Imagen: Conexihon
- Acusan que crimen se produjo por un “contubernio” entre “empresarios mineros clandestinos y empresas madereras”.
Servindi.- Cinco indígenas tolupanes fueron asesinados por desconocidos en 21 de febrero, en el caserío Cabexa de Vaca número 2, en el departamento de Yoro. Los asesinos ingresaron a la casa que habitaban, los sacaron a la calle y los ultimaron a balazos.
El hecho se dio pese a que en diciembre del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido una medida cautelar a favor de 18 líderes tolupanes y miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), con base en el sector San Francisco de Locomapa.
La medida ponía en evidencia así el grave peligro que corrían los originarios por causa de su labor de lucha contra la corrupción y por "la defensa de los bienes naturales" y "del territorio".
Según medios locales, las víctimas fueron Nahúm Alberto Morazán, Roberto Carlos Palencia, José Alvarenga, Elvin Joel Alvarenga y Santos Matute, esté último perdió la vida al día siguiente del ataque, en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
Mediante un comunicado, el MADJ acusó que esta ola de violencia -en 2013 se registraron tres asesinatos- es producto de un “contubernio” entre “empresarios mineros clandestinos y empresas madereras”.
La propia CIDH recogió versiones al respecto en su último informe sobre Honduras, difundido este mes. En éste toma conocimiento de la situación en que se encuentra el pueblo Tolupán, en cuyo territorio ancestral se vendrían desarrollando diversos proyectos de explotación minera y represas hidroeléctricas inconsultos.
Con este trágico suceso ya son 17 líderes ambientalistas asesinados en los últimos años, advirtió el MADJ.
En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional a exigir al Estado de Honduras “el castigo a los asesinos de más de 100 indígenas masacrados en las últimas décadas”.
Del mismo modo advirtió que las personas sobrevivientes del ataque se encuentran en situación de riesgo.
Ellos se encontraban participando de una protesta pacífica contra la explotación minera, la tala de árboles y un proyecto hidroeléctrico que no fue consultado a la población.
El hecho motivó la actuación del MADJ y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante la CIDH para solicitar una medida cautelar, la cual, como ya se mencionó, fue otorgada en diciembre del 2013 a favor de los 18 miembros del MADJ y sus familias, haciendo un total de 38 beneficiarios.
No obstante, pese a la emisión de la medida, la situación de violencia continúo contra los líderes indígenas. Vilma Consuelo Soto, por citar un caso, sufrió un atentado contra su vida el 22 de mayo de 2015, cuando un desconocido fue a su casa y efectuó tres disparos. Seis semanas antes su esposo, Luis de Reyes Marcia, había sido asesinado a puñaladas.
Según Consuelo Soto, pese a que había recibido amenazas en su contra, su esposo nunca recibió protección de parte del Estado.
Servindi.- Cinco indígenas tolupanes fueron asesinados por desconocidos en 21 de febrero, en el caserío Cabexa de Vaca número 2, en el departamento de Yoro. Los asesinos ingresaron a la casa que habitaban, los sacaron a la calle y los ultimaron a balazos.
El hecho se dio pese a que en diciembre del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido una medida cautelar a favor de 18 líderes tolupanes y miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), con base en el sector San Francisco de Locomapa.
La medida ponía en evidencia así el grave peligro que corrían los originarios por causa de su labor de lucha contra la corrupción y por "la defensa de los bienes naturales" y "del territorio".
Según medios locales, las víctimas fueron Nahúm Alberto Morazán, Roberto Carlos Palencia, José Alvarenga, Elvin Joel Alvarenga y Santos Matute, esté último perdió la vida al día siguiente del ataque, en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
Mediante un comunicado, el MADJ acusó que esta ola de violencia -en 2013 se registraron tres asesinatos- es producto de un “contubernio” entre “empresarios mineros clandestinos y empresas madereras”.
La propia CIDH recogió versiones al respecto en su último informe sobre Honduras, difundido este mes. En éste toma conocimiento de la situación en que se encuentra el pueblo Tolupán, en cuyo territorio ancestral se vendrían desarrollando diversos proyectos de explotación minera y represas hidroeléctricas inconsultos.
Con este trágico suceso ya son 17 líderes ambientalistas asesinados en los últimos años, advirtió el MADJ.
Estado responsable de tragedias
Ante lo ocurrido este mes, el MADJ acusó a las autoridades del Ministerio Público, a la Policía y a los militares de actuar "más cercanos a los asesinos que a las víctimas del pueblo Tolupán."En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional a exigir al Estado de Honduras “el castigo a los asesinos de más de 100 indígenas masacrados en las últimas décadas”.
Del mismo modo advirtió que las personas sobrevivientes del ataque se encuentran en situación de riesgo.
Violencia pese a medidas cautelares
Un hecho igual de lamentable al ocurrido el 21, se vivió en agosto del 2013 también en Yoro, cuando fueron asesinados los líderes indígenas tolupanes María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina.Ellos se encontraban participando de una protesta pacífica contra la explotación minera, la tala de árboles y un proyecto hidroeléctrico que no fue consultado a la población.
El hecho motivó la actuación del MADJ y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante la CIDH para solicitar una medida cautelar, la cual, como ya se mencionó, fue otorgada en diciembre del 2013 a favor de los 18 miembros del MADJ y sus familias, haciendo un total de 38 beneficiarios.
No obstante, pese a la emisión de la medida, la situación de violencia continúo contra los líderes indígenas. Vilma Consuelo Soto, por citar un caso, sufrió un atentado contra su vida el 22 de mayo de 2015, cuando un desconocido fue a su casa y efectuó tres disparos. Seis semanas antes su esposo, Luis de Reyes Marcia, había sido asesinado a puñaladas.
Según Consuelo Soto, pese a que había recibido amenazas en su contra, su esposo nunca recibió protección de parte del Estado.
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