Foto: Leslie Searles
El
último derrame de petróleo en la Amazonía peruana despertó la alerta
mundial por su impacto ambiental, pero hay otras víctimas en las que
pocos piensan. Mientras la industria se lleva la riqueza del subsuelo,
las mujeres indígenas de esas mismas zonas permanecen pobres, aisladas,
expuestas a enfermedades y a la violencia familiar. En el Día
Internacional de la Mujer, el siguiente panorama muestra que en lo
profundo del país hay poco por celebrar
Por Nelly Luna Amancio
Ojo Público.- En uno de los lugares más ricos y aislados del Perú, cuna del proyecto Camisea, se produce una de las transformaciones más feroces de nuestro tiempo: el boom gasífero que trajo prosperidad a una parte del país ha sido una maldición para la mujer indígena machiguenga. Ahora tiene más posibilidades que antes de ser contagiada de VIH, de ser agredida cada vez que su marido se embriaga en las decenas de cantinas que han aparecido, ha perdido el liderazgo del hogar que le daba el cultivo de su chacra y depende del sueldo del esposo que trabaja en el lote de gas. Se alimenta mal y en estas condiciones debe sobreponerse a la desnutrición para luchar contra la anemia de sus propios hijos. En los últimos 12 años la explotación de gas ha generado más de US$ 7.700 millones en regalías para el país, pero nunca como ahora las mujeres machiguengas han sido más pobres.
Un detalle fue el primer signo de estos nuevos tiempos: las machiguengas dejaron de cosechar el tubérculo más tradicional de su dieta familiar, la yuca. ¿Para qué iban a sembrarla si podían comprarla o reemplazarla por arroz en las tiendas que aparecieron luego de la instalación del proyecto Camisea? “Si falta yuca se compra”, respondía hace dos años Eulalia Andrés Incacuna, una mujeres de la comunidad de Kirigueti. Desde hace tiempo en Camisea, la tienda reemplazó a la chacra, y la cerveza a la bebida más tradicional, el masato.
La modificación de su dieta advertía el inicio de los cambios asociados a las nuevas formas de intercambio económico que trajo el proyecto gasífero en Perú, operado por la multinacional Pluspetrol, que además administra otros lotes de petróleo en la región amazónica de Loreto. A pesar de las millonarias regalías entregadas al Estado Peruano, el dinero no se tradujo en mejores condiciones de vida. Las estadísticas revelan que la inseguridad alimentaria en la zona de Camisea se ha incrementado. Aquí, una persona tiene tres veces más riesgo de pasar hambre que el promedio nacional.
En otro extremos del país, la contaminación y los impactos ambientales socavan aún más la economía indígena. El último derrame de 2.000 barriles de petróleo registrado el pasado 17 de febrero en la zona nororiental de la Amazonía, en el oleoducto administrado por la empresa estatal PetroPerú, recuerda la vulnerabilidad de las familias y, principalmente, de la mujer indígena, responsable de la alimentación y la administración del hogar en las comunidades.
En sus primeras indagaciones, Espinosa ha encontrado varios casos de estrés y cuadros severos de angustia en las mujeres. “Las hemos entrevistado y hemos notado que muchas presentan estos problemas. A varias se les ha comenzado a caer incluso el cabello, y eso las asusta porque no entienden por qué ocurre. Y frente a esto no existe para ellas ningún tratamiento adecuado por parte de los centros salud locales”, dice. En varias zonas de la cuenca del río Marañón las mujeres dirigentes asocian la contaminación petrolera al incremento de casos de cáncer y al nacimiento de niños con malformaciones. La falta de respuestas solo incrementa la incertidumbre familiar.
"En la tradición Amazónica, la mujer tiene un papel hegemónico; pero cuando la industria extractiva se instala en alguna zona, la gestión de recursos se altera, se prioriza el desempeño laboral de los hombres y se destruye el rol de la mujer", explica el antropólogo Willie Guevara*, que lleva estudiando la situación de las comunidades indígenas desde hace 30 años. El experto ha llamado a estos impactos: "pasivos subjetivos irremediables".
En el caso del Perú, el porcentaje de áreas lotizadas para la exploración y explotación alcanza el 60%. Se estima que el 80% de estas concesiones de hidrocarburos están superpuestas a tierras tituladas de comunidades indígenas, lo que ha generado conflictos sociales con la población local. En algunas regiones, como Loreto, afectadas por la contaminación de décadas de explotación petrolera (primero de parte de Oxy y luego por Pluspetrol Norte), han sido las mujeres indígenas las que de manera organizada han explicado sus quejas y demandas a los funcionarios de las Naciones Unidas. “Ellas han expresado que la contaminación les afecta en particular por los cambios ocasionados en la calidad y disponibilidad de agua y los efectos negativos sobre la salud de su familia”, señala el informe del 2014 del relator para pueblos indígenas, James Anaya.
La viceministra de Interculturalidad del Perú, Patricia Balbuena, reconoce esta situación y sostiene que para la mujer indígena el impacto de la industria extractiva es mayor. “A ellas les está costando reacomodarse a las nuevas relaciones productivas que traen estas actividades, y esto, finalmente, influye en las relaciones de género. Los hombres son contratados por las empresas y usan sus sueldos para adquirir bienes de consumo o de alimentos, entonces se desplaza a las mujeres de sus rutinas tradicionales, como el cultivo en las chacras”, dice la viceministra, abogada experta en temas de género, desarrollo y población.
En las comunidades aledañas al proyecto Camisea, el primer caso de VIH reportado oficialmente data del 2010 y el 2015, según detalla la red de salud local, se identificaon 11 casos solo en mujeres de las comunidades nativas ubicadas dentro del área de influencia del proyecto gasífero. Mario Tavera, asesor del viceministerio de Salud Pública del Perú, opina que no se puede atribuir el incremento del VIH solo a la industria extractiva. “Hay una serie de factores adicionales, como la migración y el intercambio económico, que deberían ser tomados en cuenta en los estudios de impacto de todos los proyectos”, dice.
Las distancias geográficas y las malas condiciones de infraestructura de los puestos de salud dificultan un eficiente y oportuno diagnóstico. El jefe del programa indígena de la Defensoría del Pueblo, Daniel Sánchez, reconoce las debilidades del Estado: “El sistema de salud no está preparado para atender los casos de VIH en las poblaciones indígenas de la Amazonía. Se debería tener una estrategia específica, que considere intérpretes y una mayor presencia del Estado”. Hasta el año pasado solo cuatro pacientes recibían tratamiento antirretroviral, los otros lo habían abandonado.
Los hombres ya no cazan, ni pescan, ni se dedican a la agricultura. La mayoría trabaja en actividades relacionadas al proyecto Camisea o a las obras de infraestructura impulsadas por la municipalidad distrital de Echarate. El ingreso de un sueldo modificó la economía familiar. Se pasa de una economía no monetaria a otra monetaria, con todos los impactos sociales que esto supone. En su investigación “Ideas de progreso en los trabajadores asalariados indígenas: el caso de los machiguengas y el Proyecto del Gas de Camisea", la socióloga Cynthia del Castillo confirma que este proceso ha trastocado la vida comunal indígena.
“Las tensiones que se observan a partir del testimonio de los entrevistados -dice la experta- tienen que ver con la apropiación de nuevas prácticas y actitudes a partir del ingreso monetario. Nos referimos al consumo desmedido de cerveza. El hecho de que no todos los entrevistados se mostraran dispuestos a conversar sobre esto, hizo visible la tensión y, paradójicamente, el consciente ocultamiento para hablar del tema”, sostiene la investigadora.
No existen estudios locales sobre violencia familiar y alcoholismo en poblaciones indígenas de la Amazonía, pero la mayoría de mujeres asocia el maltrato familiar al consumo de alcohol.
La viceministra Balbuena advierte con preocupación la ausencia de un seguimiento antropológico sobre el impacto de la industria extractiva. “No hay un dimensionamiento real acerca de este impacto a partir de la incorporación de economías monetarias en los sistemas tradicionales de género, y las rupturas que podrían generarse”, advierte Balbuena.
La antropóloga Cynthia del Castillo insiste en la necesidad de “un estudio más profundo para tomar nota de las apreciaciones de las cónyuges en cuanto al ‘progreso’ que sus esposos dicen estar viviendo. La mirada desde el individuo que no sale de su comunidad, que se queda al cuidado del hogar, que apoya a su esposo en el negocio emprendido, que no tiene las mismas oportunidades que el cónyuge, puede variar en comparación a los ideales de vida del varón machiguenga”.
Estas nuevas relaciones, así como el impacto en la salud de las mujeres, son temas pendientes para entender la situación de las familias. Los expertos coinciden en la necesidad de revisar los Estudios de Impacto Ambiental y poner un mayor énfasis en los impactos socioculturales. Veinte días después del último derrame de petróleo, en Chiriaco (Amazonas), las mujeres no logran acceder a alimentos de calidad para sus hijos. "Las que pueden, compran pollo en las tiendas, pero las que no tienen dinero continúan comiendo el pescado de los ríos", dice Jania Danducho, de la comunidad de Nazareth, una de las más afectadas por el derrame del oleoducto administrado por PetroPeru y que desde 1996 ha registrado 33 derrames de barriles de petróleo.
----
Por Nelly Luna Amancio
Ojo Público.- En uno de los lugares más ricos y aislados del Perú, cuna del proyecto Camisea, se produce una de las transformaciones más feroces de nuestro tiempo: el boom gasífero que trajo prosperidad a una parte del país ha sido una maldición para la mujer indígena machiguenga. Ahora tiene más posibilidades que antes de ser contagiada de VIH, de ser agredida cada vez que su marido se embriaga en las decenas de cantinas que han aparecido, ha perdido el liderazgo del hogar que le daba el cultivo de su chacra y depende del sueldo del esposo que trabaja en el lote de gas. Se alimenta mal y en estas condiciones debe sobreponerse a la desnutrición para luchar contra la anemia de sus propios hijos. En los últimos 12 años la explotación de gas ha generado más de US$ 7.700 millones en regalías para el país, pero nunca como ahora las mujeres machiguengas han sido más pobres.
Un detalle fue el primer signo de estos nuevos tiempos: las machiguengas dejaron de cosechar el tubérculo más tradicional de su dieta familiar, la yuca. ¿Para qué iban a sembrarla si podían comprarla o reemplazarla por arroz en las tiendas que aparecieron luego de la instalación del proyecto Camisea? “Si falta yuca se compra”, respondía hace dos años Eulalia Andrés Incacuna, una mujeres de la comunidad de Kirigueti. Desde hace tiempo en Camisea, la tienda reemplazó a la chacra, y la cerveza a la bebida más tradicional, el masato.
La modificación de su dieta advertía el inicio de los cambios asociados a las nuevas formas de intercambio económico que trajo el proyecto gasífero en Perú, operado por la multinacional Pluspetrol, que además administra otros lotes de petróleo en la región amazónica de Loreto. A pesar de las millonarias regalías entregadas al Estado Peruano, el dinero no se tradujo en mejores condiciones de vida. Las estadísticas revelan que la inseguridad alimentaria en la zona de Camisea se ha incrementado. Aquí, una persona tiene tres veces más riesgo de pasar hambre que el promedio nacional.
En otro extremos del país, la contaminación y los impactos ambientales socavan aún más la economía indígena. El último derrame de 2.000 barriles de petróleo registrado el pasado 17 de febrero en la zona nororiental de la Amazonía, en el oleoducto administrado por la empresa estatal PetroPerú, recuerda la vulnerabilidad de las familias y, principalmente, de la mujer indígena, responsable de la alimentación y la administración del hogar en las comunidades.
Contaminación y salud mental
“La contaminación del agua es una de las principales preocupaciones para la mujer indígena. Con la pérdida de la calidad del recurso ellas han visto reducida sus posibilidades de garantizar la salud a su familia”, dice el antropólogo de la Universidad Católica del Perú, Óscar Espinosa, que desde hace unos meses investiga el impacto de la explotación petrolera en dos comunidades de la región Amazónica del Bajo Marañón, afectadas por pasivos ambientales y derrames de petróleo.En sus primeras indagaciones, Espinosa ha encontrado varios casos de estrés y cuadros severos de angustia en las mujeres. “Las hemos entrevistado y hemos notado que muchas presentan estos problemas. A varias se les ha comenzado a caer incluso el cabello, y eso las asusta porque no entienden por qué ocurre. Y frente a esto no existe para ellas ningún tratamiento adecuado por parte de los centros salud locales”, dice. En varias zonas de la cuenca del río Marañón las mujeres dirigentes asocian la contaminación petrolera al incremento de casos de cáncer y al nacimiento de niños con malformaciones. La falta de respuestas solo incrementa la incertidumbre familiar.
"En la tradición Amazónica, la mujer tiene un papel hegemónico; pero cuando la industria extractiva se instala en alguna zona, la gestión de recursos se altera, se prioriza el desempeño laboral de los hombres y se destruye el rol de la mujer", explica el antropólogo Willie Guevara*, que lleva estudiando la situación de las comunidades indígenas desde hace 30 años. El experto ha llamado a estos impactos: "pasivos subjetivos irremediables".
“A las mujeres indígenas les está costando reacomodarse a las nuevas relaciones productivas que traen estas actividades, dice la viceministra.”La creciente demanda de hidrocarburos impulsó en los últimos 15 años nuevas actividades de exploración y explotación de gas y petróleo en territorios habitados por alrededor de dos millones de indígenas. En la Amazonía que Perú, Colombia, Bolivia, Brasil y Ecuador comparten existen actualmente 81 lotes de hidrocarburos en explotación y otros 246 sobre los que hay interés para la extracción. Juntos ocupan 1,08 millones de kilómetros cuadrados: 15% de todo el territorio amazónico.
En el caso del Perú, el porcentaje de áreas lotizadas para la exploración y explotación alcanza el 60%. Se estima que el 80% de estas concesiones de hidrocarburos están superpuestas a tierras tituladas de comunidades indígenas, lo que ha generado conflictos sociales con la población local. En algunas regiones, como Loreto, afectadas por la contaminación de décadas de explotación petrolera (primero de parte de Oxy y luego por Pluspetrol Norte), han sido las mujeres indígenas las que de manera organizada han explicado sus quejas y demandas a los funcionarios de las Naciones Unidas. “Ellas han expresado que la contaminación les afecta en particular por los cambios ocasionados en la calidad y disponibilidad de agua y los efectos negativos sobre la salud de su familia”, señala el informe del 2014 del relator para pueblos indígenas, James Anaya.
La viceministra de Interculturalidad del Perú, Patricia Balbuena, reconoce esta situación y sostiene que para la mujer indígena el impacto de la industria extractiva es mayor. “A ellas les está costando reacomodarse a las nuevas relaciones productivas que traen estas actividades, y esto, finalmente, influye en las relaciones de género. Los hombres son contratados por las empresas y usan sus sueldos para adquirir bienes de consumo o de alimentos, entonces se desplaza a las mujeres de sus rutinas tradicionales, como el cultivo en las chacras”, dice la viceministra, abogada experta en temas de género, desarrollo y población.
El avance silencioso del VIH
El ingreso de nuevas actividades económicas en las comunidades indígenas que durante años permanecieron abandonadas por el Estado y aisladas del contacto con áreas urbanas, aceleró el intercambio comercial y la migración de sus habitantes hacia las ciudades, sobre todo de los hombres. Como resultado de estos nuevos procesos, a mediados de la década del 2000 se reportaron los primeros casos importados de VIH en población indígena amazónica. Aunque es difícil conocer el impacto cuantitativo a nivel regional (porque varios países no tienen las cifras desagregadas por pertenencia étnica), informes locales señalan que su prevalencia va en aumento.En las comunidades aledañas al proyecto Camisea, el primer caso de VIH reportado oficialmente data del 2010 y el 2015, según detalla la red de salud local, se identificaon 11 casos solo en mujeres de las comunidades nativas ubicadas dentro del área de influencia del proyecto gasífero. Mario Tavera, asesor del viceministerio de Salud Pública del Perú, opina que no se puede atribuir el incremento del VIH solo a la industria extractiva. “Hay una serie de factores adicionales, como la migración y el intercambio económico, que deberían ser tomados en cuenta en los estudios de impacto de todos los proyectos”, dice.
“A pesar de las millonarias regalías entregadas al Estado Peruano, las estadísticas revelan que la calidad de vida de la población indígena no ha mejorado.”Sin embargo, Carlos Torres Huarcaya, epidemiólogo de la zona de influencia de Camisea, explica que los casos son importados por “los jóvenes indígenas que han empezado a frecuentar centros de diversión nocturna instalados en otros poblados, atraídos por las grandes concentraciones de empleados y obreros desde el inicio de la explotación gasífera”. Para el especialista, uno de los graves problemas en este momento es el tamizaje. "No sabemos cuántos casos más podrían existir porque no hay un protocolo más amplio para identificarlos. Hasta ahora, la mayoría de casos corresponden a mujeres embarazadas que llegan al centro de salud como parte de sus controles", detalla Torres.
Las distancias geográficas y las malas condiciones de infraestructura de los puestos de salud dificultan un eficiente y oportuno diagnóstico. El jefe del programa indígena de la Defensoría del Pueblo, Daniel Sánchez, reconoce las debilidades del Estado: “El sistema de salud no está preparado para atender los casos de VIH en las poblaciones indígenas de la Amazonía. Se debería tener una estrategia específica, que considere intérpretes y una mayor presencia del Estado”. Hasta el año pasado solo cuatro pacientes recibían tratamiento antirretroviral, los otros lo habían abandonado.
Alcoholismo y violencia familiar
En las comunidades próximas al Proyecto Camisea la cerveza reemplazó al masato, la bebida tradicional de los pueblos indígenas en la selva cusqueña. Las cajas de cerveza se amontonan en los puertos fluviales y en las tiendas. Las improvisadas bodegas-cantinas las venden a cualquier hora del día. La red de salud local señala que, aunque no se ha hecho seguimiento a las enfermedades asociadas al alcoholismo, el consumo de cerveza se ha incrementado con los años.Los hombres ya no cazan, ni pescan, ni se dedican a la agricultura. La mayoría trabaja en actividades relacionadas al proyecto Camisea o a las obras de infraestructura impulsadas por la municipalidad distrital de Echarate. El ingreso de un sueldo modificó la economía familiar. Se pasa de una economía no monetaria a otra monetaria, con todos los impactos sociales que esto supone. En su investigación “Ideas de progreso en los trabajadores asalariados indígenas: el caso de los machiguengas y el Proyecto del Gas de Camisea", la socióloga Cynthia del Castillo confirma que este proceso ha trastocado la vida comunal indígena.
“Las tensiones que se observan a partir del testimonio de los entrevistados -dice la experta- tienen que ver con la apropiación de nuevas prácticas y actitudes a partir del ingreso monetario. Nos referimos al consumo desmedido de cerveza. El hecho de que no todos los entrevistados se mostraran dispuestos a conversar sobre esto, hizo visible la tensión y, paradójicamente, el consciente ocultamiento para hablar del tema”, sostiene la investigadora.
No existen estudios locales sobre violencia familiar y alcoholismo en poblaciones indígenas de la Amazonía, pero la mayoría de mujeres asocia el maltrato familiar al consumo de alcohol.
La viceministra Balbuena advierte con preocupación la ausencia de un seguimiento antropológico sobre el impacto de la industria extractiva. “No hay un dimensionamiento real acerca de este impacto a partir de la incorporación de economías monetarias en los sistemas tradicionales de género, y las rupturas que podrían generarse”, advierte Balbuena.
“Los Estudios de Impacto Ambiental deberían incorporar mayores indicadores sobre los impactos sociales.”¿Qué hacer, entonces? Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) deberían incorporar mayores indicadores sobre los impactos sociales. “El monitoreo de los proyectos extractivos incide mucho en el impacto a los recursos naturales y a la contaminación que podrían generar, pero no hace énfasis en el impacto social”, sostiene Óscar Espinosa.
La antropóloga Cynthia del Castillo insiste en la necesidad de “un estudio más profundo para tomar nota de las apreciaciones de las cónyuges en cuanto al ‘progreso’ que sus esposos dicen estar viviendo. La mirada desde el individuo que no sale de su comunidad, que se queda al cuidado del hogar, que apoya a su esposo en el negocio emprendido, que no tiene las mismas oportunidades que el cónyuge, puede variar en comparación a los ideales de vida del varón machiguenga”.
Estas nuevas relaciones, así como el impacto en la salud de las mujeres, son temas pendientes para entender la situación de las familias. Los expertos coinciden en la necesidad de revisar los Estudios de Impacto Ambiental y poner un mayor énfasis en los impactos socioculturales. Veinte días después del último derrame de petróleo, en Chiriaco (Amazonas), las mujeres no logran acceder a alimentos de calidad para sus hijos. "Las que pueden, compran pollo en las tiendas, pero las que no tienen dinero continúan comiendo el pescado de los ríos", dice Jania Danducho, de la comunidad de Nazareth, una de las más afectadas por el derrame del oleoducto administrado por PetroPeru y que desde 1996 ha registrado 33 derrames de barriles de petróleo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario