- El 19 de abril, en el marco de las Jornadas Nacionales
de Lucha Campesina Indígena Convocada por el Movimiento Nacional
Campesino Indígena, junto a otras organizaciones del sector, la Unión de
Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) se movilizó en Mendoza. Se
entrevistó con diferentes autoridades provinciales. A continuación los
compromisos asumidos:
Delegaciones campesinas indígenas de la zona Sur, del Valle de Uco, de las zona Este y Norte llegaron desde el campo profundo para sumarse a los reclamos. El 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina y la Vía Campesina Moviliza en los 5 continentes bajo el Lema Defender La Tierra y Honrar la Vida, además el 19 de abril es el día de los Pueblos Originarios. Así es que confluyen dos fechas tan importantes en reclamos comunes.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena movilizó en más de diez provincias, denunciando que las medidas económicas del Gobierno Nacional benefician a los sectores concentrados, los agro-negocios y exportadores, con graves consecuencias en el mercado interno y hacia la agricultura campesina y familiar, la dirección de las políticas ejecutadas subordina nuestra economía al capital financiero y amenaza con nuevos desalojos campesinos, más agro-tóxicos y menos alimentos sanos para los trabajadores.
Por otro lado la concentración de la cadena agro-alimentaria es la principal causa del aumento sostenido e injustificado de los precios de los alimentos. A lo que se suma el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, seguido de la falta de diálogo del Ministerio de Agroindustrias con las organizaciones del sector.
"Las organizaciones campesinas demandamos declarar la emergencia del sector, reglamentar la Ley de Agricultura Familiar, instrumentar un programa de suspensión de desalojos y de regularización de la tierra para garantizar la permanencia de las familias en el campo, con programas de apoyo a la producción y la educación rural, que garanticen trabajo y salario digno para el campesinado", señala una nota de de la página web de Biodiversidad en América.
En Mendoza, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) fuimos atendidos por el bloque de senadores del FPV y la Vicegobernadora Laura Montero, quienes se comprometieron al trabajo parlamentario en pos de adherir a la Ley de Agricultura Familiar y actualizar las leyes para el sector. Posteriormente fuimos recibidos por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con la presencia de todos los bloques, donde se comprometieron en el mismo sentido que los representantes del senado.
Se realizó un escrache a la Sede provincial de la Secretaria de Agricultura Familiar de la Nación desde donde se envió un mensaje de repudio a Ricardo Buryaile, Ministro de Agroindustrias. También tuvo lugar un escrache al Poder Judicial de la provincia, exigiendo imparcialidad en la justicia y basta de criminalización a los campesinos indígenas que defienden su tierra.
"En la Casa de Gobierno fuimos recibidos por una comitiva en representación del Gobernador, presidida por Alfredo Aciar, Secretario de Agricultura, en la que participaron funcionarios de los ministerios involucrados en los reclamos", indica también el reporte.
El compromiso fue conformar una Mesa de Diálogo con el sector para trabajar y resolver las demandas, con la premisa de avanzar en la resolución y regularización de la tierra, gestionando recursos para las mensuras comunitarias, y avanzando en proyectos de infraestructura comunitaria y productiva. Estudiar la propuesta de disposiciones diferenciadas para facilitar a la agricultura familiar los trámites ganaderos y de guías para animales y cueros caprinos.
También en destrabar la Tecnicatura con régimen de alternancia para campesinos, que fuera aprobada en 2015 y que hasta el día de hoy había sido congelada.
Otro grupo de compañeros y compañeras fue recibido por la Subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández, quién se comprometió a trabajar sobre el tema de las compras públicas a la agricultura familiar, y el financiamiento de emprendimientos productivos autogestionados.
La UST contó con la adhesión y solidaridad de organizaciones sindicales y políticas de la provincia, así como la participación de diversas organizaciones y asociaciones rurales campesinas e indígenas.
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Delegaciones campesinas indígenas de la zona Sur, del Valle de Uco, de las zona Este y Norte llegaron desde el campo profundo para sumarse a los reclamos. El 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina y la Vía Campesina Moviliza en los 5 continentes bajo el Lema Defender La Tierra y Honrar la Vida, además el 19 de abril es el día de los Pueblos Originarios. Así es que confluyen dos fechas tan importantes en reclamos comunes.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena movilizó en más de diez provincias, denunciando que las medidas económicas del Gobierno Nacional benefician a los sectores concentrados, los agro-negocios y exportadores, con graves consecuencias en el mercado interno y hacia la agricultura campesina y familiar, la dirección de las políticas ejecutadas subordina nuestra economía al capital financiero y amenaza con nuevos desalojos campesinos, más agro-tóxicos y menos alimentos sanos para los trabajadores.
Por otro lado la concentración de la cadena agro-alimentaria es la principal causa del aumento sostenido e injustificado de los precios de los alimentos. A lo que se suma el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, seguido de la falta de diálogo del Ministerio de Agroindustrias con las organizaciones del sector.
"Las organizaciones campesinas demandamos declarar la emergencia del sector, reglamentar la Ley de Agricultura Familiar, instrumentar un programa de suspensión de desalojos y de regularización de la tierra para garantizar la permanencia de las familias en el campo, con programas de apoyo a la producción y la educación rural, que garanticen trabajo y salario digno para el campesinado", señala una nota de de la página web de Biodiversidad en América.
En Mendoza, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) fuimos atendidos por el bloque de senadores del FPV y la Vicegobernadora Laura Montero, quienes se comprometieron al trabajo parlamentario en pos de adherir a la Ley de Agricultura Familiar y actualizar las leyes para el sector. Posteriormente fuimos recibidos por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con la presencia de todos los bloques, donde se comprometieron en el mismo sentido que los representantes del senado.
Se realizó un escrache a la Sede provincial de la Secretaria de Agricultura Familiar de la Nación desde donde se envió un mensaje de repudio a Ricardo Buryaile, Ministro de Agroindustrias. También tuvo lugar un escrache al Poder Judicial de la provincia, exigiendo imparcialidad en la justicia y basta de criminalización a los campesinos indígenas que defienden su tierra.
"En la Casa de Gobierno fuimos recibidos por una comitiva en representación del Gobernador, presidida por Alfredo Aciar, Secretario de Agricultura, en la que participaron funcionarios de los ministerios involucrados en los reclamos", indica también el reporte.
El compromiso fue conformar una Mesa de Diálogo con el sector para trabajar y resolver las demandas, con la premisa de avanzar en la resolución y regularización de la tierra, gestionando recursos para las mensuras comunitarias, y avanzando en proyectos de infraestructura comunitaria y productiva. Estudiar la propuesta de disposiciones diferenciadas para facilitar a la agricultura familiar los trámites ganaderos y de guías para animales y cueros caprinos.
También en destrabar la Tecnicatura con régimen de alternancia para campesinos, que fuera aprobada en 2015 y que hasta el día de hoy había sido congelada.
Otro grupo de compañeros y compañeras fue recibido por la Subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández, quién se comprometió a trabajar sobre el tema de las compras públicas a la agricultura familiar, y el financiamiento de emprendimientos productivos autogestionados.
La UST contó con la adhesión y solidaridad de organizaciones sindicales y políticas de la provincia, así como la participación de diversas organizaciones y asociaciones rurales campesinas e indígenas.
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