Imagen: eldeber.com
Servindi.- La Defensoría del Pueblo de Bolivia consideró
“despiadada y criminal” la represión policial contra indígenas guaraníes
ocurrida en agosto de 2015, cuando protestaban contra la explotación
petrolera en el territorio indígena Takovo Mora.
El miércoles 16 de marzo Rolando Villena, Defensor del Pueblo, presentó su informe sobre lo acontecido en Takovo Mora, en el que se indica que de manera “flagrante, premeditada y culposa” la policía vulneró varios derechos indígenas de los guaraníes.
Como se recuerda, la represión ocurrió en la comunidad de Yateirendá de la Capitanía Takovo Mora, ubicada a 120 kilómetros de Santa Cruz, contra manifestantes indígenas que exigían que se efectúe la consulta previa antes de la explotación petrolera.
De acuerdo a la Defensoría, en la intervención policial se vulneró los derechos a la integridad; a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad personal.
Así como derechos específicos de mujeres, niñez y de los pueblos indígenas, como el derecho a la territorialidad y a la consulta previa, libre e informada.
Para Villena la intervención fue “despiadada y criminal”, y la comparó la represión a una marcha indígena en la comunidad de San Miguel de Chaparina, en el departamento del Beni, en 2011.
El informe considera también que “se violó la Constitución Política del Estado; cinco tratados internacionales sobre derechos humanos además de la Ley contra la violencia a la mujer y el Código Niña, Niño y Adolescente”.
Por consiguiente, recomienda al Fiscal General del Estado continuar las acciones penales contra los autores directos e indirectos, los instigadores, cómplices y encubridores del suceso.
El miércoles 16 de marzo Rolando Villena, Defensor del Pueblo, presentó su informe sobre lo acontecido en Takovo Mora, en el que se indica que de manera “flagrante, premeditada y culposa” la policía vulneró varios derechos indígenas de los guaraníes.
Como se recuerda, la represión ocurrió en la comunidad de Yateirendá de la Capitanía Takovo Mora, ubicada a 120 kilómetros de Santa Cruz, contra manifestantes indígenas que exigían que se efectúe la consulta previa antes de la explotación petrolera.
De acuerdo a la Defensoría, en la intervención policial se vulneró los derechos a la integridad; a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad personal.
Así como derechos específicos de mujeres, niñez y de los pueblos indígenas, como el derecho a la territorialidad y a la consulta previa, libre e informada.
Para Villena la intervención fue “despiadada y criminal”, y la comparó la represión a una marcha indígena en la comunidad de San Miguel de Chaparina, en el departamento del Beni, en 2011.
El informe considera también que “se violó la Constitución Política del Estado; cinco tratados internacionales sobre derechos humanos además de la Ley contra la violencia a la mujer y el Código Niña, Niño y Adolescente”.
Por consiguiente, recomienda al Fiscal General del Estado continuar las acciones penales contra los autores directos e indirectos, los instigadores, cómplices y encubridores del suceso.
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