Hace cuatro meses, todo era motivo de alegría para el gobierno. Foto: Puinamudt
Servindi.- Hace exactamente cuatro meses, entre bombos y platillos, el Gobierno firmó un acuerdo con las federaciones
nativas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y
Marañón, por el cual se comprometió a dar solución a la emergencia
ambiental y social que desde hace décadas se vive en la zona. Ha pasado
un tiempo prudencial desde entonces y el balance general de lo avanzado
es negativo.Esto se refleja en lo dicho por los apus o líderes de las federaciones del Pastaza, Corrientes y Marañón que formaron parte de una reunión de evaluación con representantes del Estado, el jueves último.
Como se comunicó en su momento, el acta firmada el 10 de marzo contemplaba acciones en los temas siguientes: remediación ambiental, titulación de tierras, estudios epidemiológicos y toxicológicos en la población, educación y proyectos de desarrollo (descargar aquí y aquí).
Para Alfonso López, presidente de la federación indígena del Marañón, Acodecospat, lo claro al día de hoy es que no se ha avanzado lo mínimo, y esto se ve –sostiene– en que “ninguna de las cinco condiciones está resuelta”.
No obstante, rescata sí la instalación de plantas de tratamiento de agua en varias de las comunidades afectadas por contaminación petrolera provocada por más de 40 años de actividad.
Dicho esto, la situación en las comunidades es delicada tomando en cuenta que la Comisión Multisectorial de carácter temporal que se creó para brindarles atención, y en cuyo marco se firmó el acta del 10 de marzo, se encuentra en su última etapa.
Cabe precisar que, en paralelo a las acciones que se supone debe hacer el Estado en las materias ya citadas, se viene acelerando el proceso de la consulta previa del Lote 192, nomenclatura asignada a la suma que dan el actual Lote 1AB y otras áreas fuera de este, en el departamento de Loreto.
En en citado proceso se encuentran las comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza y Tigre, que serán afectadas por la actividad petrolera en dicho lote.
Piden acciones concretas
La desidia que denuncian del gobierno ha motivado que en el caso del Marañón se tome la decisión de que en los próximos días tenga lugar una asamblea con las comunidades para decidir lo que se va a hacer al respecto.
Alfonso López Tejada. Foto: Servindi
El mismo camino podrían seguir las otras federaciones, con motivo de lo visto el jueves en la reunión con el Estado.“Ellos han tratado de hacernos confundir con sus comentarios técnicos (…). Nosotros lo que queremos es escuchar sobre hechos concretos”, dijo Carlos Sandi Maynas, presidente de la federación del Corrientes, Feconaco, tras la reunión durante un encuentro con periodistas y organizaciones aliadas.
Para el gobierno todo está bien
Siguiendo esa línea, los apus cuestionaron que el gobierno diga que lo avanzado en torno al acta, es del 60 por ciento. Sobre este punto, señalaron que en ningún momento los funcionarios explicaron en base a qué criterios hicieron dicho cálculo.López Tejada, de la Acodecospat, manifestó su extrañeza al respecto ya que –explicó– no se puede calificar de avance los discursos de buena intención del gobierno.
Otro hecho que motivó críticas fue que no se esté cumpliendo con convocar a las federaciones a los espacios de diálogo señalados en el acta.
Sostuvieron así que en el tema de educación llevan seis meses tratando de obtener una cita con el Ministerio. “Se están tomando decisiones sin la participación de las federaciones indígenas cuando esto estaba garantizado en el acta”, acusaron.
La cita con el propio Estado también se convirtió en blanco de críticas. Esto debido a que asistieron, en su gran mayoría, funcionarios de segundo y tercer rango, que no tienen poder de decisión y que no cumplían con despejar las interrogantes planteadas por las federaciones.
“Lo único que (ellos) dicen es que el Ministerio de Economía no nos aprobó, que no nos quiere dar plata”, apuntó López sobre el desarrollo de la cita con el gobierno en la sede de la PCM.
Por todo ello, la reunión fue calificada de poco productiva por lo que los apus anunciaron que ya vienen trabajando fechas para visitar las comunidades e informar sobre esta situación.
“Si el Estado no se pone la mano al pecho emprenderemos acciones”, sentenció Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep).
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