Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE
Desde que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE anunció el levantamiento, acción que se junta al paro nacional del 13 de agosto propuesto por distintas organizaciones sociales, de trabajadores y populares, que inició el 2 de agosto con la “Marcha por la dignidad, la democracia y contra el extractivismo”, todos los sectores políticos, incluido el gobierno, se agitaron y tomaron posiciones. Cada uno trata de aprovechar las acciones del movimiento indígena para sus propios fines. Pero las voces de nuestros dirigentes y nuestras organizaciones de base han sido firmes y claras al declarar cuales son las razones y los objetivos del levantamiento.
Desde que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE anunció el levantamiento, acción que se junta al paro nacional del 13 de agosto propuesto por distintas organizaciones sociales, de trabajadores y populares, que inició el 2 de agosto con la “Marcha por la dignidad, la democracia y contra el extractivismo”, todos los sectores políticos, incluido el gobierno, se agitaron y tomaron posiciones. Cada uno trata de aprovechar las acciones del movimiento indígena para sus propios fines. Pero las voces de nuestros dirigentes y nuestras organizaciones de base han sido firmes y claras al declarar cuales son las razones y los objetivos del levantamiento.
La sociedad ecuatoriana está reaccionando, y no es reciente. Correa y
Alianza País llegaron al gobierno ofreciendo una revolución, pero lo que
han construido es un ropaje engañoso para encubrir un nuevo sistema de
dominio y de opresión para favorecer a las grandes empresas y a los
nuevos empresarios en perspectiva de una violenta modernización del
capital. Los grandes grupos económicos han obtenido en estos ocho años
mayores ganancias que en la época neoliberal; la riqueza sigue
concentrada en pocas manos; la economía ecuatoriana sigue dependiendo de
los vaivenes del precio del petróleo; se han puesto aún más trabas para
el desarrollo de las economías familiares, populares, campesinas y
comunitarias; los impuestos y los trámites agobian las economías
populares. La tierra y el agua siguen concentradas en pocas manos; el
Estado se ha apoderado de la educación intercultural bilingüe para
menoscabarla y volverla dócil a sus intereses. La democracia ha sido
lesionada por el autoritarismo y la represión: el gobierno criminaliza
la protesta social y persigue a los dirigentes y los luchadores
sociales; divide las organizaciones; atrae dirigentes ofreciéndoles
puestos en el Estado; todos los sábados hay que escuchar ataques en
contra de las organizaciones y de la lucha social; el despilfarro del
dinero de los ecuatorianos ha alcanzado cifras inauditas y la corrupción
campea.
Como ha sido costumbre en estos ocho años de gobierno de Alianza País
las reacciones del régimen han sido el insulto, la descalificación, la
amenaza. Como intento para frenar estas jornadas de lucha, se anunció la
convocatoria oficial de un diálogo nacional “por el país que queremos”.
En todos estos años las organizaciones sociales, y el movimiento
indígena en particular, nos hemos cansado en pedir diálogo, hemos
enviado constantemente propuestas a la Asamblea Nacional; participamos
en consultas pre legislativas, solo nos escucharon pero no tuvieron la
sensatez democrática de recoger nuestras propuestas. Por eso rechazamos
la propaganda oficial de que no tenemos propuestas y declaramos que el
gobierno ha cerrado toda posibilidad de diálogo democrático, hoy no
están dadas las condiciones.
Con la misma energía rechazamos la burda acusación del gobierno de que
estamos haciéndole el juego a la derecha, de que nuestras movilizaciones
están siendo financiadas por estos sectores e incluso desde el
extranjero. Ante la falta de argumentos el camino más fácil es la
deslegitimación y las acusaciones temerarias y sin fundamento. Nuestra
lucha, tanto hoy como a lo largo de la historia, ha sido y es en contra
de los grupos de poder económico y político; nuestra lucha ataca por
igual a las derechas representadas por Álvaro Noboa, Jaime Nebot,
Mauricio Rodas, los hermanos Alvarado, los Eljuri, Nataly Cely, Alexis
Mera, etc. Nuestra crítica al actual gobierno es justamente porque las
políticas estatales han estado destinadas a beneficiar a las grandes
empresas y que al pueblo apenas le ha llegado una pequeña parte de la
gran bonanza petrolera, ya sea en servicios públicos básicos,
infraestructura, siendo esto es un derecho humano básico y no una dádiva
del presidente. Pero en los mercados los precios de los alimentos e
insumos para la vida han subido sistemáticamente; sumado a esto la
subida de la luz y de los pasajes, con mínimos incrementos del sueldo
básico, han ido acorralando la economía familiar.
Los afectados del modelo correísta somos la mayoría de ecuatorianos;
entendemos que la unidad con los sectores populares: trabajadores,
estudiantes, ambientalistas, organizaciones de mujeres es fundamental.
Este proceso de unidad se ha venido fortaleciendo en los últimos meses y
conjuntamente impulsamos importantes jornadas de lucha y hemos
construido una plataforma conjunta. Es en este marco que también hacemos
estas nuevas jornadas de movilización.
La marcha, el levantamiento indígena y el paro expresan la recuperación
de la dignidad; los pueblos levantamos nuestra propia voz. Los objetivos
por los que continuamos en la lucha son:
1. El archivo del proyecto de enmiendas constitucionales por ser
inconstitucional, por atentar contra la democracia, la
plurinacionalidad y los derechos de los trabajadores.
2. Derogatoria del Decreto 16 por ser inconstitucional, destruye la
autonomía de las organizaciones sociales y afecta los derechos
colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades.
3. Exigimos el respeto pleno por parte del Estado al ejercicio de los
derechos colectivos en distintos ámbitos como la educación, la salud, la
gestión del agua y de nuestros territorios como una manera concreta y
legitima de construir la plurinacionalidad, de acuerdo a lo que manda la
Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, exigimos el
restablecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la
reapertura de la Universidad Amawtay Wasi. Exigimos el fortalecimiento
de los modelos de educación comunitaria, nos oponemos rotundamente el
cierre de las escuelas comunitarias. Nuestra defensa no es de la
infraestructura en su situación actual, defendemos un modelo pedagógico y
de generación de conocimientos y saberes acorde con la realidad
cultural y local.
4. Por el libre ingreso a las universidades. Los exámenes de ingreso y
demás trabas administrativas y burocráticas no ha mejorado la educación
superior, lo único que está provocando es la elitización de la
educación; los principales afectados son las y los jóvenes de los
sectores rurales, particularmente de los pueblos y nacionalidades
indígenas.
5. Exigimos el inicio urgente de un real proceso de desprivatización y
redistribución del agua, el fortalecimiento de los sistemas comunitarios
de administración de los recursos hídricos. La actual Ley de Aguas no
soluciona estas cuestiones estructurales, menos aún su Reglamento, que
va en contra de la Constitución y los derechos colectivos, por eso
demandamos su inmediata derogatoria.
6. Exigimos que se dé inició a un proceso de reforma agraria, con base
en la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la pequeña y mediana
producción, que promueva la democratización del régimen de tenencia de
la tierra, del control y desacaparamiento del mercado, de los recursos
naturales, principalmente el agua, se fortalezcan los sistemas
comunitarios de tenencia de la tierra, de producción, de acceso al
mercado y de administración territorial. El proyecto de Ley de tierras y
territorios que está para segundo debate no cumple con estos objetivos,
por lo tanto exigimos su archivo.
7. Rechazamos el alto costo de la vida, la subida de las tarifas de la
luz eléctrica y el alto costo de los pasajes. Rechazamos la imposición
de las cocinas de inducción como condición para el cambio de matriz
energética. Además de ser una medida forzada, tal cual está concebido
solo beneficia a dos empresas vinculadas al gobierno a costa de los
bolsillos de los usuarios y de dineros públicos. Rechazamos también
medidas antipopulares como agro calidad que pone condiciones de
producción y comercialización que perjudican a las pequeñas economías
familiares y comunitaria, y que en última instancia beneficia a las
empresas agroindustriales.
8. Exigimos la no firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión
Europea, porque afecta de manera directa a la pequeña y mediana
producción agropecuaria, se mercantiliza la propiedad intelectual
colectiva y comunitaria.
9. Alto al modelo extractivista y a los proyectos de mega minería, por
atentar contra la vida, los derechos territoriales de comunas, pueblos y
nacionalidades, y los derechos de la naturaleza. Exigimos el cese de la
persecución a los dirigentes sociales y el archivo de todos los
procesos judiciales en su contra.
10. Derogatoria de la “ley de justicia laboral” y de los decretos anti
obreros 1701 225 y 813 por atentar contra los derechos de los
trabajadores. Demandamos también nuevo Código de trabajo en armonía con
la normativa internacional del trabajo, la devolución del Fondo del
Magisterio a sus legales y legítimos administradores. La reintegración
de la obligatoriedad del Estado a aportar con el 45% de las pensiones
jubilares.
Estas son las razones de nuestra lucha y del levantamiento del 10 de
agosto, en unidad con el paro nacional de los trabajadores del 13 de
agosto en el que participaremos activamente. El gobierno en lugar de
acusarnos de tirapiedras, golpistas y de que estamos haciéndole juego a
la derecha, debería, de manera democrática y sensata, dar respuestas
urgentes ya que beneficia a la mayoría de la sociedad ecuatoriana.
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