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| Fuerza
pública y autoridades cruzadas de brazos frente a las agresiones a
indígenas. En la imagen indígena alcanzado por disparo en la cabeza |
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Servindi.- Un tenso escenario de violencia se vive en en el estado de Mato Grosso do Sul en el marco de un conflicto de tierras entre indígenas de la etnia guaraní kaiowá y hacendados, en el municipio de Antônio João, ubicado en la frontera con Paraguay.
El sábado 29 de agosto un grupo armado al servicio de los hacendados abatió de un tiro de bala en la cabeza a Simião Vilhalva, hermano de un líder guaraní.
La agresión se efectuó en un ataque destinado a recuperar la hacienda Primavera ocupada por los indígenas hace una semana, informó el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), entidad ligada a la Iglesia católica.
La mediación de funcionarios de la Fundación Nacional del Indio (Funai), del Ministerio de Justicia y de la Policía resultó infructuosa para detener el ataque sobre la finca que los guaraní kaiowá denominan Ñanderu Marangatu y reivindican como tierra sagrada de sus antepasados.
La propiedad de las tierras en disputa alcanza un área de 9.500 hectáreas y el litigio legal se encuentra en manos del Tribunal Supremo desde hace diez años.
Según el Cimi la muerte de Vilhalva “tiene relación con la decisión
del gobierno de Dilma Rousseff de paralizar” los procedimientos de
protección de nuevas tierras indígenas y con la lentitud del Tribunal
Supremo para juzgar el caso de la tierra Ñanderu Marangatu.
Lo preocupante es la inacción del estado brasileño que fue debidamente informado sobre la situación.
Mediante
el Oficio 414/2015-P la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la
Cámara, informó con carácter de urgencia a José Eduardo Cardoso,
ministro de Justicia, la gravedad del conflicto.
El
diputado Paulo Pimenta, presidente de la Comisión, enfatizó que la
situación que se vive en Mato Grosso do Sul es “el caso más grave de
violaciónes de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil”.
Además,
insistió en que existen responsabilidades del Ministro de Justicia en
la demarcación de las tierras indígenas y la seguridad pública.
El hecho de violencia que desencadenó en la muerte de un indígena también fue advertido por líderes locales del Movimiento Sin Tierra y trabajadores de la FUNAI.
Además,
diversos medios de información local informaron en sus ediciones
previas acerca de las amenazas y riesgos de violencia de los hacendados
quienen anunciaron la movilización de más de 100 campesinos armados y
con chaleco antibalas para recuperar su hacienda a vista y paciencia de
la fuerza pública local.
Lo
real y concreto es que las autoridades se encuentran cruzadas de brazos
frente a las acciones de agresión contra los indígenas aún cuando son
advertidas de inmimentes agresiones que dan como resultado la muerte de
líderes de los pueblos indígenas.
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