México: Comunidad otomí impugnará despojo de tierras a favor de carretera ecocida

Fuente: Serapaz

– Proyecto amenaza Santuario del Agua y el Parque estatal Otomí-Mexica, hogar de cientos de especies de plantas y aves, muchas de estas endémicas y en peligro de extinción, tales como el coyote, el águila, entre otras.
Servindi.- Miembros de la comunidad indígena San Francisco Xochicuautla anunciaron que impugnarán el decreto presidencial del 9 de julio firmado por el mandatario Enrique Peña Nieto, que expropia 38 hectáreas para construir la autopista privada Toluca-Naucalpan.
Los comuneros anunciaron que también interpondrán una nueva queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la violenta incursión de maquinaria pesada y camiones del gobierno que irrumpió sobre las tierras comunales el 12 y 13 de julio.
En una entrevista brindada al semanario Proceso los comuneros denunciaron que el proyecto favorece al contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, de la empresa Autovan, y que que sería, señalaron, el favorito del presidente Enrique Peña Nieto, a quién le construyó su millonaria “Casa Blanca”.
Los representantes indígenas y activistas ambientalistas denuncian que el nuevo tramo de la autopista ubicada en el municipio de Lerma, estado de México, afectará el Santuario del Agua y el Parque estatal Otomí-Mexica.

Peligran cientos de especies de plantas y aves, muchas de estas endémicas y en peligro de extinción, tales como el coyote, el águila, y otras decenas de especies que habitan en el ecosistema de humedales.
Según indica la revista Proceso, los afectados cuentan con un amparo federal que obliga a las autoridades del Estado de México y a Armando Hinojosa Cantú a suspender cualquier obra en el Santuario del Agua y el Parque estatal Otomí-Mexica.

Las argucias de un decreto

El decreto que expropia la tierra comunal indígena utiliza como argumento la “utilidad pública” y la necesidad de “facilitar el transporte” entre el Valle de México y el Distrito Federal.
En la disposición el Gobierno pretende entregar un total de 10 millones 850 mil 440 pesos (aproximadamente 690 mil dólares) a quienes “legítimamente” demuestren ser comuneros.
Para los dirigentes comunales la medida es un despojo ilegal ya que no se cumplió con su derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.
Además, el decreto representa el enésimo intento por legalizar un proyecto víal que evidencia que nunca hubo legalidad en las numerosas incursiones de maquinaria realizadas anteriormente.