Imágenes: Defensoría del Pueblo (Colombia)
Servindi, 12 de febrero, 2015.- Tras una visita a los municipios de Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, la Defensoría del Pueblos informó que los dirigentes opositores a la ilegal actividad extractiva han estado recibiendo amenazas de muerte mediante mensajes a sus teléfonos celulares.
La Defensoría advirtió en un comunicado en su portal de internet que las amenazas han llegado también a personas de la zona que participaron en noviembre del año pasado en una marcha hacia Bogotá, incluso a sus hijos menores de edad.
La delegación enviada por las Defensorías Delegadas para los Indígenas y las Minorías Étnicas, para los Derechos Colectivos y del Ambiente, comprobó también el desvío y contaminación por remoción de tierras de los ríos Ovejas, Teta y Quinamayó.
En la visita de cuatro días, los funcionarios atestiguaron que los referidos cursos de agua han sido contaminados por la remoción de tierras, la formación de montañas con material estéril. y por las sustancias químicas vertidas en el proceso extractivo.
Ante esta situación, la Defensoría instó a elaborar con prontitud una ruta de emergencia que garantice la protección de los derechos de los habitantes de la zona.
Resaltó también la importancia de que se cumplan “los acuerdos producto del proceso de negociación adelantado con las mujeres afrodescendientes del norte del Cauca.”
La Defensoría señaló que la actividad minera ilegal ha tomado fuerza en la zona con al menos 150 retroexcavadoras y unos 200 trabajadores a pesar de que la Corte Constitucional suspendió tal actividad y ordenó un proceso de consulta previa mediante la sentencia T-1045 de 2010.
“La Defensoría verificó la formación de montañas con material estéril y el vertimiento de sustancias químicas que ponen en riesgo a la población y al medio ambiente”
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