Sabino Romero, el ejemplo de la rebeldía

Por: Simón Rodríguez Porras*
“… la caída de un combatiente popular es más dolorosa que el derrumbamiento de todas las imágenes”
Víctor Valera Mora

A lo largo de más de treinta años de lucha por el derecho del pueblo Yukpa al territorio y al autogobierno, Sabino Romero había sobrevivido a varios atentados. Al salir de la cárcel, en marzo de 2011, sabía que continuaba en la mira de los enemigos de su pueblo, un poderoso entramado de ganaderos ligados a la MUD, militares, policías y burócratas rojos, pero en cada oportunidad que se presentara expresaba con tranquilidad y firmeza su convicción de luchar hasta la muerte.
Hijo de yukpas desplazados violentamente a las zonas altas de Perijá por los latifundistas a mediados del siglo XX, Sabino admiraba a Chávez y confiaba en sus intenciones, pero nunca se disciplinó al gobierno o al chavismo. Desde el año 2004, cuando fracasó la primera tentativa de demarcación territorial por parte del gobierno, se tornó evidente que para materializar el derecho al territorio ancestral consagrado en la Constitución, era indispensable la acción directa: ocupar las tierras indígenas invadidas por el latifundio ganadero. El gobierno, a través de las comisiones de demarcación, trató el problema territorial con un criterio agrario, valorando las exigencias del pueblo Yukpa como la aspiración de sustituir el latifundio ganadero por un “latifundio indígena”. El fundamento de esta política de Estado está en consideraciones de estrategia militar, tratándose de un territorio fronterizo con Colombia, y en el orden económico, por los intereses ganaderos y mineros en una región rica en yacimientos. La concepción estratégica corporativista del gobierno, así como sus compromisos con la burguesía nacional y las transnacionales mineras, siempre dejaron en un segundo o tercer plano la cuestión de los derechos democráticos de los pueblos indígenas. El discurso oficial ha logrado encubrir con cierto éxito esta cruda realidad.

Fueron muchos los emplazamientos hacia el gobierno, por medio de la movilización, para que honrara su compromiso con los indígenas de Perijá. Por ejemplo, el 31 de marzo del 2005, decenas de yukpa, barí y wayúu marcharon hasta las puertas del Palacio de Miraflores, acompañados de un nutrido grupo de activistas y simpatizantes de la causa indígena, luego de recorrer más de 800 kilómetros de carretera, para solicitar que el presidente Chávez los atendiera. No fue posible, el Presidente se encontraba reunido con el ex futbolista Diego Maradona, quien luego se declararía “enamorado” de la revolución bolivariana.

Luego de la reelección presidencial del 2006, la lucha entre los Yukpa y la santa alianza de ganaderos, militares y burócratas se intensificaría. La creación del Ministerio para los Asuntos Indígenas es una de las primeras acciones de gobierno de Chávez en el año 2007. Incapaz de imponer una demarcación insuficiente y rechazada por los Yukpa y los Barí, el gobierno se lanza con todo a la cooptación de la dirigencia indígena, procurando aislar a quienes no entraran en el redil. Son los tiempos de la creación del Psuv, una gran aplanadora política para uniformar a las heterogéneas bases chavistas. Con la creación de los centros piloto y los consejos comunales indígenas, la asignación de cargos en el nuevo ministerio, y el subsecuente condicionamiento de la asistencia social a la disciplina política, se tensa el músculo clientelar del Estado. En el período puntofijista, adecos y copeyanos nombraban a un comisario Yukpa para que fungiera como emisario gubernamental ante las comunidades. La ministra indígena Nicia Maldonado retoma esta práctica y va más allá, con el nombramiento de caciques mayores, carnetizados y bajo las órdenes del gobierno. El ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami, lanza el Plan Yukpa en 2008, con un presupuesto millonario para inversiones en infraestructura policial y militar en la zona y se logra cooptar a más indígenas para la política del gobierno de no demarcar los territorios. Esa orientación del gobierno toma ventaja de la miseria y la dependencia en la que se encuentra gran parte de un pueblo carente de territorio para desarrollar proyectos productivos autónomos. De igual forma, la burocracia saca provecho de las expectativas que la mayoría de los Yukpa depositan en el liderazgo de Chávez.

En respuesta a la ofensiva gubernamental, Sabino Romero encabeza entre enero y agosto de 2008 la ocupación de una decena de haciendas. Las represalias del paramilitarismo ganadero, con la complicidad y el apoyo de los militares, hostigan a las comunidades rebeldes. El padre de Sabino, José Manuel Romero, resulta gravemente herido el 7 de julio en un ataque cuyo objetivo era el propio Sabino, y fallece quince días después. El general Izquierdo Torres pasa a ponerse a la cabeza de una operación de cerco a los Yukpa, que culmina con la agresión de los militares a un grupo de activistas que se dirige a la zona desde Caracas en solidaridad con la lucha indígena. En medio del escándalo nacional por los heridos y detenidos, el presidente Chávez se pronuncia, asegurando que de escoger entre los ganaderos y los indígenas, se pone del lado de los indígenas. El ejercicio retórico no se tradujo en un giro en la política gubernamental, y meses después Izquierdo Torres fue premiado con su nombramiento en una plaza de mayor importancia en la ciudad de Maracaibo. La ministra Maldonado, quien ocuparía el cargo hasta mediados del año 2012, justificó la violencia contra los Yukpa alegando que la comunidad de Sabino actuaba al margen de la ley y era manipulada por “contrarrevolucionarios”. La muerte de José Manuel Romero quedó en la impunidad.

A medida que los Yukpa recuperaban tierras, la propaganda oficial y ganadera apuntaba cada vez más contra Sabino, acusándolo de guerrillero y ladrón de reses. Con las amenazas de represalias armadas lograron ir minando la unidad de los luchadores que habían recuperado tierras. A finales de agosto de 2009, treinta y seis comunidades Yukpa se movilizan y logran una espectacular victoria sobre el gobierno al expulsar a los militares de la Base de Custodia Militar del Tukuko, dando al traste con los planes de construir en el lugar una fortificación para proteger los intereses ganaderos y mineros.

El gobierno necesitaba escarmentar en Perijá luego de la humillación de sus militares. Se intensificó la campaña contra Sabino Romero, atribuyéndole responsabilidad por cualquier crimen cometido en la Sierra. El gobierno arreció sus ataques contra los aliados de los Yukpa, como la ONG Sociedad Homo et Natura, acusando a sus activistas de estar al servicio de intereses extranjeros y de propiciar hechos violentos y delictivos en las comunidades indígenas. Cuando los ministros de Interior y Justicia, Ambiente, y Pueblos Indígenas viajaron a Perijá para entregar tres cartas agrarias a las comunidades que no participaban de las tomas de haciendas y agitar a los Yukpa contra Sabino, el 12 de octubre, la situación se había enrarecido a tal punto que se advertía el peligro de un desenlace violento. Un grupo de hombres armados, encabezados por el mestizo Olegario Romero, quien había participado en la última campaña de recuperación de haciendas, armó una provocación contra Sabino y luego arremetió contra él y el grupo que lo acompañaba, la noche del 13 de octubre. Olegario había sido visto frecuentando el Fuerte Macoa los días anteriores al ataque en el que hirió de dos balazos en la espalda a Sabino y asesinó al yerno del cacique, Hebert Romero. En la refriega sufrieron heridas de bala Amarily, la hija de nueve años de Sabino, y su sobrino Edixon. En el grupo que acompañaba a Olegario murió Nireya y resultó herido Juan de Dios Castro, por disparos realizados en defensa propia por Samuel, hijo de Sabino, y Hebert, quien ya había sido herido mortalmente. Los hechos serían esclarecidos en el juicio indígena realizado en junio de 2011. Pero entre octubre de 2009 y marzo de 2011, estos hechos serían utilizados para convertir a Sabino Romero y Alexander Fernández, perseguidos en virtud de su compromiso con la lucha por el territorio, en los primeros presos políticos indígenas del gobierno de Hugo Chávez.

Duró más de veinticuatro horas herido y sin recibir asistencia médica, pero Sabino sobrevivió y fue trasladado al Hospital Coromoto de Maracaibo. El fracaso del atentado no detuvo la guerra sucia. Mientras se realizaba un violento allanamiento en la comunidad de Chaktapa y varias casas eran destruidas por los militares, un comando de la Guardia Nacional secuestraba al cacique y lo trasladaba al Hospital Militar. Al no contar con una orden judicial para detenerlo, los militares alegaron que Sabino era aislado por su propia seguridad. Luego de cinco días de secuestro ilegal, el montaje judicial estaba preparado y trasladaban a Sabino a instalaciones militares. Se le acusaba sin pruebas y mediante actas falsificadas de ser el autor material de los asesinatos. En su desesperación por fabricar testimonios contra Sabino, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) detiene a Alexander Fernández, un joven yukpa involucrado en la lucha por territorio. Dos efectivos lo torturan durante más de tres horas, golpeándolo y asfixiándolo con una bolsa plástica. Al negarse a testificar en contra de Sabino Romero, también se le arma un expediente y es acusado de homicidio.

Hasta agosto de 2010 los presos políticos estuvieron recluidos en el Fuerte Macoa. Los militares los obligaban a beber agua sucia, amenazaban a Sabino con montarlo en un helicóptero y lanzarlo desde el aire, maltrataban sexualmente y amenazaban a las hijas de Sabino y a su esposa cuando lo visitaban. En algún momento le ofrecen dejarlo escapar si paga dos millones de bolívares, pero Sabino sospecha que es un intento de aplicarle la ley de fuga y ejecutarlo. El Ministerio Público asigna a un fiscal racista para el caso, Américo Rodríguez, el mismo ejecutor de la criminalización de los pemones que se oponían a la construcción en su territorio de un tendido eléctrico hacia Brasil en el año 2001.

En vista de las maniobras de las autoridades para dilatar el juicio, un grupo Yukpa instaló en julio un campamento de protesta frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, para exigir una respuesta al recurso de amparo introducido a comienzos del año 2010. El recurso planteaba que los indígenas debían ser juzgados por sus propias comunidades, de acuerdo con sus usos y costumbres ancestrales, una reivindicación que el gobierno se negaba a admitir. Por apoyar la protesta, se le abriría posteriormente un juicio a las organizaciones Provea y Sociedad Homo et Natura. Pero la represalia más importante vino de la mano del magistrado Eladio Aponte, quien dictó una sentencia ordenando el traslado de los presos políticos a la cárcel de la ciudad andina de Trujillo, a más de trescientos kilómetros en carretera desde Machiques. Sabino y Alexander pasaron a sufrir los rigores del hacinamiento y la dinámica gangsteril propia de las cárceles venezolanas. Aponte, uno de los principales operadores judiciales del gobierno, huiría del país en el año 2012, por acusaciones relacionadas con narcotráfico.

Corrían las últimas semanas del año 2010 y ya Sabino Romero tenía más de un año preso junto con Alexander Fernández, cuando un compañero del partido y yo lo visitamos en la Cárcel Nacional de Trujillo. Sabino estaba de buen humor. Le llevamos un periódico en el que exigíamos su liberación y la del dirigente obrero Rubén González, quien llevaba casi la misma cantidad de tiempo preso, en su caso por haber encabezado una huelga en la empresa estatal Ferrominera del Orinoco. También le comentamos que Rubén, en una entrevista, se había solidarizado con él y había exigido su liberación. Desplegué una hoja que llevaba doblada en la cartera y apunté lo que comentó Sabino: “Yo digo que Rubén es un hombre luchador, yo quisiera que lo suelten, igual que yo, que me quieren callar la boca”. Sabino era optimista en relación con las protestas que se hacían en Trujillo y en Caracas por su liberación, y se mostraba orgulloso de los métodos de lucha por los cuales lo habían encerrado. “La demarcación, todavía no está hecho. Si no la hacen, hay que hacer autodemarcación… Los indígenas siguen luchando por su territorio y demarcación de tierras en la Sierra de Perijá. Que el gobierno deje de comprar a los indígenas, que el gobierno no manipule más a los indios, ¡ya basta!”. Al despedirnos, nos animaba a seguir en la pelea y que el caso se conociera nacional e internacionalmente. Parecía como si, en vez de nosotros, fuera él quien estuviera a punto de salir de la cárcel. Finalmente, en marzo, se conquistó el beneficio de continuar el juicio en libertad, luego de que un amplio movimiento de solidaridad realizó decenas de movilizaciones, denuncias, y una huelga de hambre. Estuvieron 17 meses presos por acusaciones que luego fueron desestimadas por los tribunales ordinarios y la propia justicia indígena. Una nueva derrota para el gobierno, particularmente para la ministra Nicia Maldonado, quien había hecho campaña a fondo para justificar el juicio y había acusado públicamente a Sabino de ser un asesino.

La pelea por la tierra continuó. También siguió intacta la poderosa alianza criminal contra los indígenas. En agosto de 2011, cinco yukpas fueron heridos en una hacienda ocupada en la comunidad de Toromo. En diciembre es asesinado Darío Segundo García, y dos hermanos de Alexander Fernández son heridos en el Parcelamiento Las Flores. En abril son asesinados Wilfrido y Lorenzo Romero. El 23 de junio de 2012, Leonel Romero, Alexander Fernández y su hermano José Luis son asesinados en Las Flores. Fabricándole coartadas a la canalla ganadera y militar, diarios regionales como La Verdad describían los asesinatos como ajustes de cuentas entre indígenas, acusando a Sabino Romero nuevamente de ser un “bandolero”, al peor estilo de la retórica antiguerrillera de los años 60. El 15 de octubre, apenas tres días después de la segunda reelección del presidente Chávez, en un ataque conjunto de militares y paramilitares, dos hijas de Sabino, Zenaida y Leticia, resultan heridas con disparos por la espalda. En diciembre, militares intentan asesinar a Franklin Fernández, hermano de Alexander. Ninguno de los crímenes contra el pueblo Yukpa es investigado por las autoridades.

Finalmente, el cerco se estrecha y sicarios dan muerte a Sabino el 3 de marzo de 2013. Como los Yukpa se han visto obligados a armarse para defenderse, y Sabino era famoso en la Sierra por su puntería y temeridad, la operación para asesinarlo fue sofisticada y debió requerir un financiamiento importante. Los sicarios fueron un efectivo del Grupo Anti Extorsión y Secuestro (Gaes) del estado Zulia, y cinco efectivos de la Policía de Machiques, cuerpo represivo adscrito a la alcaldía encabezada por Vidal Prieto, del Psuv. Luego de asestarle seis disparos al cacique y herir en un brazo a su esposa, Lucía, los criminales se dieron a la fuga. Una cortina militar les cubría la retaguardia, y los hijos de Sabino que intentaron perseguirlos se vieron ellos mismos capturados en una alcabala. Los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los amarraron y trituraron una de sus motos con un carro Tiuna. Al cumplirse un año del crimen, los presuntos autores materiales se encuentran detenidos, no así los ganaderos que habrían concebido y financiado la acción, tampoco los militares que cooperaron con los asesinos. Uno de estos ganaderos, José Peña, habría aprovechado para huir a los EEUU.

El 8 de abril, cuatro semanas después del asesinato, asistíamos al nombramiento de Sabino Romero (hijo) como nuevo cacique del recién creado centro originario de Chaktapa. La actividad se realizaba bajo el patio techado de una de las casas de la comunidad y era custodiada por una decena de funcionarios de la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Una funcionaria de ese cuerpo comentó, sin disimular una amplia sonrisa: “se rindieron, entraron en el carril”. Sin duda abrigaba expectativas de que con la creación del centro originario, figura análoga a los centros piloto, la comunidad de Chaktapa claudicaría en materia de territorio, a cambio de asistencia social y créditos. Luego de concluir el acto conversé con Carmen Fernández, la madre de Alexander y José Luis, víctimas del sicariato y la impunidad impuesta por el gobierno, pero su discurso no era el de la resignación: “Nosotros estamos buscando justicia, hay ocho muertos y no se ha hecho justicia. Estamos caminando, estamos en la lucha como siempre cuando estaba Sabino, ahora estamos con Sabinito, luchando todavía por la demarcación… Eso lo ha dejado el difunto Sabino, como él decía, el día que yo me vaya de todo, luchen esto, no lo dejen así, él siempre lo decía”. Mientras preparaban el regreso para Machiques, dos funcionarios del Sebin cantaban canciones de Alí Primera, acompañándose con un cuatro. En una choza se repartían medicinas como parte de un operativo, y en un espacio abierto colgaban dos piñatas, una con la forma de una botella de Cointreau. No es casual la escogencia de esa curiosa donación por parte del Sebin: el alcoholismo hace mella entre los Yukpa.

En enero de este año, otro hijo de Sabino, Silverio, resultó herido en un ataque del sicariato. El gobierno no honra su vieja promesa de pagar las bienhechurías de las haciendas ocupadas por los Yukpa, y al garantizar la impunidad de cada ataque, alienta nuevos crímenes. Tampoco cesan las agresiones de los militares, quienes hacen llave con los ganaderos. El 19 de febrero, los uniformados atacaron la comunidad de Kuse y casi matan a golpes a un menor de edad, hijo de Carmen Fernández; un día después los militares detuvieron a Leandro Romero, hermano de Sabino, y durante la operación un ganadero llamado Alfredo Socorro lo amenazó de muerte y le colocó una pistola en la cabeza. El Estado burgués venezolano muestra su faz más brutal contra los indígenas, los campesinos y los trabajadores.

La historia del período que arranca con la gran rebelión de El Caracazo es una gran madeja de resistencias, derrotas y triunfos, cuyo protagonista no es un timonel iluminado, como indica la narración oficial, sino un sujeto colectivo: miles de luchadores poco conocidos fuera de sus localidades o sectores. A cada vuelta de tuerca de los mecanismos de dominación política y económica, ha respondido una nueva oleada de resistencia, y aunque muchos se han quedado en el camino, molidos por la maquinaria clientelar, las luchas han seguido, como una pulsión revolucionaria que se niega a morir por más que la intente sofocar un régimen político en el que coexisten los viejos puntofijistas y sus derivados, con los militares y la burguesía roja, sectores enfrentados por el control del Estado y la cuantiosa renta petrolera, pero unidos por intereses comunes si de aplastar a los de abajo se trata.

En esa historia ha habido luchadores a los que solo han podido callar con balas. Argenis Vásquez, dirigente obrero de la Toyota asesinado por las mafias del tráfico de automóviles ligadas al Psuv; Richard Gallardo, Luis Hernández, Carlos Requena, Luis Delgado, Jerry Díaz, Esdras Vásquez y Ramiro Ponce, dirigentes sindicales de la Unete-Aragua y C-cura, asesinados por las mafias sindicales del gobierno; Nelson López, dirigente campesino asesinado por los enemigos de la reforma agraria. Ellos, junto con Sabino Romero, Alexander Fernández, y muchos más, forman parte de una memoria que habrá que ir reconstruyendo, armándola de a retazos, para que no se pierda, para que su ejemplo siga alumbrando la posibilidad de una verdadera revolución socialista. La lucha mantiene a los Yukpa caminando, como ha dicho Carmen Fernández, por el derecho a un territorio sin ganaderos, militares ni transnacionales mineras; por justicia para los Yukpa heridos y asesinados por militares y paramilitares. Algún día, Sabino seremos bastantes, y no nos podrán comprar con su Estado corruptor, ilusionar con líderes mesiánicos, ni amedrentar con militares o sicarios.

* Simón Rodríguez Porras es militante del Partido Socialismo y Libertad (PSL).