Foto: Javier Dueñas
Mientras todos están enfocados en quién operará el Lote 192,
las comunidades indígenas de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y
Marañón continúan esperando que se le cancele una deuda histórica desde
el Estado. Sobre cómo se deben fijar las reparaciones ambientales y la
indemnización con los pueblos nativos.Por José Carlos Díaz Zanelli
Servindi.- Con los reflectores concentrados en quién se quedará con la producción del Lote 192, pocos han reparado en la demanda de las comunidades indígenas afectadas por la extracción petrolera. Son cuatro cuencas las involucradas (Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón) y al parecer en el sector urbano hay poca claridad respecto a su demanda.
Las demandas de las federaciones de las cuatro cuencas se concentran en la titulación de las tierras, remediación ambiental, reparación por los pasivos de 40 años de extracción petrolera y pago por el uso de tierras.
Pero no es un antojo de los pueblos nativos estas exigencias hacia el Estado.
Las razones
Un informe del Instituto de Defensa Legal (IDL) sobre los hechos ocurridos en el Lote 192 da cuenta de que la negligente manera como operaron sus concesionarios –generando daños ambientales irreparables– constituye una violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas, amparados en el Convenio 169 de la OIT.Ante esto, IDL explica que el Estado tiene la obligación de “prevenir, investigar, sancionar y reparar” las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.
Para efectos puntuales de la reparación, citando un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se señala que esto consiste en la “restitución, indemnización y rehabilitación” de las víctimas. En este caso todas y cada una de las comunidades de las cuencas ubicadas en el área de influencia del Lote 192.
Sobre el monto del pago por indemnización y valores de tierra, la Convención Americana de Derechos Humanos, habla de establecer un pago justo. Criterio que se condice con lo sugerido por la Comisión de Pueblos Andinos en su informe del periodo 2012-2013 en el que el territorio indígena debía ser cotizado aceptando el “valor intrínseco” y no el comercial que proponía el Ejecutivo.
Postura política
En el Ejecutivo continúan la mesa de diálogo, luego del fracaso de sus declaratorias de emergencia. Por el momento, la única medida que se ha realizado fue el bono que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), bajo el mando de Ana Jara, emitió para las cuatro cuencas.Como se recuerda, en marzo de este año, se emitió un decreto que creaba un fondo de S/. 50 millones de soles para remediación ambiental en beneficio de las comunidades indígenas. Sin embargo, esta fue una medida apresurada del Ejecutivo para calmar las protestas que se venían realizando en la planta de tratamiento de Pluspetrol.
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