Por: Rony Morales
A través de una audiencia de vista
pública, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC)
conocieron a las diez de la mañana un recurso de inconstitucionalidad
solicitado por autoridades ancestrales, miembros de la Red Nacional por
la Defensa de la Soberanía Alimentaria (RedSag) y miembros de la
Asociación de los Abogados Mayas
La fiscalía de asuntos constitucionales
del Ministerio Público (MP), el diputado Amílcar Pop y el señor Tomás
Saloj, en representación de las autoridades ancestrales de los cuatro
puntos cardinales coincidieron hoy en la vista pública de la Corte de
Constitucionalidad en solicitar que se declare con lugar la
inconstitucionalidad y que se expulse el protocolo de Nagoya del
ordenamiento jurídico de Guatemala. Dicho protocolo trata sobre la
participación de los beneficios del uso de la biodiversidad.
La solicitud se realizó por vicio de
procedimiento, al no llegar a las dos terceras partes del número de
diputados que establece la ley para que se aprobara “de urgencia
nacional”. Adicionalmente las autoridades ancestrales consideraron que
el protocolo promueve el despojo, la privatización y el uso lucrativo de
los conocimientos ancestrales.
A la Corte de Constitucionalidad, quieren
expresarle claramente que no es una revisión por malos mecanismos de
aprobación, sino una expulsión de manera definitiva del orden jurídico
al decreto en referencia y por ende el protocolo como tal.
En varias reuniones y asambleas,
autoridades indígenas de la zona norte, oriente y occidente del país no
estuvieron de acuerdo con los Organismos Vivos Modificados (OVM)
Varias autoridades indígenas mostraron su
preocupación por que las semillas se privaticen exigieron respetar las
formas de organización indígena y a sus autoridades ancestrales para la
defensa de la biodiversidad, recursos genéticos (semillas nativas) y los
conocimientos ancestrales que deriven de su utilización.
Además hicieron un llamado a los
organismos nacionales e internacionales a pronunciarse ante esta
situación y exigir que el Organismo Ejecutivo asuma su responsabilidad
de investigar y castigar a los responsables de poner en practica estos
tratados sin consultarles a los pueblos indígenas. Que el Gobierno
indemnice a las familias afectadas por este desastre ecológico que
vulnera el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria de las
familias indígenas y campesinas de la región, de la agroecología y la
agricultura ancestral ante los desastres ecológicos provocados por los
agrotóxicos y los insumos agrícolas.
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