comunidades son siempre tensas, el fortalecimiento organizativo de los indígenas basado en visiones sólidas sobre sus derechos y deberes puede dar como resultado una buena propuesta de gestión territorial.
Una variante de las dos situaciones anteriores, aunque con el beneficio de contar con un título que les garantiza el territorio, es la de los Matsés. En este caso una veintena de asentamientos, que podrían haber sido tituladas como comunidades independientes, se conformaron legalmente como una comunidad llamada Matsés que se maneja como una unidad jurídica, aunque cada uno de los asentamientos (“comunidades”) tiene su propia junta directiva. Las medidas que afectan al conjunto del territorio, que bordea las 400 000 hectáreas, se adoptan en asambleas en las que están representados todos esos asentamientos.
En suma, existen una serie de opciones para construir unidades territoriales integrales, a partir de las fórmulas legales vigentes. La concreción de estas dependerá de acuerdos internos de las comunidades y no de nuevas leyes. Consolidadas las propuestas sociales mediante una práctica que vigorice la visión territorial, se podrá platear, con fortalezas particulares, su legalización mediante normas ad hoc. Mientras tanto, nada impide aprovechar al máximo la oferta legal existente para dar paso a iniciativas como las mencionadas en las líneas precedentes.

Amenazas actuales al territorio

En líneas generales puedo clasificar las amenazas actuales en dos gran grupos: externas e internas. Las primeras vienen tanto de leyes como de políticas públicas y procesos sociales, algunos de los cuales se llevan a cabo fuera del Estado (lo que no lo exime de responsabilidad), como es el caso de ciertas colonizaciones y de la explotación aurífera ilegal.
Amenazas externas
1. Leyes y otras normas
En los últimos 20 años, la legislación destinada a proteger los derechos territoriales de los indígenas ha enfrentado una avalancha de normas cuya finalidad ha sido debilitar las garantías que les daban las anteriores Constituciones y la Ley de Comunidades Nativas, y que contradicen lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú durante esas mismas dos décadas.
La Constitución de 1993 eliminó el carácter que las tierras comunales tenían como inembargables (que nadie se podía apropiar de ellas para cobrase un préstamo) e inalienables (que no se podían vender o traspasar), a menos que dos tercios de sus miembros solicitaran su división y venta. Al mismo tiempo debilitó su carácter de imprescriptibles (que la propiedad es un derecho permanente), al condicionarlo al hecho de que las tierras no estuviesen “abandonadas”.
Apenas siete meses más tarde de la entrada en vigencia del Convenio 169, en julio de 1995, el gobierno de Alberto Fujimori, el mismo gobierno que lo había aprobado, promulgó el DL Nº 26505, “Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas”, que dio inicio a una etapa de feroces asaltos contra los derechos de los pueblos indígenas en el país y se propuso como objetivo destruir a las comunidades campesinas y nativas.
La estrategia general de dicha ley consistía en fraccionar la propiedad comunal. El primer paso era modificar su estructura organizativa. La ley establecía mecanismos para convertir a las comunidades en sociedades de personas, en empresas (Arts. 8-10), en las que cada “socio” (ya no comunero) pudiera disponer individualmente de la parte del patrimonio que le correspondiese. Este cambio debilitaba la organización social de las comunidades e individualizaba la participación de los “socios” en la “unidad productora”. Llegado ese momento, la ley planteaba otros cambios importantes relacionados con el régimen de tenencia de tierras y dictaminaba que ellos podían “…disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva [contando con el] acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad” (Art. 11º). Para las comunidades de la costa norte, se dispuso que para ejercer dichos actos o vender sus tierras a “miembros de la comunidad no posesionarios o a terceros, (…) se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente” (Art. 10º, b).
Un nuevo embate llegó con los “decretos de urgencia” (algo más de 100) dados por el gobierno del presidente Alan García en 2008. Con el argumento falaz de que dichos decretos eran indispensables para facilitar la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio suscrito entre el Perú y los Estados Unidos, al menos una decena de ellos disparó a mansalva contra las comunidades con el objetivo de destruirlas, vulnerando sus derechos reconocidos por la legislación nacional e internacional. Esos decretos anulaban el proceso de consulta para suscripción de contratos petroleros y mineros en lotes ubicados en territorios comunales; rebajaban el quórum de la asamblea de dos tercios al 50% para la disolución de comunidades y la venta de sus tierras a terceros; permitían la privatización de los suelos forestales y el cambio de uso a agrícolas en caso de proyectos que fuesen declarados “de interés nacional” (el objetivo subyacente era apoyar plantaciones agroindustriales); determinaban la expropiación de terrenos comunales usados para servicios públicos; declaraban de propiedad del Estado todas las tierras eriazas no tituladas, aunque estuviesen poseídas y fuesen pretendidas por comunidades indígenas u otros pobladores locales; y permitía que invasores con cuatro años de establecidos se apropiasen de tierras comunales, con lo cual se anulaba la última garantía constitucional sobreviviente en la Constitución de 1993: el carácter imprescriptible de la propiedad territorial de las comunidades. Todos estos decretos tenían defectos formales que los hacían inconstitucionales por el hecho de no haber sido consultados y de legislar -algunos de ellos- sobre temas no permitidos mediante el procedimiento excepcional de delegación de funciones legislativas al Ejecutivo.
Otra andanada furiosa es la que sigue llegando con los llamados “paquetazos ambientales” (son cuatro hasta la fecha) que, según el actual gobierno, deben servir para reactivar el crecimiento económico. Destaca la ley Nº 30230, “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”. En especial, el título III de esta ley que establece “Procedimientos especiales de saneamiento físico legal de predios para proyectos de inversión”, como lo ha señalado un pronunciamiento de un conjunto de organizaciones, encabezadas por la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP), “desnaturaliza la finalidad del saneamiento físico-legal y en lugar de reconocer la titularidad de un predio privilegia el otorgar la titularidad de dominio a favor de intereses empresariales por encima de los derechos ancestrales de los pueblos originarios”; y “Deja a discrecionalidad del Estado y las empresas privadas identificar y decidir las áreas o predios que necesitan para ejecutar sus proyectos y que, por lo tanto, requieren ser “saneados”.
Junto con estas leyes existen una serie de normas administrativas que vulneran los derechos de las comunidades, como la de clasificación de suelos en los procesos de titulación, con la finalidad de otorgar en propiedad los que califiquen de agropecuarios y en uso los que sean considerados de aptitud forestal. El procedimiento es arbitrario en la medida que solo se aplica a las comunidades, no así a las empresas que acceden a grandes extensiones para desarrollar emprendimientos agroindustriales.
Uno de los problemas más graves que afectan los territorios comunales es la superposición de derechos. A las comunidades se les titulan las tierras agropecuarias pero no las forestales, determinadas mediante procedimientos arbitrarios y de dudosa objetividad, cuya propiedad la mantiene el Estado, mientras las comunidades solo obtienen la cesión en uso mediante contratos. Aunque se supone que no se pueden dar concesiones forestales sobre las áreas cedidas en uso, se trata de un recorte grosero al derecho de propiedad que asiste a los pueblos indígenas en su condición de pobladores ancestrales y de un mecanismo que se ha prestado a la arbitrariedad de los funcionarios y generado graves problemas.
Por su parte, el subsuelo es propiedad del Estado quien puede otorgar contratos a empresas mineras y petroleras para que extraigan los recursos, a pesar que las tierras hayan sido tituladas a comunidades. También pueden ser entregados a terceros los recursos mineros de superficie, como el oro existente en cauces antiguos o en ríos.
Por último, el Estado, como propietarios de las aguas superficiales, puede otorgar derechos de pesca en quebradas y cochas que las comunidades indígenas aprovechan para obtener su alimento cotidiano.
2. Políticas y procesos espontáneos
La colonización debida a la inmigración hacia la Amazonía de población andina ha sido el principal problemas que han enfrentado históricamente los pueblos indígenas amazónicos. Se trata de procesos que se iniciaron a fines del siglo XIX y que han afectado extensas áreas de la región amazónica que constituían territorios tradicionales de dichos pueblos. En gran medida la expansión del cultivo de coca con fines ilegales se debe a dichos colonos que ahora han sobrepasado los límites de la “selva alta” y se han expandido hasta el extremo nororiental de Loreto, en el triángulo formado por los ríos Amazonas y Yavarí. La colonización ha sido tan intensa en algunas zonas que la población indígena, de ser mayoritaria, ha quedado reducida a pequeñas islas rodeadas de inmigrantes.
No obstante que la intención de la Ley Forestal, DL Nº 27308, dada el año 2000, tenía como objetivo regular la actividad forestal, en la práctica el resultado ha sido otro. Los contratos de explotación forestal han servido únicamente para que los extractores puedan legalizar la madera que extraen de cualquier parte. Una de las modalidades de los extractores es hacer acuerdos con las comunidades. Como ellas desconocen el valor de la madera, los acuerdos son perjudiciales porque las empresas extraen más madera que la que establecen los contratos y además la pagan por debajo de su valor real. Por otro lado, como la madera se factura en documentos de las comunidades son ellas quienes deben pagar los impuestos. Al no hacerlo por desconocimiento, son sancionadas por la SUNAT que las considera evasoras.
La expansión de la actividad maderera ha afectado territorios de comunidades asentadas en casi todos los ríos  amazónicos. Para esto, en la zona de selva alta las empresas han construido carreteras de penetración sin autorización del Estado, quien sin embargo las ha dejado actuar, ni mucho menos estudios de impacto ambiental. En dicha zona, pero sobre todo en la selva baja, la presencia de tractores forestales permite a las empresas acceder a bosques que antes no podían explotar por estar lejos de los cursos de agua por donde se transportaba la madera.
La actividad minera se ha expandido por la región amazónica. La extracción aurífera, hasta hace unas décadas concentrada básicamente en los ríos de la región de Madre de Dios, se ha generalizado en diversas cuencas y, al igual que lo ocurrido en dicha región, muchos comuneros han incursionado en ellas atraídos por las ganancias que genera. Los estragos ambientales son graves por el uso de mercurio para amalgamar el oro que luego se quema para eliminarlo. A su vez, las dragas remueven los antiguos lechos fluviales y alteran el paisaje. Esta actividad es causa de graves disturbios sociales dado que produce buenas ganancias que la gente luego invierte en alcohol y prostitución. Las zonas influidas por la actividad aurífera suelen estar afectadas por la violencia social.
La actividad petrolera hoy afecta alrededor del 70% de la extensión de la Amazonía peruana. Las zonas más antiguas de explotación registran altos grado de contaminación de aguas y suelos. Se trata de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón donde se asientan comunidades de los pueblos Quechua, Achuar, Urarina y Kukama-Kukamiria. La contaminación ha afectado la salud de las personas, como lo demuestran diversos estudios realizados. Por otro lado, de acuerdo a estudios realizados por instituciones nacionales e internacionales, la población presenta altos índices de pobreza, a pesar de los grandes ingresos producidos por la explotación de petróleo. Frente a esta situación, no faltan quienes propongan que para salir de la pobreza los indígenas deben vender sus tierras, con la finalidad de tener dinero para invertirlo en negocios. Sin tierras y con dinero que gastarían muy rápidamente, los indígenas quedarían en total desprotección y mayor pobreza.

Amenazas internas

Todas las amenazas externas tienen repercusiones internas que generan divisiones en las comunidades a causa de peleas y ambiciones de la gente por querer acaparar los recursos de la comunidad. Es el caso, por ejemplo, de comuneros que quieren adueñarse de los bosques de una comunidad para comercializarlos por su parte con empresas madereras; o de dirigentes que engañan a los comuneros porque han recibido dinero de las empresas con esta finalidad. En suma, todas las actividades que he calificado como amenazas externas tienen repercusiones en la vida social de la población.
Un caso ya mencionado de amenaza interna es el del dirigente de una federación que promovió la titulación de anexos en un momento en que su organización regional impulsaba una demanda ante el Estado para conformar territorios integrales. Otro, es lo que sucedió en la provincia de Datem del Marañón, donde el pueblo Kandozi, involucrado en el mismo proceso de demanda territorial, duplicó sus organizaciones representativas de tres a seis, a causa de disputas de poder entre los líderes.
Otra expresión dramática de debilidades internas es lo que sucede en las comunidades awajun del alto Mayo (San Martín). Hace unos 30 años los moradores de la comunidad de Bajo Naranjillo, impulsados por sus propios líderes, tomaron la decisión de dividir la comunidad. Aunque no se trató de una parcelación legal, lo que la gente hizo fue lotizar el territorio comunal entre los comuneros que luego alquilaron sus tierras a colonos para que siembren arroz bajo riego. Como la comunidad fue declarada capital de distrito, muchos colonos instalaron en ella negocios de tiendas, restaurantes, hoteles y otros. De este modo, la comunidad poco a poco ha sido ocupada por gente de afuera que es cada día más numerosa y con mayor arraigo. Este modelo se ha propalado a otras comunidades de la zona. En los últimos años, los comuneros awajun han sido desplazados de sus comunidades por la creciente presencia de colonos y ahora temen perder la propiedad de sus tierras. Los intentos que han hecho para desalojarlos no han logrado éxito.
La cuestión de los alquileres de tierras se ha expandido hacia otras zonas y hoy afecta también a muchas comunidades ashaninkas de las cuencas del Perené y Satipo.
La presencia de empresas ha dividido a la población en muchas zonas, financiando nuevas organizaciones para que avalen sus propuestas. Hay muchos casos. Por ejemplo, en varias de las cuencas (Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón) donde actúa Puinamudt (Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios) han surgido federaciones al servicio de las empresas. También en el Cenepa existe el problema, aunque la mayoría de comunidades está alineada con Odecofroc (Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa) que lidera la oposición contra la actividad minera en la Cordillera del Cóndor. Asimismo, las comunidades asentadas en la cuenca del río Chirinos, en la provincia de San Ignacio (Cajamarca), están divididas: una parte de ellas, base de la Organización Fronteriza Awajun de Cajamarca (Orfac), se opone a la presencia de la minera Águila Dorada, mientras otra está a favor.

Otros problemas

Un problema adicional que enfrenta la propuesta de creación de territorios integrales es la falta de continuidad de los asentamientos de los pueblos indígenas. Se trata de hábitats segmentados no porque las comunidades hayan sido tituladas individualmente sino por la presencia de ciudades, pueblos y colonos en ellos. Esto es consecuencia de los procesos de colonización a los que ya antes me he referido. En algunos casos, la intrusión de colonos ha sido tan fuerte que ha obligado a los indígenas a emigrar hacia otras cuencas. Es lo que sucede, por ejemplo, con los ashaninkas del Perené y Tambo que se han desplazado hacia el alto Ucayali. Un proceso similar sucedió con awajun del alto Marañón que se desplazaron hace varias décadas hacia la zona del alto Mayo.
¿Cómo pensar en un único territorio ashaninka o awajun con asentamientos que se encuentran a los largo de cinco o seis cuencas distintas y distantes entre sí y además con ciudades y centros poblados intermedios, además de asentamientos de colonos?

Conclusiones

• Tradicionalmente el territorio ha sido la parte del Universo ocupada por un pueblo, no solo mediante asentamientos y desarrollo de actividades hortícolas y extractivas, sino también del sello cultural que significa darle nombre a los ríos, montañas y cochas y tejer historias enraizadas en el medio.

• En este sentido el territorio ha sido un espacio de ocupación física y de marca cultural antes que una superficie delimitada con exactitud. Por esto, los territorios se expandían en unos momentos y se contraían en otros.

• Cinco siglos de ocupación colonial y republicana y de expansión evangelizadora y de una visión económica que pone valor a las cosas por la posibilidad de hacer que produzcan ganancias y rentas han cambiado las concepciones y conductas de los indígenas. Los hábitats de los pueblos indígenas se han reducido a consecuencia del avance de la colonización. Ellos han sido reducidos de muchas maneras y hoy ocupan apenas una fracción de las áreas donde antes actuaban.

• Las propuestas actuales para conformar territorios étnicos deben partir del hecho que hoy las condiciones de vida de los indígenas son distintas a las de siglos atrás, no solo porque el espacio también está habitado por otras personas, sino porque ellos mismos han adoptado perspectivas distintas para pensar y actuar sobre la realidad.

• En este sentido, hablar de territorio hoy implica darle nuevo contenido al concepto. Territorio hoy es un modelo por armar que tiene muchas posibilidades diferentes de realización. Las respuestas dependerán de cada situación en concreto.

• El territorio es una utopía y su construcción debe partir de realidades concretas, a riesgo de incurrir en la fantasía, palabras que, aunque tenga sonoridad parecida, son diametralmente contrarias.

• En este texto presento cuatro situaciones diferentes que he conocido en la realidad, sin pretender que ellas agoten todas las que puedan existir. En una el territorio es la suma de espacios pertenecientes a diversas personas, algunas no indígenas, que se ponen de acuerdo en normas básicas de manejo territorial. En otra, se trata de comunidades más o menos colindantes que asumen normas comunes de gestión territorial de la totalidad de la superficie que ocupan. En la tercera son comunidades que complementan sus territorios particulares con un área protegida y definen de manera conjunta las normas de gestión. En la última, se trata de un conjunto de asentamientos que resuelven legalizarse como una sola comunidad que es gestionada por un organismo interno de toma de decisiones que representa a todos.

• En todos los casos, sin embargo, lo fundamental en el proceso de construcción territorial son los acuerdos sociales que pueda tomar la gente para gestionar el territorio sobre la base de criterios comunes. El énfasis en acuerdos y normas propias pone la responsabilidad de la construcción de territorios en la propia sociedad, en lo interno, en lo que ella puede hacer sin depender de decisiones de terceros. En cambio, el énfasis en la legislación pone la responsabilidad afuera, en lo que no depende de los pueblos sino del Estado, de un Estado que cada día es más agresivo y transgresor de los derechos de los pueblos indígenas.

• Los aspectos legales son importantes para consolidar los acuerdos que se hayan tomado. Son el paso final fundamental ya el territorio en la concepción actual no solo tiene que estar socialmente controlado, sino también legalmente reconocido y con límites precisos para poder defenderlo.

• Existen muchas amenazas y obstáculos externos que traban el desarrollo de propuestas territoriales. Entre ellos, están leyes abusivas, políticas antidemocráticas y normas que superponen derechos sobre los territorios comunales. En mi perspectiva, todas estas amenazas y obstáculos sólo pueden ser vencidos si primero se han superado las amenazas internas que debilitan y dividen las iniciativas que intentan desarrollar los pueblos indígenas.

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* Ponencia presentada en el curso taller “Políticas de desarrollo, territorio y consulta previa”, organizado por el Fórum Solidaridad Perú, realizado en Tarapoto, entre el 1 y 3 de julio de 2015.