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El Gobierno federal anunció hace semanas que dejaría
de pagar los servicios públicos, responsabilizando a los gobiernos
municipales de proporcionar agua y electricidad a las comunidades
indígenas ubicadas en la provincia de Kimberley (noreste).
Pero, los gobiernos municipales no quieren asumir la responsabilidad diciendo que no podrán costear los servicios y las comunidades tendrán que abandonar sus tierras.
Según ha relatado a la fuente un asesor indígena en la Sección Australiana de Amnistía Internacional (AI), Rodney Dillon, la mayor parte de los miembros de las comunidades indígenas no podría sobrevivir ante esta situación.
"Esto (cortar los servicios básicos) podría ser un choque psicológico. Es su tierra natal, es a donde pertenecen y del que están orgullosos. Varios quizás se queden y mueran en sus tierras", ha precisado.
No es la primera vez que las autoridades australianas hacen caso omiso a los derechos de los indígenas, pues en 2011 el Gobierno destruyó las viviendas de una comunidad aborigen en Oombulgurri, este de Kimberley.
AI ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas y políticas "discriminatorias y racistas" adoptadas por el Gobierno de Canberra hacia las comunidades indígenas.
De 22 millones de habitantes australianos, unos 500.000 son indígenas, que son considerados la clase marginada, sufriendo la mayor tasa de desempleo, enfermedad y mortalidad infantil.
Pero, los gobiernos municipales no quieren asumir la responsabilidad diciendo que no podrán costear los servicios y las comunidades tendrán que abandonar sus tierras.
Según ha relatado a la fuente un asesor indígena en la Sección Australiana de Amnistía Internacional (AI), Rodney Dillon, la mayor parte de los miembros de las comunidades indígenas no podría sobrevivir ante esta situación.
"Esto (cortar los servicios básicos) podría ser un choque psicológico. Es su tierra natal, es a donde pertenecen y del que están orgullosos. Varios quizás se queden y mueran en sus tierras", ha precisado.
No es la primera vez que las autoridades australianas hacen caso omiso a los derechos de los indígenas, pues en 2011 el Gobierno destruyó las viviendas de una comunidad aborigen en Oombulgurri, este de Kimberley.
AI ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas y políticas "discriminatorias y racistas" adoptadas por el Gobierno de Canberra hacia las comunidades indígenas.
De 22 millones de habitantes australianos, unos 500.000 son indígenas, que son considerados la clase marginada, sufriendo la mayor tasa de desempleo, enfermedad y mortalidad infantil.
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