Servindi.- La labor de vigilancia que realizan los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos cuenta ahora con el apoyo de un proyecto que fortalecerá y articulará sus sistemas. Se busca de este modo que los pueblos participen en el proceso de la toma de decisiones que los afectan.
De este modo se busca contribuir a eliminar la discriminación que persiste contra los pueblos indígenas y evitar el surgimiento de los conflictos sociales.
“Fortaleciendo la Vigilancia Indígena” es el nombre del proyecto que beneficiará a pueblos indígenas de las regiones Loreto, Ucayali, Junín y Cusco, y lo lidera la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Cuenta con el financiamiento de la Unión Europea.
Estos pueblos están representados en las organizaciones Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT); Central Asháninka de Río Ene (CARE); Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU); y Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU).
Según explicó Isabel Gonzales, coordinadora del proyecto, lo que se busca es crear canales de atención para que el Estado actúe oportunamente frente a las diversas amenazas que se presentan contra los pueblos originarios y las labores que realizan.
Al respecto explicó que muchas veces “las acciones de vigilancia que realizan los pueblos indígenas, y que muchas veces desencadenan en algún tipo de reporte, alerta o denuncia a las instituciones de Estado, no son atendidas”.
“Buscamos cambios en el sentido de que puedan reconocerse el derecho de los pueblos indígenas a la participación, a la consulta; que ellos puedan en general tomar decisiones sobre sus territorios porque finalmente esas decisiones van a afectarles directamente”, detalló Gonzales en diálogo con Servindi.
Para Alfonso López, presidente de la Acodecospat, este proyecto servirá para “hacer conocer a los que están afuera y son insensibles de que ahí existimos personas (…), y que necesitamos que respeten nuestra vida, la de nuestros hijos, a nuestros sueños y a nuestras aspiraciones”.
Precisó que las amenazas se presentan en forma de tala ilegal, actividad petrolera, monocultivos o megaproyectos como hidroeléctricas, carreteras o ferrocarriles.
Entre los componentes que contempla el proyecto se encuentra la capacitación, la formación con enfoque de género, el intercambio de experiencias, y el surgimiento de nuevas propuestas que contribuyan en la elaboración de normas que regulen las actividades que se desarrollen en los territorios de los pueblos indígenas.
Asimismo buscará articular los sistemas de estos pueblos con los sistemas gubernamentales de monitoreo y fiscalización ambiental y social.
En el plano del intercambio de experiencias, López Tejada manifestó su voluntad de mostrar al mundo el conocimiento que los pueblos de la Amazonía atesoran. “El territorio no son solamente los recursos, son también nuestros saberes, son nuestros conocimientos aprendidos de nuestros antepasados para poder vivir armónicamente con nuestro medio natural”, afirmó.
El proyecto que tendrá una vigencia hasta junio del 2017, también recibió el saludo de Lizardo Cauper, presidente de la ORAU, quien resaltó que se busque abordar el tema de la discriminación contra los indígenas.
Acotó al respecto que la “discriminación también es ideológica, de pensamiento, por no conocer y no respetar la diversidad cultural que existe en el Perú”.
“Lo que queremos hacer es visibilizar nuestra forma de control (…), hay un desconocimiento sobre lo que está ocurriendo en un territorio en el que existen diferentes actividades”, añadió.
También participó de la cita la Viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, y la embajadora en Perú de la Unión Europea, Irene Horejs. Ambas elogiaron la iniciativa.
En ese mismo sentido se pronunció Ángel Pedro, representante de CARE, y José Katinga, subjefe del COMARU.
Este último advirtió que también existen otros problemas que afrontan los pueblos indígenas y que espera reciban la atención del Estado como es el tema de educación y salud.
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