Imagen: Cuartoscuro
Por Iván HerreraServindi.- Indígenas otomíes de la comunidad de Xochicuautla, en el Estado de México, demandaron al Gobierno Federal, Estatal y al grupo empresarial Higa por la violación de los derechos de 20 niños afectados a causa del conflicto originado por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
El jueves 1 de septiembre presentaron una medida legal dirigida al Poder Judicial Federal que fue firmada por al menos veinte niños otomíes, donde exigen detener la construcción de la referida vía por los daños psicológicos que el conflicto ha ocasionado en los menores.
Asimismo, exigen una indemnización para los niños a causa de casi una década de hostigamiento policial a sus familias.
Daño psicológico
El representante de la comunidad, José Luis Fernández Flores, indicó que las agresiones que han sufrido los pobladores en el marco del conflicto por la carretera han afectado psicológicamente al menos a trescientos niños."Ven policías o una patrulla cerca de la escuela y se esconden, empiezan a temblar (…) el problema siempre han sido los policías, la forma en cómo hemos sido sitiados, la forma en que se han violado los derechos humanos en la comunidad", declaró Fernández al diario El Sol de Toluca.
La comunidad de Xochicuautla es asesorada por la organización ambientalista Defensores de la Tierra (Earth Defenders), con sede en Estados Unidos.
Su directora ejecutiva, Priscila Rodríguez Bribiesca, indicó a la prensa que la situación de violencia en las comunidades a causa de la construcción de la carretera se remonta a casi una década atrás.
“… han entrado ilegalmente, violentamente al territorio de la población indígena, sin importarles los niños, les han pegado, han amenazado a sus familiares, han detenido a padres de familia y han aterrorizado a la población en general", afirmó.
Refirió que, entre otros efectos del conflicto, los niños padecen de pérdida del apetito, disminución del rendimiento escolar y sueño a temprana hora para evadir a realidad.
Explicó que el caso está sujeto a la normativa internacional de los Derechos de los Niño, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que el recurso legal presentado sentaría un precedente hacia casos similares de vulneración de derechos.
Rodriguez perecisó que, entre otras personas, la demanda judicial incluye al presidente de la República Enrique Peña Nieto y a su amigo Juan Armando Hinojosa, propietario del Grupo Higa, al cual fue concesionada la construcción y manejo de la carretera.
El proyecto vial
La construcción de la carretera Naucalpan-Toluca, que conectará la zona residencial de Santa Fe con el aeropuerto internacional de Toluca fue proyectada en la gubernatura del hoy presidente Peña Nieto.El proyecto demandará una inversión de 5,110 millones de pesos y beneficiaría a 7 mil 400 vehículos diariamente.
A pesar de que se anunció que sería de propiedad estatal, la vía fue dada en concesión a la empresa Autopistas de Vanguardia SA, que se beneficiará de las ganancias generadas por la carretera durante los primeros 30 años siguientes a su inauguración.
Los indígenas otomíes se oponen la obra porque afectará sitios sagrados asi como por el impacto ecológico que tendrá en el denominado Bosque de Agua, área natural protegida que está siendo afectada por el proyecto.
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